El documento fue construido con base en los registros e información aportada por las organizaciones participantes “en un ejercicio de aproximación a determinadas variables identificables referidas a las violaciones a los derechos a la vida, libertad e integridad de líderes sociales y de defensoras y defensores de derechos humanos, así como, en algunos casos, a las de sus allegados y otras personas que rodean su labor”.

Para tal fin se contemplaron cinco indicadores: naturaleza del fenómeno, tipo de víctimas, tipo de victimarios, modus operandi y espacialidad de los crímenes. Aunque en el informe se aclara que su objetivo no es dar cuenta del número total de asesinatos sino trascender en la complejidad de esta situación, se encontró que 99 líderes sociales fueron asesinados en 2016, 144 en 2017 y 100 en 2018.

Un patrón, define el informe, “se refiere a una serie de eventos que, debido a su frecuencia, ubicación espacial y naturaleza, implican algún grado de planificación y control centralizado”, lo que no implica la existencia de un único victimario.

“Los patrones se constituyen con base en la repetición no accidental de conductas delictivas similares de manera regular. La identificación precisa de los objetivos por parte de los atacantes es indicativa de la naturaleza planificada y sistemática de la violencia”, afirma el documento.

El profesor Fabio López de la Roche, del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, de la Universidad Nacional de Colombia, señaló que es una muestra de la ineficacia del Estado y que no son casos aislados ni aleatorios. “Además se muestra la sistematicidad de los hechos, lo que no implica que sea un único victimario”, agregó.

Por otra parte, la Defensoría del pueblo señaló en un informe que las causas de estos asesinatos están vinculadas al narcotráfico, la economía del oro y la restitución de tierras.     

López de la Roche concluyó que el panorama de estos asesinatos coincide con los municipios donde se llevan a cabo los planes de desarrollo con enfoque territorial, afectados por la guerra tales como Tumaco, Mapiripán, Buenaventura, Calamar, entre otros.

“Por eso la Procuraduría ha llamado la atención a los alcaldes y gobernadores para que tengan una política de mayor responsabilidad por el control policial y militar en sus zonas de influencia. También pidió a estas instituciones una mayor decisión, ya que en estos lugares la seguridad no está garantizada”, aseguró el académico.