Sobre esto debatieron los profesores Yency Contreras Ortíz y Fernando Viviescas Monsalve, en diálogo con el director del Instituto de Estudios Urbanos (IEU) de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), Carlos Alberto Patiño Villa, en el programa Observatorio de Gobierno Urbano, en el que concluyeron que Colombia está atrasada en asumir el ordenamiento territorial como un tema estratégico, que vaya más allá de ideologías políticas. Se trata de un asunto necesario, soportado en el diálogo nacional para construir una sociedad moderna, diversa, incluyente y con condiciones de desarrollo.

La profesora Contreras, doctora en Estudios Urbanos y Ambientales, manifestó que el ordenamiento territorial es fundamental y debe ser prioritario no solo en el marco del crecimiento de las áreas urbanas que está viviendo el mundo entero sino también en la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, al ser un tema que integra distintas dimensiones de los problemas territoriales del país.

“Debe ser un tema para debatir no solo en este periodo electoral, sino que debe ser parte de la agenda a nivel nacional y territorial porque convoca muchos temas sectoriales que deben ser trabajados de manera integral si queremos responder a una paz territorial y a proceso de desarrollo económico y equidad territorial”, manifestó la académica.

Para el arquitecto y urbanista, Fernando Viviescas, se trata de redefinir el país, pensando en el nuevo escenario que se tiene que enfrentar, una vez superado el conflicto con las Farc, y que exige la presencia de todos los espectros políticos. Sobre este rediseño, coincidieron los académicos, se debe incluir la relación hombre – naturaleza, al considerar que la vida humana no es sostenible en una perspectiva de explotación de los recursos naturales.

Al respecto, Contreras aseguró que las políticas públicas “están tomando los problemas del medio ambiente en abstracto como si estuvieran poco relacionados con el territorio, cuando el medio ambiente es el territorio mismo”. En este sentido, señaló que los Planes de Manejo y Ordenamiento de Cuencas (POMCAS) no deberían ser un instrumento de ordenamiento ambiental desligado del territorio.

“Hoy la política pública se toma sin conocer las transformaciones de esa ocupación territorial, ni demográfica, ni poblacional, y seguimos aumentando el tamaño de las ciudades, y esto es muy importante porque la discusión va más allá de generar vivienda, se trata también de disposición de residuos sólidos, derecho al agua, calidad del aire, entre otros”, indicó.

Planes y más planes

La profesora Yency Contreras reconoció que el país ha avanzado en el ordenamiento territorial gracias a leyes como la 388 de 1997 y otras reglamentaciones relacionadas con los campos ambiental y rural. No obstante, resaltó que se evidencia una dispersión de estas normas cuando se toman decisiones sobre el territorio.

“Ha sido difícil encaminar las iniciativas de los municipios y del nivel nacional en un sentido que promuevan la asociatividad entre los territorios; que garanticen una planeación y una gestión territorial que trascienda los marcos políticos institucionales y se piense de una manera más amplia incorporando las dimensiones ambientales, rurales, zonas de transición y movilidad”, dijo.

Actualmente el país cuenta con Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Ordenamiento Departamental, Planes Estratégicos Metropolitanos de Ordenamiento Territorial, pero en definitiva siguen siendo los municipios los que toman las decisiones. Según la académica, las iniciativas del Gobierno Nacional no contemplan las realidades de los municipios, lo cual hace que sea difícil que haya articulación entre políticas, programas y proyectos.

“Esto se ve expresado no solamente en un desorden, sino que finalmente el ordenamiento territorial tiene un objetivo de fondo que es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y eso es lo que no se está cumpliendo”, advirtió Contreras y agregó que “los planes no son el fin son un medio para llegar a una gestión urbana que garantice mejores condiciones de vida para la población”.

En este sentido, Viviescas recordó que en Bogotá no se ha aprobado ninguno de los 10 o 12 POT que se le han presando, lo cual ha dejado en el limbo el presente y el futuro de la ciudad más importante del país. “Los poderes no permiten que se dé una legislación porque el ordenamiento pone en cintura todos los elementos con los cuales se ha estado manejando el territorio en Colombia durante toda la existencia, entonces se entiende que no haya un interés en entregar ese poder, porque los poderes no se entregan, se deben recuperar mediante una reformulación de la democracia”, afirmó.

Capacidad institucional

La profesora Contreras aseguró que hay un problema de capacidad institucional, asociado al diseño y las estructuras, pero no es el único que tiene el ordenamiento territorial del país. Por ejemplo, señaló que se siguen planeando y gestionando territorios sin un censo poblacional actualizado, ya que el último que se realizó fue en el 2005. A penas en este 2018 inició un proceso de recolección de esta información en todo el país con una estrategia que incluye un componente digital (eCenso) y la tradicional visita de funcionarios del Departamento Nacional de Estadística (DANE).

Además, la académica del IEU, insistió que el ordenamiento no es un tema técnico sino político y es ahí donde se debe intervenir la relación entre sociedad y territorio para poder garantizar que toda la normatividad dispersa nos permita obtener resultados, “porque garantizar una asociatividad o pensarse supramunicipalmente, pasa por ceder poder y esto es lo que menos quieren los actores políticos municipales”.

En conclusión, puntualizó que el ordenamiento se ha quedado en un aspecto técnico o político de cómo benefician las rentas, pero en realidad es un tema transversal en ámbitos como la educación, salud, movilidad, medio ambiente, entre otros.