El profesor Humberto Molina, consultado para el programa 100 Expertos en Estudios Urbanos Dicen, afirmó que es el momento de examinar el enfoque de planeación que la Ley 388 de 1997 (conocida como Ley de Desarrollo Territorial) había establecido y la dirección con la que realmente se han formulado los planes de ordenamiento territorial, que justamente ahora están sujetos a revisión y reformulación.

Al respecto, el docente de la Maestría en Planeación Urbana y Regional de la Pontificia Universidad Javeriana, explicó que esta Ley adoptó un enfoque estratégico para la formulación de los planes, que implica tres cuestiones fundamentales:

En primer lugar, dijo el profesor Molina, examinar cuáles son las condiciones en medio de las cuales se desenvuelve el desarrollo urbano, tanto las condiciones endógenas como aquellas que están determinadas por otros factores exógenos, como el entorno territorial y las condiciones regionales e internacionales, que inciden en el desarrollo de las respectivas ciudades.

“Este es un aspecto que ha sido prácticamente omitido en la inmensa mayoría de los planes de ordenamiento y de aquí la necesidad de que en esta nueva generación se tengan en cuenta unas determinantes regionales a partir de las cuales se pueda visualizar a largo plazo hacia dónde va la región y cada uno de los asentamientos que la constituyen”, afirmó el docente.

En segundo lugar, Humberto Molina indicó que el enfoque estratégico presupone, antes que formular unas normas, establecer cuáles son las estrategias y los objetivos de desarrollo territorial que sosteniblemente, y de acuerdo a sus condiciones económicas específicas, puede alcanzar la respectiva ciudad urbana o región metropolitana.

“En esto los planes han tendido a reducirse a cuestiones puramente de objetivos de diseño urbano que no han consultado las otras condiciones regionales, ni locales, ni las condiciones socioeconómicas específicas”, señaló.

En tercer lugar, establecer cuáles son las metas y los proyectos con los cuales la administración respectiva se compromete para poder alcanzar el modelo de ciudad que se haya establecido en el respectivo plan. “Esto implica definir los proyectos que van a ser promovidos y ejecutados directamente por las administraciones responsables de estos planes”, dijo.

Finalmente, el profesor Humberto Molina, quien participó en el equipo redactor de la Ley 388 de 1997, manifestó que el hecho de haber pasado, en la mayoría de los planes, simplemente a formular un conjunto de normas sin estrategias territoriales definidas, sin metas establecidas y sin la definición de los proyectos a través de los cuales se quiere alcanzar estos resultados, implica convertir la planeación simplemente en un estatuto normativo.

“Hay un problema de resistencia a las formas modernas de planeación y esto implica, tanto para la administración pública como para los formadores de recursos humanos, que es absolutamente indispensable transformar los enfoques en esta nueva generación de planes de ordenamiento para poder alcanzar los resultados esperados”, puntualizó.