Sánchez recordó que el río Bogotá es la principal cuenca hídrica de la ciudad y alrededor de ella se han presentado varios conflictos ambientales, políticos, administrativos y territoriales, que afectan los derechos colectivos de la población. “Por ello, el actor judicial emitió la sentencia del río Bogotá que constituye una decisión emblemática, por la manera en que se busca la protección de los derechos colectivos. Además, las órdenes han incidido en asuntos relacionados con la responsabilidad de instituciones públicas y privadas”, señaló la candidata a magister.

Por su parte, el profesor del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, Diego Peña, director del Trabajo Final de Maestría, indicó que la discusión sobre la incidencia de los jueces en el gobierno urbano es reciente. “No se encontraron muchos trabajos que hagan referencia específicamente a la incidencia que puede tener un fallo judicial sobre las políticas urbanas. Hay un marco conceptual en torno al papel del juez como creador del derecho y la intervención del gobierno”.

Desde esa perspectiva la discusión de esta sentencia es muy importante por el impacto que tuvo sobre el desarrollo normal de la actividad pública en los diferentes gobiernos locales. Desde el punto de vista teórico hay varias corrientes, algunas son muy críticas en la medida que consideran que el papel de los jueces supera su papel como administrador de justicia y en muchas ocasiones crea Derecho como lo haría un legislador o una autoridad administrativa, afirmó Peña.

Gobierno de los jueces

En este estudio, Marcela Sánchez, tuvo en cuenta elementos sobre cuáles son esas razones y en qué momento se necesita que actúe el actor judicial a través de sus decisiones, cuáles son sus motivaciones y de esta manera determinar hasta dónde la razón justifica su incidencia y su intervención.

La profesora Yency Contreras, coordinadora del Observatorio de Gobierno Urbano del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia aseguró que en la práctica hay distintas intervenciones del aparato judicial en las decisiones de gobierno, especialmente del municipal.

“En esta sentencia se emite una serie de órdenes, en algunos casos para conminar a las autoridades de distintos ámbitos en el contexto regional, para modificar o revisar sus POT en función de lo establecido en la ley y determinantes de superior jerarquía. Lo que evidencia esto es una importante movilización de los actores e instrumentos judiciales para garantizar el cumplimiento de la ley. También refleja unos mecanismos de los cuales disponen los ciudadanos, en los sistemas democráticos, para garantizar en la práctica el Estado Social de Derecho”, resaltó la profesora Contreras. 

Hay casos donde el juez pone unas tareas puntuales de gobierno y política pública. En ese sentido, Contreras consideró que la reflexión de fondo es hasta dónde deberían llegar esas decisiones judiciales en los temas de política pública. Algunas posiciones justifican el alcance de la decisiones de los jueces frente a la inacción de actores gubernamentales. Sin embargo, hay otros enfoques que plantean la dificultad de encontrar una posición razonable de intervención de la rama judicial en asuntos que son exclusivos de los gobiernos, los cuales son elegidos por voto popular y tienen su legitimidad en unas elecciones libres y abiertas.

El papel de los jueces y su incidencia en los gobiernos

Por su parte, el profesor Peña recordó que con la expedición de la Constitución del 91 se crean las acciones constitucionales y es casi inevitable que el juez aparezca como un agente que debe hacer cumplir la Carta Magna y por esa vía se incorporan decisiones en el marco del gobierno. “Esto se había dado generalmente en el plano nacional pero hay acciones populares que tendrán un efecto importante sobre el gobierno de las ciudades y municipios”.

En el caso concreto del río Bogotá, el hecho de que el juez haya tomado un tema tan complejo y fijado una metodología trajo consecuencias favorables y desfavorables. “Una de las consecuencias positivas es que las entidades responsables incluyen dentro de la agenda pública las acciones y las actividades que se deben adelantar. Así mismo, hubo un proceso de socialización y comunicación entre las entidades. Sin embargo, se evidencian problemas frente al alcance de las órdenes judiciales, ya que en ciertos puntos corresponden a decisiones y competencias propias del gobierno de la ciudad, con una naturaleza administrativa”, explicó Sánchez.

Otro caso de la incidencia de los jueces en el gobierno urbano es la suspensión del  POT de Bogotá, el pasado 14 de junio cuando un juez administrativo tomó la decisión basado en razones asociadas con el procedimiento para su adopción.  

De acuerdo, con la profesora Contreras los impactos de esta decisión se verán en el mediano y largo plazo. “En este momento estamos viendo unos efectos en el gobierno municipal y la gestión territorial que pasan por unos temas que son carencias en los procesos de gobierno. Se evidencia una desarticulación entre instituciones y niveles de gobierno”.

Sin embargo, esta no es la única sentencia en torno a los Planes de Ordenamiento Territorial de Bogotá. Desde el año 2000 cuando se aprobó el POT, todos los alcaldes han intentado hacer la modificación. La primera fue en el 2003, en el 2004 se hizo una compilación, en el gobierno de Samuel Moreno se realizó un intento de modificación, se registró una MEPOT en el 2013, que fue suspendida, posteriormente unos ejercicios de modificación por el alcalde Enrique Peñalosa  y ahora esta suspensión.

“Aquí hay una importante intervención del juez administrativo. Pero se debe discutir no solo el papel del actor judicial sino el de los cabildos municipales, porque son los  competentes para dar los debates de fondo, en el marco de lo que estableció la Constitución en usos del suelo”, concluyó Contreras.