La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) felicitó a Colombia por los avances logrados en materia de gestión del riesgo de desastres, sin embargo, el país sigue teniendo retos importantes en incorporar esta variante en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y, sobre todo, en implementar la gestión del riesgo en los territorios.

La capital caldense es resalta internacionalmente por la manera eficiente de incorporar la gestión del riesgo en el desarrollo de su territorio, haciendo estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, que implican conocimiento técnico y científico.

En el marco de las elecciones presidenciales, este 2018 será un año de desafíos para el país, entre otras cosas, por los ajustes institucionales y normativos vinculados al contexto del posconflicto. Este panorama nos plantea retos importantes en materia económica, social y de ordenamiento territorial.

La posibilidad de incluir una dinámica minero energética en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) surge del propio Ministerio de Minas y Energía, que considera que esta actividad impulsa el desarrollo económico del país. Sin embargo, los académicos aseguran que esto no les conviene a los territorios en términos de sostenibilidad ambiental y social.   

Mientras la Constitución Nacional determina que las autoridades municipales, a través del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), pueden determinar las zonas de minería; en el Código Minero se consigna que solo las autoridades mineras y ambientales son las indicadas para hacerlo.

Lograr que la población ocupe los territorios de manera digna y disminuyan las desigualdades sociales son  aspectos que Colombia puede mejorar si realiza una política seria de ordenamiento territorial.