El problema de la seguridad se ha convertido en uno de los asuntos más importantes en el país porque, al parecer, algunos creyeron que con el Acuerdo de Paz con las Farc la seguridad en general mejoraría, incluso en las áreas urbanas, y porque se tendió a pensar que este era un tema operativo y de pocas repercusiones.

Sobre esto debatieron los profesores y expertos en seguridad Andrés Nieto y Miguel Silva con el director del Instituto de Estudios Urbanos (IEU), Carlos Alberto Patiño Villa, en el programa Observatorio de Gobierno Urbano de UN Radio.

Para Nieto, los problemas de seguridad en el país están relacionados con la falta de una política integral de convivencia y seguridad que se separe, sin desarticularse, del crimen y de la política carcelaria y que garantice seguridad económica, ambiental, de salud, comunitaria, personal y de Derechos Humanos.

“En el país actuamos con medidas de choque: cuando ya se cometió el delito, ya no se puede hacer nada, ya la persona fue víctima. El Estado debe tener un concepto de previsión y de prevención: identificar los riesgos para prevenir”, afirmó el profesor de la Universidad Central. (Lea también: Crecen índices de criminalidad en las localidades de Usaquén, Chapinero y Kennedy)

En este sentido, señaló que Colombia tiene un déficit del 39% de unidades oficiales y, además de esto, los policías están atendiendo problemas de ruido, basuras y mascotas; “el 72% de llamadas de emergencia del país están relacionadas con estos aspectos, quiere decir que estamos frente a un problema de convivencia”, insistió.

Según Miguel Silva, magíster en Seguridad y Defensa Nacional y candidato a doctor en Filosofía, en el país también hay un problema de capacidades y competencias, ya que algunas le corresponden al Gobierno Nacional y otras a los entes territoriales.

“Los gobiernos nacionales han descuidado como un asunto estratégico la seguridad urbana y se lo han trasladado exclusivamente a los alcaldes”, manifestó el académico.

Agregó que cuando el Gobierno Nacional asume la discusión de la seguridad urbana, la limita al tema de pie de fuerza y a la distribución de recursos, por tanto, termina siendo la Policía la que establece una política nacional.

“Los gobiernos han sido muy pobres en términos de plantear la seguridad urbana, esto hace que la respuesta del Estado sea limitada en lo nacional y además dependa de las dinámicas propias de cada territorio”, indicó el profesor de la Pontificia Bolivariana de Medellín.

Crisis carcelaria y reincidencia

Los profesores coincidieron en que las capacidades de Colombia para enfrentar la criminalidad son muy pocas, por la congestión en la justicia, los problemas en la legalización de captura y un sistema que no castiga la reincidencia; a esto se suma el uso de niños y jóvenes por parte de organizaciones criminales para cometer delitos.

De acuerdo con el profesor Nieto, el país tiene un déficit del 39% de posibilidades de acción de jueces y de todas las autoridades de policía. Situación que queda en evidencia, si se considera que hay 13 mil casos represados y a punto de vencerse. El año pasado se vencieron 5.333.

Adicional a esto, el experto en seguridad afirmó que 7 de cada 10 personas que son capturadas son reincidentes y cada reincidencia es de 12 a 23 veces. Para Silva esto sucede “porque ir a la cárcel es rentable. Muchos de los delitos se cometen desde allí”.

En cuando a las cárceles, hay un hacinamiento del 49.3%, entre otras cosas, porque no se ha pensado una política carcelaria en el orden de la reincorporación social a partir de procesos que les permitan a las personas ser económicamente activas en la sociedad.

“La política de seguridad no puede ser más cárceles porque estaríamos aceptando que cada vez hay más criminales y que no tenemos otra opción que capturarlos y meterlos a cárceles”, dijo Nieto. “Las cárceles no están sirviendo ni para resocializar ni para disuadir”, concluyó Silva.

Control territorial

El profesor Miguel Silva puso en duda el control territorial por parte del Estado en el país, del cual dijo, está permanentemente cuestionado sobre todo en zonas de urbanización reciente y de alta densidad. En esta situación aparece la extorsión como un mecanismo que permite establecer cierto control más allá del flujo de recursos. 

“Si el Estado no tiene capacidad de inteligencia para negarle espacio al desarrollo de negocios criminales, estamos hablando de un Estado que no logra controlar el territorio y siempre va a ser reemplazado”, señaló. (Lea aquí: Bogotá y Cali, las ciudades más inseguras; Barranquilla y Cartagena, las más seguras del país)

En consecuencia, el académico explicó que cuando se expande una red de extorsión, se forman redes de inteligencia, flujo de dinero y control de capital. Incluso, este delito se oculta tras una prestación de servicio de seguridad de manos privadas.

A su turno, el profesor Nieto aseguró que en Bogotá hay más de 323 estructuras criminales, algunas de ellas “hasta con portafolio de servicios” con valores georreferenciados dependiendo de las localidades. Al respecto, indicó que ofertas como estas existen en la medida que hay suficiente demanda.

“Estamos descuidando la pirámide de seguridad: toda conducta incívica escala en un conflicto; todo conflicto en una violencia; toda violencia en crimen y el crimen lleva a criminalidad de oficio”, puntualizó.