La discusión parte del libro “Energía social y transición energética en Colombia. De las prácticas sociales a la gobernanza energética”, producto de investigación de la alianza Universidad Nacional de Colombia y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

“Este proyecto hace parte de un programa científico junto con otros 11 proyectos de investigación. Somos 300 investigadores, ocho universidades nacionales y ocho internacionales. El objetivo es aportar a las estrategias para la transición energética en Colombia, con una mirada general e integral”, explicó Arboleda.

Sin embargo, el profesor Otero consideró que la transición es complicada especialmente por los altos costos de la implementación. “Las iniciativas locales son bienvenidas pero a nivel nacional es difícil. La energía eléctrica en Colombia está subsidiada para los estratos 1, 2 y 3. No es posible para un hogar de estos estratos pasar a energía solar porque le saldría más caro el pago mensual. Tal vez para un usuario del estrato 6 que paga energía eléctrica muy costosa le puede ser rentable”.

Además, Otero consideró que muchos expertos en el mundo afirman que se debe tener cuidado con el término de transición energética porque se habla de pasar de combustibles fósiles a fuentes nuevas como la solar, eólica pero no mencionan el agua. Sin embargo, la historia muestra que nunca una fuente reemplaza a la otra. “La leña fue la energía predominante hace miles de años y hoy todavía se consume” .

El profesor Otero, también aclaró que toca tener en cuenta las particularidades de Colombia. “El sector energético implica el 35% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país y 0.15% a nivel mundial. Los mayores contaminantes son la deforestación y la ganadería. Nuestro sector energético es de los más sustentables porque gran parte se genera por la hidroelectricidad. Además, el problema de la polución no se debe a la energía sino al sector de transporte, que usa gasolina y diesel”.

Gobernanza energética

La profesora Arboleda señaló que existen dos enfoques fuertes sobre la gobernanza energética y que empieza a parecer un tercero. “El primero tiene que ver con temas de buen gobierno, en un sentido más instrumental, referido a la eficacia e identificado con los asuntos de interés público. El segundo, plantea un rol de una manera más decidida en la toma de decisiones, es decir, la gobernanza democrática, aquí los actores tienen un papel más activo en la identificación de los problemas y en la participación de las soluciones. Nosotros, nos aproximamos a una tercera posibilidad que es la gobernanza adaptativa, que está planteada en la política de adaptación del cambio climático”.

Según la investigadora, en ese contexto la gobernanza energética se entiende como el rol, las relaciones y los intereses de los actores que hay en juego, respecto a un recurso que hasta ahora se ha asimilado a un bien de mercado.

Para Otero la gobernanza energética y en particular las experiencias de energía comunitaria generan dificultades en la medida que no propician economías de escala, resultan más costosas y no resuelven el problema porque no tendría la capacidad para dar energía a toda la población.

Si bien las inversiones para nuevas fuentes de energía son costosas, en el contexto actual no es imposible pensar en una transición energética en ese sentido. “Los precios están bajando rápidamente y a medida que el mundo va avanzando hacia el perfeccionamiento de estas tecnologías serán más baratas y más sencillas”, aseguró Arboleda.

Energía comunitaria y justicia energética

En varios países se ha implementado este modelo y donde funciona, el Estado generó una serie de incentivos para apoyarlo. “No son precisamente naciones socialistas, ni esquemas absolutamente revolucionarios. En Estados Unidos tenemos 3.000 pequeñas empresas en diferentes esquemas, cooperativas o modelos mixtos que son públicos y privados, o energías comunitarias. Lo mismo pasa en Canadá, Australia y Alemania. Es un esquema de coexistencia”, expresó la investigadora.

Otro punto central de la investigación es la referencia a la justicia energética, es decir, al acceso a la energía. En el país hay sectores que tienen fácil acceso y con una amplia cobertura, mientras otros están privados de ese sistema.

De acuerdo con Otero la cobertura eléctrica en el país es del 96%, el tema son los costos. “La política de subsidios a ciertos estratos es muy buena. Además las personas de ingresos bajos consumen menos energía porque tienen poco dinero y no cuentan con el equipamiento tan fuerte que tienen los estratos altos. Una solución para cerrar esta brecha puede ser el impuesto por consumo de energía individual, es decir, cobrarle una tasa por consumo de energía a los hogares dependiendo de lo que gasten”.

La profesora Arboleda concluyó que existen una serie de debilidades y barreras tecnológicas, organizativas y de la capacidad de los municipios de hacer el acompañamiento. “Primero hay que hacer una serie de cambios regulatorios. Hoy Colombia permite un esquema que se enfoca más en la producción individual que en inyectar excedentes. También, se deben generar incentivos para estas energía.

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