En diálogo con el programa Observatorio de Gobierno Urbano, de UNAL Radio 98.5 FM, la investigadora Andrea Prado afirmó que desde una perspectiva social, que trasciende lo institucional, se piensa la gestión del riesgo a partir de los problemas estructurales del desarrollo.  

"Los problemas ambientales están asociados a los resultados de un modelo de desarrollo, a la forma de entender la vida y de relacionarnos con los sistemas vivos que sostienen los territorios", dijo la académica. "Cuando entendemos que el origen estructural de los problemas está asociado a la forma en que entendemos la vida, nos vemos obligados a adaptarnos y transitar hacia formas de vida más apropiadas con los ecosistemas que nos sostienen", agregó. 

De acuerdo con la profesora Prado, "la función pública en términos de acción e intervención correctiva y preventiva está avanzando en comprender que no solamente basta con entender el problema estructural sino que es importante crear acciones y estrategias cada vez más diversas que involucren a las poblaciones en mayor exposición a estas amenazas". 

Sistema de gestión de riesgo para la coordinación territorial

Lina Dorado Gonzalez, subdirectora para el Conocimiento del Riesgo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), afirmó que la gestión del riesgo de desastres es transversal al desarrollo sostenible y por tanto debe ser contemplada en la planeación territorial. 

La funcionaria destacó las condiciones particulares que tiene Colombia, por las cuales la gestión del riesgo de desastres es fundamental y es un compromiso de corresponsabilidad de todos los ciudadanos. "El 87 % del territorio del país está expuesto a amenaza sísmica alta e intermedia, y se monitorean por parte del Servicio Geológico Colombiano 21 volcanes activos. Las dos costas con las que cuenta el país, Pacífico y Caribe, tienen riesgo de tsunami y deslizamientos submarinos. También tenemos variabilidad climática, los fenómenos de la Niña y el Niño", indicó. 

La subdirectora explicó que la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Ley 1523 de 2012, ha mantenido en los últimos años un sistema de trabajo público, privado y comunitario. En el territorio los responsables de implementar la gestión del riesgo son los Consejos municipales y departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres y a nivel nacional el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres presidido por el Presidente de la República. "La UNGRD se encarga de coordinar todo el sistema y de tres procesos fundamentales: conocimiento, reducción y manejo del riesgo de desastres", señaló. 

Para la profesora Prado, "es interesante el cambio que se ha venido realizando a partir de la Ley 1523 y de la política pública en entender el riesgo como un ciclo que hay que prevenirlo, ampliar el conocimiento, reducirlo o mitigarlo y estar preparados para los desastres que cada vez se están dando de manera más frecuente". 

Lina Dorado precisó que la UNGRD es un sistema de coordinación pero el municipio y el departamento son autónomos de sus decisiones. "Hay territorios del país que han desarrollado la gestión de riesgo de desastres de manera impecable y casi no requieren apoyo de la Unidad, entre ellas las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali,  Barranquilla, Manizales, Cúcuta, Bucaramanga, y los departamentos de Putumayo y Nariño; falta trabajar en algunos departamentos de las regiones Caribe, Orinoquia y Amazonia". 

De acuerdo con la profesora Andrea Prado, en los últimos años se ha avanzado a nivel local en la articulación de la nueva estructura que plantea la Ley; "cada uno de los procesos, conocimiento, reducción y manejo de desastres, propicia la articulación de actores en el nivel local. La política, fortaleciéndose desde el nivel nacional hacia las regiones, ha ido creando esos procesos de formación de capacidades en regiones como el Área Metropolitana de Bucaramanga". 

Área Metropolitana de Bucaramanga y su exposición al riesgo de desastres 

La investigadora Andrea Prado explicó que el contexto hidrometeorológico del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) es uno de los factores que más ha impactado el territorio. "El 60 % de la amenaza sísmica del país está concentrado en el nido sísmico de Bucaramanga", advirtió.  

La académica sostuvo que la situación en el AMB es preocupante debido a que su geografía genera un desbalance en términos de vulnerabilidad social. Esto tiene que ver con la forma en que se ha ocupado el territorio en la periferia y los lugares menos aptos para vivir. "Se genera una tensión permanente sobre la vulnerabilidad social de las personas que viven en condiciones precarias y por tanto mayormente expuestas a los fenómenos hidrometeorológicos", dijo. 

Para Prado,  los gobiernos no han comprendido cuál es el ecosistema sobre el cual la ciudad está estructurada. "Bucaramanga está atravesada por los ríos de Oro, Frío y Suratá, y por más de 80 cañadas y quebradas, muchas de las cuales han sido desconocidas en el ordenamiento territorial y por los proceso de ocupación", enfatizó. 

La profesora de la UIS señaló que si bien el sistema articula la toma de decisiones directamente con los alcaldes y gobernadores, en el caso del AMB las autoridades ambientales siguen jugando un papel decisivo a la hora de la inversión de los recursos asociados a la gestión del riesgo. En ese contexto, habló de la disputa en la región por definir quién ejerce la autoridad ambiental, que terminó en febrero de 2019 con un fallo del Consejo de Estado en el cual se determinó que la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga debe ejercer esta función en el territorio. 

Finalmente, consideró que los planes de ordenamiento territorial no logran entender que los territorios necesitan otras formas de habitar, de proyectar su crecimiento y priorizar las inversiones procurando salvaguardar la vida de las personas. "Mientras permanezca esa dinámica de desarrollo de las ciudades se van a seguir reproduciendo condiciones de riesgo a nivel local", puntualizó.