Escrita por: 

**Vladimir Sánchez-Calderón

En esta medida, las desigualdades socio-económicas, una de las características más estudiadas de las ciudades contemporáneas, son también el resultado histórico de la manera en que las sociedades se relacionan con el entorno que forma parte de una ciudad.

La forma en que distintos grupos sociales se relacionan con el agua, la fauna, la flora, los residuos sólidos o el aire, varía tanto al interior de la ciudad, como en las redes territoriales en las que se inscribe cada centro urbano.

Los ríos que atraviesan nuestras ciudades son un ejemplo de esa relación entre desigualdad y ambiente. Por una parte, son las fuentes para abastecer las siempre crecientes demandas de agua y energía, lo que ha condicionado que, en muchos casos, las urbes sean las que decidan la suerte de territorios y comunidades ubicados a varios kilómetros de la “mancha urbana”. 

La historia del agua en Bogotá, por ejemplo, puede ser contada desde la adquisición de buena parte de los Cerros Orientales, que dan nacimiento a los ríos San Francisco, San Agustín y Fucha, de los que la ciudad se alimentó hasta las primeras décadas del siglo XX, hasta la creación del Parque “Natural” de Chingaza a mediados del mismo siglo, en uno de los páramos más extensos del mundo. Esto significó no sólo la alteración del ecosistema con la construcción de grandes embalses, sino la expulsión de comunidades campesinas que habían vivido por décadas allí, aunque ha permitido la recuperación de especies vegetales y animales por la conservación establecida.

Por otra parte, las desigualdades urbanas en clave de las relaciones territoriales, se hacen presentes en la disposición de los residuos en los ríos. Considerados y tratados como vertederos “naturales” de las ciudades, los ríos han transportado los desechos generados en hogares, calles, oficinas, plazas de mercado, hospitales, mataderos, colegios, cuarteles, y demás espacios urbanos. 

Poco se preguntaban urbanitas y urbanistas por los impactos de sus desechos aguas abajo. El profesor Julio Carrizosa, precursor del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, advertía ya a finales del siglo XX, que el retroceso en las poblaciones de peces que alimentaban la subienda en múltiples poblaciones ribereñas del río Magdalena era la consecuencia directa de la contaminación del río Bogotá. Hoy en día, una de las paradojas mayores la enfrentan municipios como Apulo o Tocaima, balnearios de fin de semana y residencia secundaria de pensionados de Bogotá, pequeños pueblos que ven incrementada la demanda de agua que debe ser satisfecha con las aguas contaminadas del río homónimo de la capital.

Al interior de las ciudades, el estudio de las desigualdades urbanas puede enriquecerse incorporando la dimensión socio-ecológica, o ambiental. La ecología política de la urbanización propone hacer énfasis en estudiar la forma en qué diferentes partes de la ciudad son producidas, transformadas, disfrutadas (o sufridas) y representadas por y para segmentos diferentes de sus pobladores.

Los procesos de crecimiento urbano e industrialización experimentados por las principales ciudades colombianas en las últimas décadas ha dado como lugar común la contaminación de los ríos que las atraviesan, y los desastres generados, bien sea por inundaciones recurrentes de los barrios ribereños de los cursos de agua, o por deslizamientos en aquellos asentamientos construidos en las laderas de ríos y quebradas. 

Los afectados suelen ser personas de bajos ingresos con dificultades para el acceso al mercado formal de la tierra y el trabajo, y con pocas opciones de recuperarse de los impactos de la tragedia. Algunas secciones de los ríos urbanos han sido canalizadas, rectificadas e impermeabilizadas buscando evitar el desborde de los ríos y la evacuación rápida de las aguas servidas. 

Pero esta forma de intervenir los cursos de agua traslada el problema aguas abajo. La interpretación tradicional que liga pobreza con tragedia suele asimilar como “natural” dicha asociación: los más pobres viven cerca de los entornos más inadecuados, bien sea por ignorancia o por desesperación. No obstante, una mirada histórica al proceso de urbanización devela que la “naturalidad” de esa situación debe ser examinada críticamente.

Por ejemplo, el río Tunjuelo, ubicado en el sur de Bogotá ha estado asociado con la tragedia y la pobreza. Desde mediados del siglo XX se ubicaron en sus riberas cientos de familias que llegaron por motivos distintos a la capital del país, y que se vincularon a la misma de múltiples maneras, pero que, en términos generales, podemos asociar al sector informal de la economía y a condiciones de pobreza.

Varios de estos barrios sufrieron inundaciones recurrentes y la interpretación dominante, evidente, por ejemplo en la prensa, llevó a que se estableciera la asociación entre pobreza, desastre y el Sur de Bogotá. No obstante, el río Tunjuelo no solo se inundaba porque estuviese en el Sur, sino porque había sido transformado por los embalses construidos para darle agua potable a la ciudad desde la década de los años treinta, y por minas de explotación de gravas y gravillas, usados para la fabricación de concreto reforzado, material insigne de la modernización del centro de la ciudad. Embalses y minas afectaban la dinámica del río, en especial, porque se ubicaban aguas arriba de los barrios, pero no fueron vistos como causantes de la tragedia de los sectores pobres porque estaban asociados a actividades que contribuían al “bienestar” y “progreso” de la ciudad.

Investigaciones interdisciplinarias recientes, entre ellas As Margens do Progresso, compilación del Colectiva de Historiadores de Ríos de América Latina (CHARLA) y La urbanización de las aguas en Colombia, publicada por la UPB de Medellín, son esfuerzos que van encaminados a mostrar que los ríos y otras formas que adquiere el agua han hecho parte de la historia y hacen parte de las dinámicas contemporáneas que estructuran las ciudades latinoamericanas y colombianas. 

Estos ejercicios muestran también que la materialidad de los ríos, al integrar territorios “urbanos” y “rurales”, puede ser una oportunidad para romper la noción aún dominante que ancla el ordenamiento del territorio en base a los límites político-administrativos, y constituirse los cursos de agua en elementos centrales para establecer procesos más sustentables a mediano y largo plazo.

Esta perspectiva puede significar una nueva oportunidad para que los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCA- adquieran la relevancia con la que fueron concebidos y dejen de ser instrumentos politizados para legitimar intereses e intervenciones que refuerzan las desigualdades socio-ecológicas que están presentes en las ciudades y las redes territoriales de las que hacen parte.