Así lo señala el reciente informe del Banco Mundial titulado Afrodescendientes en Latinoamérica: Hacia un marco de inclusión, cuyo objetivo es “hacer una contribución modesta a las discusiones que se están produciendo, y se continuarán produciendo, en el esfuerzo por revertir décadas de negligencia analítica y de exclusión de las políticas públicas” de la población afrodescendiente.

Uno de los resultados positivos que resalta el documento respecto a la alta concentración urbana es que las disparidades nacionales en el acceso a servicios básicos como agua, saneamiento y electricidad no son tan pronunciadas como las de los pueblos indígenas o las de otros grupos rurales vulnerables. “Sin embargo, la situación varía enormemente dependiendo del servicio y entre países, así como al interior de ellos. Estas diferencias, no obstante, no pueden atribuirse a priori a la discriminación racial”, aclara el documento.

A nivel subnacional, la investigación indica que los afrodescendientes tienden a estar concentrados en ciertas regiones y ciudades más que en otras. En la mayoría de los países, un pequeño número de regiones están fuertemente asociadas a la cultura afro, incluso si la mayoría de los afrodescendientes no vive necesariamente en ellas. Estas son, invariablemente, áreas con niveles bajos de desarrollo.

Típicamente, advierte, son regiones con interconexiones precarias con el resto del país y los mercados y, en general, con un menor acceso a los servicios públicos. Algunos ejemplos notables son el norte de Brasil, la costa del Pacífico colombiana, Esmeraldas en Ecuador, Barlovento en Venezuela y las costas atlánticas de Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Panamá.

“En los barrios pobres o favelas, los afrodescendientes no solo tienen un menor acceso a los servicios básicos y a una vivienda adecuada, sino que también están más expuestos a la violencia y el crimen”, agrega.

En Colombia, según datos del Censo 2005 y a la espera de los resultados finales de 2018, los afrocolombianos son más de cuatro millones, lo que corresponde a un 10,62% de la población total, siendo Cali, Cartagena, Barranquilla, Bogotá y Medellín las ciudades en donde reside el 29,2% de la población.

*Gráfico tomado del informe del Banco Mundial 

Inclusión social de los afrodescendientes

De acuerdo con la investigación, en Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay combinados, los afrodescendientes representan el 38 por ciento de la población total y constituyen alrededor de la mitad de las personas que viven en pobreza extrema. También tienen menos años de educación y son víctimas del crimen y la violencia con mayor frecuencia.

Por esto, dice el informe, la capacidad de América Latina de terminar con la pobreza extrema e impulsar la prosperidad compartida dependerá, en gran medida, de la inclusión social de los afrodescendientes. “Para lograrlo, la región debe primero comprender y visualizar sus necesidades e intereses, en aras de revertir décadas de negligencia en términos analíticos y de políticas públicas”.

En este sentido, se destaca la reaparición de variables etno-raciales en los censos de la región. “Aunque esta ola de inclusión y reconocimiento estadístico representa una ruptura positiva con respecto a décadas de invisibilidad, los afrodescendientes aún se enfrentan a numerosas barreras políticas y prácticas, que obstaculizan su participación y reconocimiento”, advierte.

Los datos censales más recientes de 16 países, analizados por los investigadores, registran alrededor de 133 millones de afrodescendientes en América Latina en 2015, cerca del 24 por ciento de la población total. Su distribución, sin embargo, es altamente desigual a lo largo de la región: Más del 91 por ciento están concentrados en Brasil y Venezuela y un 7 por ciento adicional en Colombia, Cuba, Ecuador y México. La narrativa de la región está, por lo tanto, fuertemente influenciada por países caribeños (Cuba, Venezuela), del Pacífico (Colombia, Ecuador) y, sobre todo, Brasil.

Como otros grupos excluidos, los afrodescendientes afrontan desventajas acumulativas, oportunidades desiguales y falta de respeto y reconocimiento, lo que produce resultados sociales y económicos diferenciados. Por esta razón se requiere de una inclusión social, que no es más que el proceso de mejora de las capacidades, oportunidades y dignidad de esta población para que participe en la sociedad.

En definitiva, este enfoque en las políticas públicas implica que las leyes y programas dirigidos a mejorar la inclusión de los afrodescendientes deberán partir de un entendimiento integral de sus situaciones y estar diseñados con base en sus necesidades específicas.