Así lo manifiesta el profesor y experto en seguridad y defensa nacional, Miguel Silva Monyano, quien atribuye la reciente ola de violencia en la capital antioqueña a un “enfrentamiento por el control territorial” entre grupos armados en la Comuna 13. Según las autoridades locales, en esta zona de la ciudad delinquen al menos 36 ‘combos’.

“Ese enfrentamiento comienza a mostrar la debilidad del Estado en el territorio. Las políticas que se han empezado a implementar han mostrado su incapacidad para dar respuesta a este fenómeno criminal”, advierte el académico. (Lea aquí: La amenaza del crimen organizado internacional en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá)

A pesar de los recientes operativos que se han realizado, el profesor Silva asegura que en términos generales, las estructuras criminales siguen teniendo gran capacidad de penetración en el territorio. Y es que las últimas semanas han sido las más complejas para Medellín: el diario El Colombiano relata que “el 21 de abril fue capturado Cristian Mazo Castañeda (‘Sombra’), un lugarteniente de Freyner Ramírez (‘Carlos Pesebre’), el jefe de la ‘Odín Robledo’. Para las autoridades, ese arresto fue el detonante de la crisis, que no solo afecta a varios barrios de la comuna 13, sino también de la 7 (Robledo)”.

Precisamente, el miércoles 25 de abril fue considerado uno de los días más violentos del año en la ciudad: siete personas fueron asesinadas con arma de fuego y el 26 de abril, un bus de Circular Coonatra fue incinerado; a esto se suman las constantes balaceras que tienen a los habitantes de la zona viviendo con miedo y zozobra, a tal punto que decenas de menores tuvieron que faltar a sus colegios e incluso los comerciantes se vieron obligados a cerrar sus negocios. Según datos oficiales, en abril han sido asesinadas 50 personas, por lo que se ha reforzado la seguridad en el territorio con 400 policías. (Lea también: En Colombia se subestima la seguridad urbana)

Ante esto, la Defensoría del Pueblo adelanta alertas sobre el incremento de homicidios selectivos, desplazamientos forzados, desaparición forzada, extorsión e incluso reclutamiento de menores. Sostiene el organismo que el fenómeno se ha generado por cuenta de los cambios y la reconfiguración de las alianzas entre estructuras ilegales y la disputa de dos organizaciones por el monopolio de las economías ilícitas.

“Esto sin duda afecta a todos los ciudadanos porque no solamente la violencia se concentra en la Comuna 13 sino que diferentes actividades delictivas empiezan a expresarse en todo el Valle de Aburrá, generando mayor inseguridad”, señala el experto.

De acuerdo con el panorama de seguridad en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el AMVA es víctima de dos grandes fuerzas criminales con más de 350 combos que trafican con drogas, roban, extorsionan, violan y desplazan; son más de 3.8 millones de habitantes en 10 municipios que están atormentados por estos tipos de violencias.

Por lo tanto, lo que se necesita es una política integral de convivencia y seguridad que vaya más allá del aumento de pie de fuerza en las zonas de violencia y que se concentre en un Estado con capacidades y competencias para recuperar el control del territorio.