Las elecciones municipales bogotanas llevadas a cabo durante la transición del siglo XIX al XX es un ámbito de análisis poco estudiado en el medio académico colombiano. La razón de este acontecer posiblemente se encuentra tanto en las dificultades existentes para hallar las fuentes, como en el desapego que por lo general han mostrado los investigadores a examinar el desarrollo urbano capitalino del período mencionado, tomando en consideración lo sucedido al interior de la administración local.

Los cambios disciplinares de los últimos tres lustros le han dado, empero, un giro a esta tendencia: el auge que ha adquirido la historia urbana en el territorio patrio ha engendrado un interés por comprender holísticamente a la ciudad, entrecruzando diferentes perspectivas historiográficas. Testimonio de ello es el libro titulado Bogotá en la lógica de la Regeneración (1886-1910). El municipio en el Estado forjado por el movimiento regenerador, en el cual se analizan algunas elecciones para concejales municipales en la capital del país, con el fin de comprender la importancia que tiene la política no sólo en la manera de concebir a la urbe, sino también en la forma de materializar en el espacio esa concepción.

La tónica denotada en el transcurso de esos años fue el paulatino interés por parte de la ciudadanía en participar activamente en los comicios, bien fuera a través del ejercicio del sufragio o mediante las opiniones efectuadas en relación con la jornada electoral, incluso y a pesar de las denuncias con frecuencia elevadas en la época sobre las irregularidades cometidas por el oficialismo para acomodar los resultados en beneficio de su círculo político.

Indiscutiblemente, este proceso no se puede desligar del centralismo imperante en virtud de la aprobación de la Constitución de 1886. El lema centralización política y descentralización administrativa, distintivo de la etapa regeneradora, buscó otorgar a los municipios el manejo administrativo de sus asuntos para evitar que la centralización excesiva minara la autoridad del gobierno nacional.

Vale acotar que este propósito se sustentó en la creación de dos entidades legislativas de elección popular que tenían la labor de ordenar todo lo concerniente tanto a la administración departamental (función desempeñada por la Asamblea departamental) como a la administración municipal (función desempeñada por el Concejo municipal). Efecto de lo anterior fue permitir que los connacionales que tuvieran más de veintiún años y que ejercieran una profesión, oficio, arte, ocupación u otro medio lícito y conocido de subsistencia, pudieran elegir directamente diputados departamentales y concejales municipales.

Interesa subrayar, no obstante, que la implementación de esa vocación descentralizadora estuvo acompañada de un sistema de contrapesos que a la postre restringió, en mayor o menor medida según cada caso, el desarrollo de dichos municipios. Tal como se demuestra en la investigación previamente enunciada, Bogotá (a diferencia de lo que ha sostenido la historiografía tradicional) fue la principal perjudicada por semejante devenir: durante los años que van de 1886 a 1910 su condición de capital nacional y departamental se impuso a su condición de municipio, acaecer que propició el surgimiento de una correlación capital-país que derivó en un control por parte del gobierno nacional de las decisiones tomadas desde la administración municipal.

Hay que advertir que en la Alcaldía, en el Concejo, en la prensa y en la academia, se escucharon voces en contra de ese accionar; un accionar, por cierto, que era congruente con el pensamiento de los líderes del movimiento regenerador -a saber, Rafael Núñez, Miguel Antonio Caro y Carlos Holguín- para quienes el progreso moral (término entendido dentro de la estricta obediencia a la doctrina católica) era más importante que el progreso material, pues la existencia del primero aseguraba tarde o temprano la consecución del segundo.

La urgencia de hacer de Bogotá una ciudad que exteriorizara los adelantos propios de una capital nacional adquirió así el cariz de una disputa por alcanzar efectivamente (no retóricamente) la descentralización administrativa prometida por los regeneradores. Las múltiples consecuencias que generó ese sometimiento de la urbe a los designios del gobierno central son precisamente las que permiten entender la lucha por la autonomía municipal que se produjo en suelo capitalino durante la primera mitad del siglo XX.

La necesidad del movimiento regeneracionista de dominar políticamente a Bogotá para mantener la unidad territorial a través de la preeminencia de la capital colombiana y garantizar la permanencia de los defensores del orden¹ en el poder suscitó una defensa del municipio bogotano. Esta se basó en la época estudiada en la reivindicación de su derecho a administrarse autónomamente, decidiendo por sí mismo lo que más le convenía a la urbe. Los procesos históricos del pasado son en este sentido esclarecedores para aprehender la realidad del presente.

Si el lector desea mayor información sobre la temática expuesta en esta nota puede consultar el artículo denominado “Apelando a la conciliación nacional: los comicios de 1904 para Concejo de Bogotá”, publicado en la revista “Ciudades, Estados y Política” del IEU.