La Ley 388 de 1997, conocida como la «ley de ordenamiento territorial», marcó un punto de inflexión en el proceso de planeación integral en el país no solamente porque se sustenta en la Constitución Política de 1991, que en sí misma refleja importantes transformaciones, sino porque incorporó un elemento hasta entonces ajeno a las discusiones pero fundamental como es el territorio, al tiempo que generó una serie de retos a los gobiernos locales.