Esta fue una de las conclusiones a la que profesora e investigadora del Instituto de Estudios Urbanos (IEU) de la Universidad Nacional de Colombia (U.N) llegó tras la investigación que viene adelantando sobre vivienda y asentamiento urbano, según su indagación identificó que las familias en Bogotá que viven en alquiler asignan el 30% para este pago y muy poco dedicado a su reserva.
El estudio se llevó a cabo en dos barrios de origen informal, Lourdes de la localidad de Santafe y Unir en la localidad de Bosa, la revisión se realizó en dos periodos de tiempo diferentes.
Un total de 155 familias en estas condiciones respondieron preguntas relacionadas con sus características socioeconómicas, estrategias residenciales y las lógicas del mercado popular de vivienda en alquiler. La mayoría de hogares están conformados por personas que no llegan a la tercera edad, con una gran proporción de mujeres jefes de hogar. En promedio, pueden considerarse familias pobres, con ingresos mensuales de dos o menos salarios mínimos legales vigentes.
La mayoría son bogotanos, tienen una trayectoria en los barrios que habitan y no son migrantes de desplazamientos. “Las personas valoran mucho el barrio al momento de escoger una vivienda, porque han construido relaciones comunitarias a lo largo del tiempo que les brindan algunas ventajas, como tener relaciones económicas personalizadas, es decir, conocen al arrendador y en ocasiones tienen flexibilidad en el pago. Esto resulta muy importante cuando hay un capital que respalde las actividades económicas”, comenta la investigadora Parias.
Además, se encontró que la política de vivienda de la ciudad no es amplia, de hecho, tiene características muy específicas. Por ejemplo, el subsidio que reciben las familias es del 10 %, sumado a esto tienen que hacer un ahorro programado y acceder a un préstamo a la banca comercial.

Esto hace que la población objetivo de las viviendas de interés social, justamente las personas que viven en arriendo, tengan obstáculos para adquirir una casa propia.

“Es muy difícil que ellos alcancen el ahorro programado, endeudarse con los bancos no es una opción y es improbable que los bancos los elijan. Ellos prefieren adquirir un préstamo por medio de un familiar o amigo”, añade la docente.

Otro de los aspectos preocupantes está relacionado con las condiciones habitacionales. Aunque todas las viviendas tienen servicios públicos domiciliarios como acueducto, alcantarillado, energía y gas, se enfrentan a un problema de hacinamiento; en ocasiones tres o más personas comparten un cuarto para dormir.
El 19 % comparte vivienda con dos hogares, que equivale a siete personas. En el 13 % de los casos conviven tres familias, y el 7 % agrupa cinco hogares en un mismo inmueble, alcanzando un promedio de 14 personas. Además, el 41 % comparte espacios de uso común como el lavadero, el patio de ropas y la puerta de entrada.

Para las viviendas de interés prioritario, la política descuida características como el tamaño, que en este caso es fundamental para satisfacer las necesidades que demandan estas familias.

Debido al gran número de madres cabeza de hogar, se han adoptado prácticas para cuidar a sus hijos entre ellos e incluso comparten utensilios de la vida cotidiana. 

Esta investigación fue presentada en el pasado Simposio Internacional Derecho a la Ciudad. Encuentre aquí está y más ponencias desarrolladas en el evento