Sin embargo, más allá de la reducción esporádica de los índices de delincuencia y la eventual mejora de la percepción de inseguridad ciudadana, la ausencia de una política de seguridad urbana orientada hacia una “estrategia integral” es hoy uno de los mayores vacíos.

Es esta misma preocupación la que ha motivado una mirada estratégica en donde se reconoce el impacto que ha tenido la urbanización del conflicto y como apuesta para su solución se motivó la activación de los Comandos de apoyo a operaciones Urbanas, para apoyar las acciones de seguridad brindadas por el Ejército Nacional y la Policía Nacional en articulación con los ya conocidos Gaula del Ejército y las unidades de Policía Militar y reforzar la seguridad en algunas ciudades del país. No obstante, suscitan en el debate académico algunos interrogantes por colisión de competencias que a simple vista surgen de las funciones constitucionales encomendadas para la Fuerza Pública.

Para aunar en esta discusión, el Observatorio de Gobierno Urbano consultó a Hugo Acero, experto en temas de seguridad, quien recordó que los alcaldes de ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla en su momento se han visto en la obligación de recurrir a la solicitud de este tipo de Comandos Especiales por dos razones importantes; en primer lugar, por la situación de delincuencia que aún persiste en el territorio y que hoy se afianza en las ciudades y en segundo lugar, ante la imposibilidad del aumento del pie de fuerza de la Policía Nacional.

En opinión del experto, existe entre las Fuerzas Militares el reciente interés en participar en las acciones relacionadas con la seguridad ciudadana, dado que el conflicto armado hoy tiene connotaciones diferentes; después de la firma del Acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-, persiste el Ejército de Liberación Nacional –ELN- como grupo armado ilegal con carácter político y los demás grupos ilegales que se han ido posicionando en el territorio.

Sin embargo, no se discute que en efecto existe un choque constitucional por la superposición de funciones y competencias que por mandato constitucional le han sido asignadas tanto a las Fuerzas Militares como a la Policía Nacional. Mientras las Fuerzas Militares debe dedicarse a asuntos para la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional; la Policía Nacional es la encargada del mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar la convivencia de los habitantes en circunstancias de paz; aquí se ven claramente distinguidas las competencias entre seguridad y defensa nacional.

Así las cosas, es cierto que el asunto de la seguridad interna vista como seguridad urbana o ciudadana es un asunto de la Policía Nacional, pero aunque las Fuerzas Militares no tiene una función específica dentro de los centros urbanos y no han sido entrenadas para ello, no se puede desconocer el valor territorial estratégico que este representa para las ciudades, que por su carácter preventivo y disuasivo generan en la percepción de seguridad; aunque no se analicen las restricciones que les genera no tener autoridad de investigación criminal y policía judicial, las cuales son absolutamente necesarias para hacerle frente a la delincuencia en las calles de las ciudades, aseveró el experto.