Estas aglomeraciones urbanas indistintamente de su definición legal como áreas metropolitanas o no, exigen repensar el Gobierno Urbano y las soluciones que este aporta a las complejas problemáticas de la ciudad real, enfrentada a un Gobierno Nacional limitado y poco efectivo en todo el territorio nacional.

Para Carlos Alberto Patiño Villa, director del Instituto de Estudios Urbanos, el problema de la seguridad en estas aglomeraciones urbanas radica en que “el crimen tiene una larga experiencia en funcionar de forma metropolitana, mientras que el Estado sigue funcionando municipalmente”.  Y son los límites normativos en jurisdicciones y competencias que trae la ley para las entidades territoriales y administrativas lo que no permite un desarrollo eficiente del territorio. “En consecuencia, es muy difícil que el Estado pueda responder de manera eficiente a estas dinámicas del delito (…) un municipio solo no puede resolver sus problemas, de allí la importancia de los mecanismo de asociatividad que trae la ley como las áreas metropolitanas”, afirmó Patiño.

Las áreas metropolitanas han sido constituidas para solo dos atributos fundamentales: ser autoridad ambiental y ser autoridad de transporte público en el área de su jurisdicción. Y para efectos de ordenamiento territorial conjunto, opera metropolitanamente en el marco de los fenómenos económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, físicos, culturales, territoriales, políticos o administrativos, que afectan o impactan al área metropolitana, y que son llamados “hechos metropolitanos”.

A manera de ejemplo, el caso específico del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, solo recientemente, en abril del 2016, se reconoció la Seguridad, Convivencia y Paz como un hecho metropolitano de interés para todos los municipios que conforman el Área, reconociendo que los retos en seguridad son de impacto metropolitano y deben ser atendidos de manera sinérgica por todas las alcaldías del Valle de Aburrá, con el liderazgo del Área Metropolitana.

No obstante, en la práctica, las autonomías municipales implican que “cada municipio pueda crear su propia política de seguridad y no está obligado a conectarla con la política del municipio vecino, así hagan parte de la misma Área Metropolitana”, afirmó el profesor. Ya que el área opera como entidad coordinadora del desarrollo armónico, integrado y sustentable de los municipios que la conforman, pero no tiene poder coercitivo sobre estos municipios. Lo cual no está mal, pero sí limita las acciones metropolitanas.

Lo anterior, implica la necesidad de repensar las autoridades de lo metropolitano y de lo municipal, ya que sus competencias y jurisdicciones han trascendido los límites territoriales tradicionales. Y seguir gobernando únicamente amparados desde la política nacional de seguridad no es la mejor opción. Máxime, si se reconoce que no existe un efectivo control Estatal. En palabras de Patiño, “el Estado debe ser audaz para reconocer la realidad urbana, aún no tiene el control territorial en todas las áreas urbanas”.

De otro lado, se debe tener en consideración que “el tema urbano es mucho más complicado que las bandas criminales” y las nuevas dinámicas criminales son el reflejo de la “incapacidad coercitiva y punitiva del Estado, para ejercer control en el territorio de las ciudades”, aseguró Patiño. 

Finalmente, más allá del incremento en pie de fuerza o del aumento en gasto social como opciones para hacer frente a los problemas que acarrea la inseguridad en las ciudades; lo cierto es que una solución de fondo se encuentra en la planeación urbana. Para el profesor, “la planeación urbana no ha sido concebida como un ejercicio político sino solo como un ejercicio técnico (…) Los POT han sido concebidos fundamentalmente como asuntos técnicos pero no como asuntos de gobierno, y estos en realidad son un instrumento de gobierno urbano que incide directamente en la construcción de los modelos de ciudad”, expresó.