El pasado 15 de noviembre el Senado aprobó en sexto debate en plenaria, con 73 votos a favor, el proyecto de ley “Por el cual se incluye el artículo 11-A dentro del Capítulo I del Título II de la Constitución Política de Colombia. [Agua como derecho humano]”.

Sin embargo, el proyecto se encuentra en peligro de ser hundido, ya que a la lucha contrarreloj que tiene el legislativo por aprobar sus pendientes antes del receso, se suma el llamado de urgencia que el gobierno ha dado a la reforma tributaria y a la refrendación de los acuerdos de la Habana, lo que pasa a segundo plano las demás iniciativas.

Con esta iniciativa específicamente se pretende: 1. Declarar el agua como derecho fundamental con prevalencia para el consumo humano, en condiciones de accesibilidad, calidad y disponibilidad, conforme al principio de progresividad; 2. Cumplir con las protecciones de los ecosistemas y áreas de especial importancia ecológica, establecidas por la Corte Constitucional en Sentencia C-035 de 2016; 3. Que el Estado garantice la protección y sostenibilidad del recurso hídrico y ecosistemas.

Adicional a estas medidas, para la profesora de la Universidad Nacional, Carmenza Castiblanco, también es importante que las empresas asuman su responsabilidad con el uso y gestión de los recursos naturales y metan en su estructura de costos la inversión en cuidado ambiental. Cuidar la naturaleza no es un obstáculo para el desarrollo, todo lo contrario, es la garantía para en el largo plazo garantizar contar con recursos cruciales para la producción, por lo que es una responsabilidad que también deben asumir los productores.

Otra dificultad a la que se enfrenta el proyecto, es que el Ministerio de Vivienda, El ministerio de hacienda, El ministerio de ambiente, el Departamento Nacional de Planeación y la Superintendencia de Servicios Públicos, han advertido sobre el riesgo que tiene la reforma en cuanto a la interpretación de la norma lo que puede llevar a pensar que se establece la gratuidad en el servicio de agua potable.

Para la profesora Castiblanco, todas las personas deben tener derecho al mínimo vital de agua, gratuito y garantizado, para mantener el metabolismo y las funciones vitales, independientemente de que tengan como pagarlo o no, ya después se debe cobrar de acuerdo al uso que se le dé, al sistema productivo y la intensidad con que la consuma.

Este proyecto que es de alta importancia nacional por sus implicaciones en la calidad de vida de la población, adquiere aún más fuerza con las recientes declaraciones de la ONU en el marco de la Cumbre del Agua, celebrada en Budapest, donde revelan que la escasez de agua afecta a cuatro de cada diez habitantes del mundo y el escenario no parece mejorar ya que según proyecciones del mismo organismo, la demanda por este recurso crecerá 55% al 2023.

Para la profesora Castiblanco, la presión internacional responde a la crisis ambiental actual donde uno de los recursos que más se afecta con los problemas de cambio climático es la regulación hídrica. Por lo que, si manejáramos el principio de precaución y si fuéramos más responsables frente a las futuras generaciones, ya hace mucho se hubieran impulsado este tipo de leyes para asumir las responsabilidades que todos tenemos.