Después de la salida negociada al conflicto con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); el Ejército de Liberación Nacional (ELN) secundaba la lista de una posible negociación, sin embargo tal escenario quedó incierto ante la decisión del Presidente Duque de cerrar la puerta del dialogo, ante el reconocimiento de la autoría por parte de esta guerrilla de los acontecimientos ocurridos el pasado 16 de enero de 2019 en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander (ECSAN) que cobró la vida de 21 personas y dejó a más de 60 gravemente heridas.

Actos de terror como estos nuevamente desafían la capacidad del Estado; que en los últimos tiempos ha enfocado sus planes de guerra y políticas de seguridad en el fortalecimiento de las capacidades institucionales, el aumento de las medidas efectivas para el control de la criminalidad en el país y la lucha contra el narcotráfico, olvidándose de los asuntos de conflicto interno que aún persisten en el territorio.

Así las cosas, hoy en el territorio nacional, no solo se disputan el control las disidencias de las FARC sino también el ELN y las estructuras de crimen organizado que vienen operando en su mayoría en los centros urbanos.

En este sentido, aunque a comienzos de este 2019 se celebraba la reducción de la criminalidad en un 15% en los delitos de mayor impacto como el homicidio y el hurto a personas, esta reducción en las tasas delictivas no guarda una correlación directa con la percepción de seguridad y mucho menos con la situación real de seguridad en el país.