Tradicionalmente, la transformación de las más importantes ciudades peruanas se ha circunscrito a la dinámica de los planes urbanos, con cierto éxito; de manera que las urbes han venido extendiéndose horizontalmente, con la relativa contención proveniente de dichos instrumentos técnico-normativos, mismos que, en no pocos casos, han sido superados por la fuerza de la necesidad, en articulación con el mercado informal y especulativo del suelo.

La relativa valía de los señalados planes sufrió un revés en los años 90’s al haberse establecido en Perú políticas tendientes a liberalizar las actividades económicas, entre ellas las de urbanización. El régimen adoptado luego sería instrumentalizado jurídicamente, expidiéndose dispositivos que limitarían la actuación del Estado en el ejercicio de las actividades económicas. Una de estas expresiones se produjo con la expedición de la Ley 26505 (1995), denominada Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas en las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas, la cual liberalizó tácitamente los límites urbanos, al derogar —de acuerdo con su Cuarta Disposición Final— todas las disposiciones sobre intangibilidad y cambio de uso o propiedad de tierras agrícolas, incluyendo las de áreas agrícolas periféricas.

No obstante, lo preceptuado generó una especie de tensión a raíz de la resistencia proveniente de los planes urbanos, los cuales, contradictoriamente, establecen los límites de expansión urbana. Esta antinomia fue puesta en evidencia —en tanto propósito central del artículo comentado—, sobre la base de un estudio de la normativa que en materia de expansión urbana e intangibilidad de tierras agrícolas periféricas han venido rigiendo en Perú desde la centuria pasada. Complementariamente, otro de los objetivos fue proponer la derogación de la Cuarta Disposición Final de la Ley 26505 —y normas conexas—, con el fin de armonizarla con las determinaciones emanadas del plan.

Este último objetivo, con posterioridad a la publicación del artículo en comentario, habría sido satisfecho, al aprobarse la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible N° 31313, cuyo propósito es el de “… establecer los principios, lineamientos, instrumentos y normas que regulan (…) la planificación urbana (…) a efectos de lograr un desarrollo urbano sostenible, entendido como la optimización del aprovechamiento del suelo en armonía con el bien común…”. Y, más en particular, revitalizar la planificación urbana al disponer que los “… Planes para el (…) Desarrollo Urbano son vinculantes a las actuaciones de los gobiernos locales, personas naturales y jurídicas, siendo nulos los actos administrativos que contravengan lo estipulado en los referidos instrumentos” (Art. 24, numeral 24.1). Así, lo preceptuado por la Ley 26505, habría sido derogado; toda vez que la Ley 31313, es de igual rango, de data posterior, e incompatible con aquella en el extremo tratado.

Si el lector muestra interés sobre la antonimia suscitada —posteriormente superada— respecto del tratamiento de las tierras periféricas en Perú, puede consultar el artículo “La expansión urbana como centro de tensión entre la normativa liberalizadora y la planificación urbana en Perú (1995-2019)”, publicado en la revista “Ciudades, Estados y Política” de IEU, ingresando aquí.