La figura de los curadores urbanos nació con el Decreto 2150 de 1995, que la definió como un particular encargado de estudiar, tramitar y expedir las licencias de urbanismo o de construcción, a petición del interesado en adelantar proyectos de urbanización o de edificación, en las zonas o áreas de la ciudad. Tras ser objeto de modificaciones y derogaciones, esta figura se consolidó con la reglamentación de la Ley 388 de 1997.

Actualmente, en Colombia existen 75 curadores urbanos en 36 ciudades del país, que fueron designados por periodos individuales de 5 años para expedir licencias de urbanización, parcelación, subdivisión y/o construcción. Solamente los municipios con más de 100 mil habitantes pueden solicitar esta figura; en los territorios con menor población, los alcaldes o secretarios de planeación serán los encargados de tramitar y expedir las licencias.

El arquitecto Armando Arteaga, doctor en urbanismo y profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, afirmó que es necesario revisar la figura de los curadores en el país ante los casos que se han presentado en Medellín, con la implosión del edificio Bernavento y el riesgo en el que se encuentran otras estructuras de la constructora CDO; y en Cartagena con el desplome del edificio Blas de Lezo y el lío de corrupción en el que están involucrados los hermanos Quiroz por la expedición de licencias falsas, lo que pone en entredicho la seguridad de la construcción en Colombia.

“En ese Siglo nos inventamos la figura de los curadores urbanos, que aparecen con la idea de preocuparse por la ciudad. En teoría esta es una decisión interesante, pero en la práctica las curadurías se convirtieron en una suerte de notarías, donde el curador no está muy interesado en la ciudad, está interesado en facturar”, aseguró el experto.

Para el académico, el riesgo en el que están varias construcciones en el país deja en evidencia que los curadores “no han servido, en el sentido de que el trabajo técnico que se esperaba que hicieran no lo han hecho y mucho menos han cumplido con su función de velar por ayudar a la ciudad”. Incluso, manifestó que pareciera ser que estas curadurías “están muy interesadas en que se construya, con un interés cuantitativo y no cualitativo”.

Control y vigilancia

Una de las preocupaciones más recurrentes en estos casos tiene que ver con la falta de control a las Curadurías Urbanas en el país. De acuerdo con el profesor Arteaga, hasta el siglo pasado, el Estado era el que se encargaba de velar, controlar y visitar las construcciones, no obstante, esta responsabilidad fue delegada a los particulares, a través de la figura de los curadores, en quienes el Estado depositó su confianza para realizar esta importante responsabilidad de expedir licencias.

“A los curadores nadie los controla; de algún modo en el esquema anterior estaban lidiando directamente con el Estado, pero ahora es un asunto entre particulares”, dijo el doctor en urbanismo.

En enero de este año, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expidió la Resolución 0064 de 2018, que reglamentó la Ley 1796 de 2016 (Ley de Vivienda Segura), mediante la cual se creó la nueva Superintendencia delegada para curadores urbanos, encargada de poner la lupa sobre las Curadurías Urbanas.

Esta Superintendencia ha adelantado varios estudios que evidencian repetidos casos de corrupción en los que se expiden licencias urbanas falsas. Por esto, decidió implementar un papel de seguridad con características especiales como código de barras, código QR, numeración, entre otras, y exigir a los curadores subir a un repositorio las licencias que expidan.

Además, la Ley 1796 de 2017 le encargó al Departamento Administrativo de la Función Pública la realización del concurso de méritos, a través de la elaboración de las pruebas de conocimiento técnico y específico y al alcalde municipal o distrital le corresponderá designar a los curadores urbanos de conformidad con el resultado del concurso.

Con esto se espera poner en cintura a los curadores urbanos para evitar la expedición de licencias de construcción falsas que están poniendo en riesgo la vida de decenas de ciudadanos en varias regiones del país.