De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la población de la región supera los 632 millones de habitantes, de ellos, aproximadamente el 80.7% habita en las ciudades. Sus estimaciones señalan que en el 2036 la población será de 733 millones y un 85% de la misma vivirá en las áreas urbanas.

Este acelerado crecimiento en el que han estado las ciudades en las últimas décadas ha traído profundos desafíos en cuanto a la planificación del territorio y el gobierno de lo urbano. A pesar de esto, el análisis comparado de las leyes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial que se presentaron en la investigación determinó que estas preocupaciones si bien fueron materia de discusión y debate, la legislación para procurar respuestas y recuperar el enfoque de lo público en el espacio urbano (antes existieron normas relacionadas con la planificación y gestión de los gobiernos municipales) recién se profundizó a finales de la década del 90 e inicios del 2000.

Para el análisis se identificaron 11 leyes nacionales de desarrollo urbano y ordenamiento territorial en la región y un conjunto de leyes nacionales complementarias que tratan de forma sectorial los temas de la vivienda, transporte urbano, saneamiento básico, medio ambiente, riesgos y desastres y cambios climáticos.

La investigación determinó que estas leyes representan un gran avance y rupturas en el marco del derecho civil y constitucional, pero que persisten los problemas en la mayoría de las ciudades, por lo que se mantienen desafíos como la consolidación e integración de instrumentos de financiación; la producción de vivienda digna y adecuada que garantice el derecho a la ciudad; inclusión social y espacial; participación ciudadana; ruralidad; ordenamiento territorial y planificación urbana integrada con los planes regionales y nacionales y mayor articulación entre la academia, centros de investigación e institutos especializados, organismos de cooperación conjuntamente con los Estados y la sociedad civil.

Comparación Brasil, Colombia y Ecuador

Este análisis evidenció cómo gran parte de los países de América del Sur reformaron sus marcos normativos o los expidieron en los últimos 20 años, siendo una de las pioneras la Ley 388 de 1997 de Desarrollo Territorial de Colombia, luego el “Estatuto da Cidade” del 2001 en Brasil y finalmente la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo Urbano, expedida en 2016 en Ecuador.

Algunos de los puntos en común que se encontraron en esta comparación entre la normatividad de Brasil, Colombia y Ecuador son:

-  Los marcos normativos de Brasil y Ecuador establecen explícitamente el derecho a la Ciudad.

- El desarrollo rural y el desarrollo urbano son interdependientes, en los marcos normativos de Colombia (Arts. 8, 12 y 14 de la Ley 388) y Ecuador (Arts. 4 numeral 15; 11 y 19 de la LOOTUGS).

- Los diferentes marcos normativos realizan importantes reconocimientos para regular los mercados del “suelo y la vivienda” para que funcionen con eficiencia y de manera social y ambientalmente racional.

- Las leyes de Colombia, Brasil y Ecuador establecen diferentes mecanismos para que los gobiernos nacionales y subnacionales puedan generar directrices para el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, que van desde la garantía del derecho a las ciudades sustentables; la planificación para el adecuado uso del suelo; la preservación del patrimonio natural e histórico; la captación de plusvalías hasta mecanismos de control y sanción a las actuaciones que rompen con dicho ordenamiento.