La ponencia “¿Son efectivas en combatir la segregación socioespacial las políticas e instrumentos de gestión de suelo en Bogotá?” fue presentada por la profesora Adriana, economista, PhD en Urbanismo, junto a David Villanueva Acuña, economista, magister en Economía, coordinador del Área de Planeación Urbana y Derecho a la Ciudad del Centro de Pensamiento y Acción para la Transición, CPAT.

El III Seminario del Grupo de Trabajo Desigualdades Urbanas del Clacso se desarrolló entre los días 23 y 25 de octubre de 2019, en la Ciudad de México, en la sede del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El propósito de la ponencia fue presentar los resultados de una investigación en la que se analizan algunas de las políticas urbanas e instrumentos de gestión de suelo utilizados en Bogotá, a partir de un instrumento que permite comparar los efectos de estos sobre la segregación espacial socioeconómica.

“Construimos un índice para medir la segregación que está basada en la noción de la renta del suelo urbano, es decir, que este es el mecanismo para que se produzca la segregación a través del mercado del suelo. Luego aplicamos el índice a Bogotá y miramos el nivel de segregación en la ciudad”, informó Parias.

De esta manera, se presentó este Indicador Sintético de Segregación Espacial Socioeconómica, ISES, que permite medir la desigualdad en el acceso al suelo urbano residencial, a través de poner en relación la distribución de población según sus niveles de ingreso frente a la gama de localizaciones factible que cada grupo de población puede tener sobre el espacio urbano de la ciudad, dados los precios del suelo (y del espacio construido). 

Asimismo, se analizan las diferencias entre la implementación de instrumentos de gestión de suelo como los mencionados y una política social puntual: la política anti segregación implementada por el Distrito durante los años 2012-2015, que propuso la construcción de vivienda social en lugares centrales de la ciudad, combinando los subsidios nacionales con recursos públicos distritales.

“Tomamos el instrumento que es la cesión de suelo en proyectos no para Vivienda de Interés Social, (VIS), es decir, en estas iniciativas el constructor está obligado a hacer 20% del suelo para VIS. Entonces analizamos cómo se comporta el indicador y si se cumple en la totalidad de los proyectos esa obligación, sin embargo, la obligación no implica necesariamente producir la vivienda en el mismo proyecto, sino que puede haber un traslado a otras zonas de la ciudad o pueden pagar una compensación al Distrito. Pero en realidad, lo que es una excepción en la norma se está convirtiendo en una regla en la mayoría de los proyectos”, explicó la académica.