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Violencia urbana, la nueva cara del conflicto armado

Texto, Publicado el Domingo, 30 Enero 2022, en Divulgación académica, Destacados

A cinco años de la firma del acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional, se constata el temor de quienes previeron trabas para su implementación, el recrudecimiento de la violencia contra líderes sociales y excombatientes, y la disputa militar por el control de los territorios anteriormente controlados por la extinta guerrilla.

Violencia urbana, la nueva cara del conflicto armado

 Escrito por:

Diego Fernando Acosta Rodríguez*

Sin embargo, la Misión de Verificación de la ONU en su último informe trimestral reconoce avances en otras materias del acuerdo como la reincorporación, los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la JEP y la Comisión de la Verdad.

Aunque las miradas del público en el posconflicto se dirigen hacía las zonas rurales, las más golpeadas tras 50 años de guerra, las reconfiguraciones del conflicto, después del acuerdo, se comienzan a asentar en las ciudades. Es el caso de Bucaramanga y su área metropolitana, motivo por el cual la Defensoría del Pueblo ha emitido la Alerta Temprana 028-21.

Según indica la Defensoría, la conexión geográfica de la ciudad con el sur de Bolívar y el Catatumbo articula grupos armados organizados (GAO) de carácter nacional con organizaciones delincuenciales de orden regional y microterritorial. Cultivo, producción, bodegaje y distribución al menudeo son los eslabonamientos que articulan la geografía del conflicto urbano-regional.

En su escala espacial más pequeña, el narco menudeo se localiza en barrios y asentamientos, articulando diferentes fenómenos de criminalidad y violencia para garantizar el control territorial. Amenazas a líderes y lideresas sociales, fronteras invisibles, enfrentamientos armados y la instrumentalización de niñas, niños y adolescentes, hacen parte de los dispositivos de control de las organizaciones delincuenciales de escala microterritorial. Niños, jóvenes, mujeres, migrantes, habitantes de calle, consumidores de1 alucinógenos2, entre otros, constituyen la población en situación de riesgo que se localiza en alrededor de doscientos barrios y asentamientos de toda el área metropolitana.

Mitigar y superar el riesgo que se cierne sobre la ciudad y los habitantes de las zonas en peligro implica la adopción de medidas integrales y las correspondientes articulaciones institucionales. Entre el cúmulo de instituciones con competencias para atender el llamado de la Defensoría del Pueblo, se encuentran instituciones de orden nacional, regional, metropolitano y municipal. 

En principio, instituciones como la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Fiscalía Seccional de Santander, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Unidad Nacional de Protección, Ministerio de Educación y Migración Colombia no tienen obstáculos para definir las medidas a tomar. Otro es el caso de los gobiernos locales que deben ponerse de acuerdo para enfrentar un fenómeno que traspasa los límites municipales.

Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta se encuentran asociados como Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) desde 1984.  La ordenanza departamental que así lo profirió lo hizo para sobreponerse al crecimiento desorganizado y los desequilibrios funcionales que ya mostraba la capital santandereana desde finales de los 70s. Sin embargo, treinta años después, fenómenos metropolitanos no han encontrado solución.

El Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) funciona con la mitad de los usuarios proyectados, mientras el parque automotor se ha multiplicado significativamente. Las motocicletas pasaron de 41 mil a 463 mil en los últimos quince años, mientras los automóviles que en 2005 sumaban 59 mil, ahora llegan a los 162 mil. Por otro lado, la disposición de residuos sólidos en el relleno sanitario el Carrasco lleva una década funcionando gracias a decretos de emergencia sanitaria, pues tribunales han fallado en 2009 y 2011 el cierre el relleno, sin que los municipios logren una solución de largo plazo.

En esta ocasión, la trasmutación urbana del conflicto ha encontrado una envergadura metropolitana, y la violencia pone en riesgo la vida y los derechos de los habitantes de los cuatro municipios. Como con la movilidad y la disposición final de los recursos sólidos, una solución fragmentada es una salida en falso. De nuevo se pone a prueba el esquema de asociatividad para una gobernanza metropolitana3.4

  • Etiquetas: Armado, Conflicto, Urbana, Violencia
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