El incremento de inseguridad en el transporte público tiene preocupados a los bogotanos, a la administración distrital y a las empresas de transporte. En lo corrido del año se han presentado cerca de 28 atracos en los automotores y se han encendido de nuevo las alarmas para contrarrestar a estos criminales que acechan las calles de la ciudad.

El Alcalde Peñalosa ha anunciado que se implementarán botones de pánico, 500 cámaras de seguridad, recompensas por información y, según el pasado consejo de seguridad liderado por el Presidente Juan Manuel Santos, se incrementará el pie de fuerza en la policía con 1200 uniformados armados de tecnología para vigilancia en los puntos críticos de Bogotá.

Estas alternativas, como dice el sociólogo Ricardo Vargas, son las que primero salen a relucir como estrategias para contrarrestar la inseguridad en estos casos, sin embargo, opina que estos elementos contribuyen, pero no solucionan en su totalidad el problema “de pronto los policías encubiertos en algunas oportunidades puede que sirva, pero con la cantidad de policías que hay en Bogotá no aguantarían”.

Opina que uno de los grandes problemas radica en que los sistemas están generando condiciones favorables para que los grupos criminales lleven a cabo su cometido y, además de eso, salgan bien librados. Sugiere que el punto de partida debe darse en la evaluación concentrada del “modus operandi” de estas bandas y atacar desde ese diagnóstico. Además, apunta a que sería fructífero involucrar a los conductores y a las comunidades con un protocolo que establezca qué hacer en esos momentos “podría existir una alianza entre conductores y comunidad para que junto a la policía puedan manejar esos tipos de casos”.

Los esfuerzos de la alcaldía quedarían cortos sin una reestructuración física del sistema, dice Vargas que “cuando uno mira las estructuras de medios de transporte como Transmilenio, se da uno cuenta que la empresa no está colaborando para nada y el problema no lo va a resolver solo la policía”.

Por otra parte “no estamos pensando en cómo proteger lo esencial sino en contar a las víctimas” dice Sergio Paris, abogado y experto en movilidad, piensa que se debe construir un sistema visionario sin esconder la realidad “y hay dos realidades, la seguridad operacional que tiene hoy un problema serio en el transporte público y hay que estudiarla; y la seguridad física (...) como un problema social”.

Entonces, el problema de seguridad en el transporte público debería ser tratado no solo desde el punto de vista técnico y de autoridad, sino que se debe involucrar además un problema social que debe analizarse desde su génesis, como lo indica el experto Paris.

Dato:

Bogotá no ha recibido ni una cámara de seguridad por parte del Gobierno Nacional. Hoy, la ciudad solo cuenta con 577 cámaras de las cuales únicamente funcionan 275; es decir, una cámara por cada 29.384 habitantes. (Según informa del consejo de seguridad celebrado el pasado 7 de febrero).