A esta conclusión llegaron las profesoras María Teresa Palacios Sanabria, de la Universidad del Rosario, y Stéphanie López, de la Universidad Nacional de Colombia, en el programa Observatorio de Gobierno Urbano, que dirige el profesor Carlos Alberto Patiño Villa y se transmite por la UN Radio 98.5 FM.

Aunque en la historia entre Colombia y Venezuela se han presentado diversas olas de migraciones de un país a otro, que han cambiado en su configuración, la situación política, económica y social que vive el vecino país ha hecho que este flujo haya aumentado. Una de las diferencias del fenómeno actual es que los inmigrantes “ya no son de clases altas, como lo fueron en otros tiempos”, sino que se trata de “las clases más bajas de la sociedad”, según las expertas.

Durante 2017 se registraron 37.000 entradas a Colombia y 35.000 salidas al día. Es decir, que por jornada quedaron en el territorio colombiano aproximadamente 2.000 venezolanos.

Frente a esto, urge una normatividad clara en materia de acceso y garantía a Derechos Humanos, pero también de restricciones. “Las instituciones encargadas de las migraciones están desarticuladas, hay un nivel de centralización muy alto y se están tomando medidas coyunturales. El Gobierno debe ponerse en la tarea de redactar una ley de migración que no sea solamente calcular cuántas personas han ingresado a Colombia”, señaló la profesora López.

En este sentido, la Investigadora del Grupo Migraciones y desplazamientos de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la U.N. aclaró que históricamente Colombia no ha sido un país que acoja refugiados, por lo que este fenómeno se ha tornado más difícil. De ahí que el Gobierno haya adoptado los Permisos Especiales de Permanencia (PEP) en vez de acoger las solicitudes de refugio, que hasta el 2017 eran unas 550.

69 mil ciudadanos venezolanos han tramitado el Permiso Especial de Permanecía. De estos, el 39% se encuentran en la ciudad de Bogotá; el 14 por ciento en el departamento de Antioquia y un 10 por ciento en el departamento del Atlántico.

Para la María Teresa Palacios, directora del Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario, los PEP son una medida coyuntural de emergencia, que se tomó cuando llegaron flujos importantes de venezolanos al país, para poderles dar un estatus de regularización, pero que son decretos que no tienen contexto, es decir, carecen de una normatividad integral en el que se pueda garantizar el acceso a derechos.

“Esperamos que con los proyectos de ley que cursan trámite en el Congreso se pueda tener un marco general de un Sistema Nacional de Migraciones porque los problemas no se pueden atacar de manera improvisada. Se necesita una estructura normativa para que las decisiones tengan continuidad y sostenibilidad”, reiteró la académica.

De acuerdo con las expertas, es necesaria una gobernanza de las migraciones que, además, contemple cooperación con otros Estados, teniendo en cuenta que la situación venezolana no impacta solo a Colombia, sino que Ecuador y Brasil también lo están viviendo.

En Colombia hay más de un millón 300 mil ciudadanos venezolanos que a la fecha cuentan con una Tarjeta de Movilidad Fronteriza; el 51% son hombres y el 49% restante mujeres, siendo el rango de edad entre los 18 y los 39 años.

Mitos de inseguridad y desempleo

Las profesoras indicaron que los flujos migratorios en el mundo no siempre son negativas. La generación de competitividad a nivel interno, la contribución que hacen al mercado laboral y el fortalecimiento de la construcción cultural y de Estado, son algunas de las ventajas que destacan de este fenómeno.

No obstante, en Colombia la presencia de inmigrantes venezolanos ha provocado una percepción negativa, al verse supuestamente perjudicado el empleo o la seguridad. Esto, según las académicas, hace parte de un imaginario o un mito, ya que estos dos aspectos son viejos problemas del país.

“Es un error decir que hay desempleo en Colombia porque llegaron los venezolanos. El desempleo es un factor estructural de nuestro país”, advirtió la profesora López. “No existen evidencias empíricas que prueben que la economía se ve afectada de manera directa por la llegada de inmigrantes a los territorios de destino”, agregó Palacios.

Al 31 de diciembre de 2017 se encontraban dentro del territorio nacional cerca de 57 mil ciudadanos venezolanos portadores de cédula de extranjería.

En cuanto a la seguridad, las expertas coincidieron en que los medios de comunicación han tenido un papel importante en el fomento de xenofobia y discriminación hacia los ciudadanos venezolanos, al hacer generalizaciones irresponsables y asociaciones sin fundamento.

“No podemos caer en la trampa de asociar la criminalidad al inmigrante; estar en un país de destino sin documentación no es un delito, es una falta administrativa. No podemos criminalizar la migración”, reiteró la profesora Teresa.

Por esto, la profesora Stéphanie López manifestó que es necesario que el gobierno colombiano haga una caracterización de los venezolanos, “¿quiénes están llegando y con qué calificaciones?”, con el fin de focalizar sectores laborales en los que se pueda insertar el conocimiento y la experiencia de los inmigrantes.