Escrita por:
**Carolina Ortega Contreras

Este proceso, sumamente trascendental y que cada cuatro años se repite, impone múltiples desafíos para diversos actores tanto de nivel nacional como subnacional. A continuación, se mencionan cuatro de alta relevancia.

1. Transferencia e instalación técnica de capacidades en los entes territoriales

Es necesario que entidades de orden nacional como el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación, la Escuela Superior de Administración Pública, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Policía Nacional, entre otras, de acuerdo con su misionalidad orienten con claridad a las entidades territoriales sobre la necesaria articulación que debe existir entre el Plan Nacional de Desarrollo y su apuesta en seguridad humana y justicia social¹, los Planes de Desarrollo Territoriales, la Política de Defensa, Seguridad y Convivencia² y otros documentos de política pública.

Igualmente, sobre el proceso técnico - político que implica desarrollar cada etapa del PISCC. No solamente bastará con el desarrollo de capacitaciones o la realización de algunas mesas de asistencia, que sin duda son muy importantes pero insuficientes, si no se combinan con procesos de seguimiento y acompañamiento constante. La clave estará en la generación de capacidades propias en el territorio para formular, implementar y evaluar los PISCC y gestionar en lógica de gobernanza las soluciones locales propuestas a los problemas de inseguridad.

Para ello, es fundamental que el gobierno nacional integre esfuerzos, eventualmente atomizados en materia de convivencia y seguridad, que permitan mayor integralidad en la transferencia e instalación técnica.

2. El acceso a la justicia y los temas penitenciarios y carcelarios deben ocupar un espacio privilegiado en los PISCC

Algunas entidades territoriales como el departamento de Antioquia y las ciudades de Cali y Bogotá entre otras, desde hace algunos años vienen incluyendo en sus PISCC acciones enfocadas a superar barreras y mejorar el acceso de las personas a la justicia no formal y comunitaria; igualmente apostándole a la implementación de programas como la justicia restaurativa como mecanismo alternativo a la pena o el castigo. Aún son tareas pendientes reubicar las personas sindicadas y en hacinamiento al interior de las Estaciones de Policía de muchos entes territoriales y dotar de espacios dignos que reduzcan el riesgo humanitario a la población privada de la libertad.

3. Establecer nuevas fuentes de financiamiento de los PISCC y facilitar protocolos de acceso a fuentes existentes

De poco o nada sirve que en la normatividad se establezcan múltiples fuentes de financiamiento de los PISCC cuando los trámites de acceso son complejos o desconocidos para las autoridades. En un estudio realizado por el Departamento Nacional de Planeación y la Universidad Externado en 2022⁴, se encontró que la principal fuente de financiamiento de los PISCC en diez entes territoriales priorizados fueron los Fondos Territoriales de Seguridad y Convivencia (FONSET). Esto indica que en una menor proporción se accede al Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia (FONSECON) del Ministerio del Interior o a recursos del Sistema General de Regalías. Igualmente, es necesario revisar la posibilidad de establecer otros mecanismos de financiamiento de los proyectos de los PISCC que permitan inversiones en las prioridades en convivencia, seguridad y justicia del territorio.

4. Mantener el rigor en la formulación y la planeación operativa y financiera de los PISCC
Al momento de formular los PISCC se requiere más que buenas intenciones. Los nuevos mandatarios deberán conocer el alcance de sus funciones y competencias en la materia (qué pueden y no pueden prometer, qué pueden y no pueden hacer) identificar problemas con base en evidencia, procesando información proveniente de registros administrativos de sistemas de información estatales como el SIEDCO pero también obtenida de lecturas participativas del territorio y la percepción de las comunidades.

Cada vez más se comprueba que la solución o mejoramiento de problemas de seguridad ciudadana es l resultado de una intervención multisectorial que ataque no solamente los efectos de los problemas sino sus causas (incluyendo los factores de riesgo que aumentan las probabilidades de que se materialicen delitos y violencias).

Esto de la mano con la elaboración de una rigurosa planeación operativa y financiera de los PISCC, con formulación de proyectos de inversión y un esquema de seguimiento y evaluación a su implementación. De esta manera sería posible conocer el estado de ejecución de los recursos, los resultados periódicos obtenidos y considerar a tiempo las acciones de mejora a incorporar.