En diálogo con el programa Observatorio de Gobierno Urbano, de RadioUNAL 98.5 FM, los profesores María Esperanza Cuenca y José Gómez González, explicaron esta propuesta como alternativa para enfrentar los graves problemas de desempleo, sobre todo de la población jóven y las mujeres, la alta informalidad y la crisis socioeconómica que atraviesa el país. 

El economista José Gomez, profesor de la Universidad de la Sabana, explicó que el desempleo tradicionalmente se ha entendido como una característica del mercado o una falla del mismo. “Suele verse como una consecuencia indeseable pero inevitable en el funcionamiento de la economía”, dijo. 

Sin embargo, indicó el profesor, otras teorías económicas han visto al desempleo como fenómeno distinto: lo analizan como una epidemia por los mecanismos de transmisión e impactos socioeconómicos. “El desempleo, como otras enfermedades contagiosas, se va transmitiendo de centro a periferia, por ejemplo, golpea fuerte a una ciudad como Bogotá pero también a su área de influencia”, manifestó. 

El economista insistió en que el impacto socioeconómico del desempleo tiene grandes costos, pues aumenta las probabilidades de muerte, mal nutrición, suicidio y problemas psicológicos, no solo al desempleado sino también a su grupo familiar. 

“Esto hace que otros economistas de corrientes distintas a la tradicional hayan empezado a plantear propuestas en el sentido que cuando el sector privado no tiene la capacidad de absorber una gran cantidad de mano obra que está quedando desempleada o abocada a la informalidad, el Estado opere como un agente que pueda estabilizar la dinámica del empleo, es lo que se ha llamado Estado como empleador de última instancia”, aseguró. 

La economista María Esperanza Cuenca agregó que “se propone que el Estado comience, con una demanda perfectamente elástica, a recibir a todas aquellas personas en edad de trabajar que no han conseguido empleo, es decir, la idea básica es tratar de llegar a niveles de pleno empleo dentro de las posibilidades de la economía”. 

Entre los temas en discusión están el salario y el tipo de empleos que se podrían ofrecer. “Si el gobierno designa un salario al menos mínimamente superior al del sector privado es posible que las fuerzas de mercado se desarrollen un poco más. Se trata de un salario de referencia para todo aquel empleo que se está generando con el fin de absorber esa mano de obra que no ha podido ser asimilada por el sector privado”, explicó la profesora de la Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad del Norte. 

En cuanto a la oferta de empleo, el profesor José Gómez sostuvo que puede estar direccionado al mejoramiento de la infraestructura física. “Podría aprovecharse la coyuntura para trabajar en mejorar vías, parques, escuelas, ciclorrutas, con empleados contratados directamente por el gobierno”, propuso. 

¿Oferta de empleo desde el Estado o renta básica?

El economista afirmó que el Estado como empleador de última instancia tiene una serie de características que lo hacen mucho más efectivo que una renta básica. “Por ejemplo, la contratación de abajo hacia arriba: el desempleo se debe eliminar creando empleo directo no de forma indirecta buscando que se eleve la demanda agregada”, dijo. 

“El esfuerzo de una política de renta básica es darle ingreso a personas que no lo tienen sin que hagan nada a cambio, con la idea de que empiecen a demandar más y el sector privado se levante, pero es utópico pensar que el desempleo se reduce de esta manera”, advirtió. 

Por otro lado, el profesor resaltó que esta iniciativa ofrece una red de seguridad a personas que tienden a ser contratados de últimos y despedidos de primeros por parte del sector privado. 

“Los mal llamados ‘ninis’ son personas que van quedándose sin experiencia académica y laboral para ingresar adecuadamente al sector privado. Si el Estado les da un empleo y se entrenan en el trabajo se empieza a generar una mano de obra mejor calificada que va a ser una ventaja para el sector privado cuando los contrate más adelante y al mismo tiempo los ciudadanos están haciendo un trabajo socialmente útil y productivo”, señaló.  

Si bien es más costoso asignar un salario mínimo que una renta básica, aseguró el profesor, el Estado como empleador genera efectos positivos en la economía en un plazo moderado: demanda agregada, reducción en los costos de salud, capacitación de las personas en el trabajo que redunda en mayor productividad, entre otros.

Desigualdades regionales

La profesora María Esperanza Cuenca manifestó que uno de los problemas más importantes del país tiene que ver con las desigualdades regionales. “La informalidad en Bogotá es un problema, no se puede negar, pero en departamentos como La Guajira esta condición llega a ser hasta del 67%, es decir, buena parte de su economía está dependiendo únicamente de las actividades informales”, precisó. 

Por tanto, no es posible pensar en una alternativa única y aplicable a todos los territorios del país: es importante que esta política se diseñe desde la región considerando sus características y necesidades particulares, pero con un presupuesto nacional, aclaró el profesor Gómez. 

“Con esta alternativa del Estado como último empleador, con salarios dignos, se pueden generar mejores condiciones en los municipios para mantener una demanda agregada que incluso haga atractiva la producción privada con la formación de capital humano, infraestructura e innovación. Los pequeños municipios podrían ser los más beneficiados con este tipo de política”, exaltó la profesora.

En definitiva, “todos ganan, el Estado aumenta su recaudación, disminuye la informalidad y las regiones salen muy beneficiadas”, insistió. 

Para el profesor Gómez, “una política pública del Estado como empleador de última instancia es la vía para enfrentar el desempleo y reconstituir el tejido social de Colombia, un país de tan altas injusticias y conflictos sociales”.

Enfoque en poblaciones desatendidas

Esta alternativa podría implementarse en una primera etapa en poblaciones específicas para evaluar sus beneficios y ajustar lo necesario. Para la profesora Cuenca, “hay dos poblaciones a las que podemos hacer justicia y reivindicar muchos de sus derechos sociales: por un lado, los jóvenes cuya tasa de desempleo es mucho mayor que para el resto de la población y todavía más para las mujeres; y por el otro, las personas en condición de discapacidad que no siempre logran acceder al empleo”. 

También están las mujeres, que históricamente han sufrido de desigualdad en el mercado laboral. “El Estado debe contratar a las mujeres en condiciones salariales dignas equiparables a la de los hombres y aplicar la ley de cuotas; las políticas con un sesgo profundo de género pueden tener muy buenos efectos y no solo en las mujeres, sino también a nivel familiar”, puntualizó.  

Los economistas coincidieron en que para lograr implementar una política de esta envergadura se requiere  voluntad política. “La falta de voluntad política está revestida de la ideología tradicional que tienen las personas que toman las decisiones”, señaló el profesor Gómez.  

La profesora Cuenca consideró que una de las formas de solucionar la crisis por la que atraviesa el país es la generación de empleo. “Cuántos jóvenes de los que están hoy en la calle podrían estar mucho mejor si les ofrecemos una oportunidad de trabajo, cuánta desesperanza evitaríamos en ellos, cuánto futuro y vida les añadiríamos si el Estado les ofreciera trabajo”, concluyó.