Aunque la Ley 1454 de 2011 le otorgó funciones específicas a los Esquemas Asociativos Territoriales como lo son: las regiones administrativas y de planificación, las regiones de planeación y gestión, las asociaciones de departamentos, las áreas metropolitanas, las asociaciones de distritos especiales, las provincias administrativas y de planificación, y las asociaciones de municipios; aún persisten importantes retos en materia de promoción para su conformación, reglamentación, implementación y aplicación institucional, así como la gestión de recursos e incentivos para su fortalecimiento.

El principal límite se ha encontrado en la baja coordinación en la planeación e inversión para el desarrollo territorial que ha hecho escasa la gestión de los recursos y de incentivos para los esquemas asociativos de ordenamiento territorial. Es así como desde el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 se resalta la importancia de “promover inversiones de escala regional, de manera que sea posible economías de escala e incentivar sinergias y alianzas competitivas”.

En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo en su pacto por la descentralización para conectar territorios, gobiernos y poblaciones traza como uno de sus objetivos la consolidación del nivel regional de planeación y gestión, incentivando la asociatividad territorial y aunque propone reglamentar los esquemas asociativos territoriales, crear un sistema de registro y seguimiento, facilitar el acceso de los esquemas asociativos a fuentes de financiación, alineación de los Contratos Plan con los esquemas asociativos y la posibilidad de presentación de proyectos al Sistema General de Regalías, se requieren políticas que fortalezcan los esquemas asociativos de planificación, incluyendo su creación, incentivos y sostenibilidad; no se pueden seguir desaprovechando los niveles regionales de planeación.

Según Sergio Bustamante Pérez, consultor independiente, experto en desarrollo territorial, los ejercicios de asociatividad en el país no han sido significativos debido a la indeterminación del objeto en cada uno de los esquemas lo cual hace que se confunda y desconozca la naturaleza de su esencia, la proliferación de esquemas asociativos que no logran concretar sus actuaciones, la superflua representatividad, la excesiva vulnerabilidad financiera y la falta de continuidad en la gestión.

Lo anterior se genera como consecuencia de las limitaciones de los operadores políticos, en tanto hay desconocimiento del instrumento y de la importancia del trabajo asociativo, falta de voluntad política para darle continuidad a las iniciativas existentes y limitaciones fiscales e institucionales de los socios. Todo esto en un contexto en el que ha brillado por su ausencia la pedagogía respecto a la necesidad de las dinámicas de la integración de cara a las realidades territoriales, la falta de información y la prácticamente nula asistencia técnica por parte del gobierno nacional para que estas instituciones se convirtieran en unas agencias con capacidad de formular y gestionar proyectos mancomunados. (Debates de Gobierno Urbano, edición 23)