El suelo de la sabana de Bogotá es protagonista de especulaciones y polémicas tras algunas medidas que las alcaldías han tomado para cambiar el uso del suelo. Básicamente por una decisión del municipio, un predio con un fin específico, por ejemplo, agropecuario, pasa de un momento a otro a convertirse en tierra para uso urbanístico, comercial o industrial.

Según un denuncio de la Revista Semana, recordó un caso que tuvo gran eco en los medios nacionales. La alcaldesa de la Calera presentó un proyecto para incorporar al área urbana un terreno privado para construir 2.000 unidades de interés social, sin embargo, esta iniciativa generó inquietud ya que ese municipio no tiene un déficit de vivienda tan grande como para justificar la magnitud del proyecto. En términos monetarios, el terreno de 11 hectáreas pasó de costar 2.000 millones de pesos a cerca de 20.000 millones de pesos.

El fenómeno de la Calera no es exclusivo para ese municipio, y de acuerdo a la Arquitecta Magister en Urbanismo y estudios en Gestión de Operaciones Urbanas Estratégicas y Docente de la Universidad de Los Andes y la Universidad Nacional, Liliana Ospina, “estas situaciones se empezaron a promover desde el Gobierno Nacional, con la posibilidad que abrió el Plan Nacional de Desarrollo, de permitir vía revisión exprés del POT, la incorporación de suelo rural a urbano para proyectos de vivienda de interés social. Si bien esta disposición buscaba en primera instancia facilitar el desarrollo de proyectos de vivienda gratuita del Ministerio de Vivienda, ha venido siendo utilizado por las autoridades municipales para favorecer intereses económicos de los propietarios de suelo rural, incorporándolos a suelo urbano”.

La Docente indicó además que el precio rural se puede multiplicar por 10 veces o más cuando su norma permite pasar de usos agrícolas a usos urbanos, lo que significa que esas decisiones favorecen a uno o varios propietarios de suelo rural. Sí no se obedece a las necesidades habitacionales técnicamente soportadas y a análisis territoriales de hacia dónde es más conveniente que crezcan las ciudades y en qué proporción, se cae en la retórica de “responder a una lógica perversa de los gobernantes locales, ya sea para devolver favores de financiación de campañas electorales o para recibir dinero a través de terceros a cambio del beneficio normativo otorgado”.

A partir del 2009 los municipios empezaron a modificar los POT para incorporar suelos rurales al perímetro urbano, y en consecuencia cada predio que se incorpora multiplica notablemente su valor, generando un fenómeno conocido como ‘volteo de tierras’, esto ha desencadenado una ola de controversias debido a las autorizaciones de funcionarios, incurriendo en enriquecimiento ilícito.

En este sentido y ante el interrogante de sí ¿es viable que los municipios o más exactamente los funcionarios tengan la autonomía de autorizar dichos cambios o acciones?, el Docente del Instituto de Estudios Urbanos y Arquitecto de la Universidad Nacional, Fernando Montenegro, opina que no es viable, “la clasificación del suelo es potestad de los Planes de Ordenamiento Territorial o de sus revisiones o modificaciones. Cualquier modificación se debe hacer en estos procedimientos. En los cambios de clasificación de suelo es necesario tramitar dichos cambios con las autoridades ambientales y realizar una conciliación”.

Por otro lado, la Docente Ospina considera que es viable que los municipios mantengan la autonomía para modificar sus POT, ya que el hecho de que existan manejos inadecuados en algunos municipios sobre su ordenamiento territorial, no es motivo para que se retroceda en este aspecto de la autonomía municipal.

La situación en la Sabana de Bogotá no es alentadora, los municipios cercanos a la ciudad en los últimos cinco años han expandido sus cascos urbanos y han incorporado suelos para usos industriales o de vivienda, no necesariamente de interés social. Por ejemplo, en Chía se están haciendo megaproyectos que no cuentan con la infraestructura adecuada, es decir, no hay un equilibrio entre el crecimiento constante del municipio y la cobertura de servicios públicos. El Docente Montenegro, considera que es un tema complicado, “los municipios no están planificando adecuadamente su desarrollo y crecimiento. No proponen la infraestructura urbana (vías transporte, equipamientos y servicios públicos domiciliarios) de acuerdo con las necesidades y no prevén los mecanismos para la construcción”, precisó.

Soacha es otro ejemplo que evidencia las problemáticas de los servicios públicos, se construyó toda una ciudadela, un proyecto de 16.000 inmuebles de interés social que carece de servicio de agua y la energía eléctrica es intermitente.
La Docente Liliana Ospina, señala que al no haber quedado la infraestructura de servicios públicos completa como obligación en el proceso de urbanización, se convierte en una responsabilidad de la Administración Municipal el proveer la infraestructura para la efectiva prestación del servicio. En caso de que en el macroproyecto no se hubiera dejado claro, en el plan parcial o la licencia urbanística, el componente de las redes e infraestructuras, recae en el municipio la responsabilidad. “Sin perjuicio de las sanciones disciplinarias y fiscales a que haya lugar contra los funcionarios que aprobaron la urbanización en esas condiciones”, así lo expresó la experta.

Finalmente, el complejo panorama que se desdibuja con respecto al uso de suelo en varios municipios complica aún más el desarrollo metropolitano y aglomeraciones urbanas. En palabras de Fernando Montenegro, “los municipios más pequeños, amparados en procesos elementales o con mediación de agentes corruptos, cambian la clasificación del suelo y proponen nuevos desarrollos confiando en que las grandes ciudades deben cargar con las necesidades de infraestructura. Las grandes ciudades tampoco lo hacen aduciendo que es responsabilidad del nivel nacional o departamental, con lo cual la planificación queda sin argumentos y se producen las situaciones que hoy conocemos”.

Cita el ejemplo del ámbito próximo a Bogotá, en donde los municipios no prevén ninguna infraestructura y se producen los problemas que se conocen en la autopistas sur y norte, en las calles 13 y 80 y en la carretera a La Calera, en donde se reúnen el tráfico de estudiantes y empleados, la congestión por la demanda de equipamientos de educación, salud y por la necesidad de comercio y servicios calificados.

La pregunta que se podría formular en ese sentido sería ¿cuáles medidas de control adicionales a las existentes se pueden tomar para que no se expidan licencias sin control? Liliana Ospina señala que “el problema no son las licencias, porque estás se aprueban cumpliendo una norma. El problema es cuando se define una norma que permite la urbanización sin tener las garantías que los municipios pueden prestar los servicios públicos, o una norma que no precisa la responsabilidad del urbanizador para construir la infraestructura requerida para que el municipio pueda prestarlos”.