No es buena la situación actual que enfrenta la población carcelaria en Colombia, muestra de ello, son las recientes emergencias que han sido decretadas por el Gobierno Nacional.

Al respecto el Abogado Hernan Ciprian Nieves, Asesor Jurídico y de Derechos Humanos de la Cárcel la Modelo de Bogotá, manifiesta que dichas emergencias carcelarias se han dado “con ocasión de hechos o situaciones que se están presentando en los establecimientos de reclusión, en los cuales se vea afectado el orden interno y la seguridad penitenciaria y carcelaria, calamidades públicas, situaciones de salud y de orden sanitario, grave hacinamiento y en términos generales ante la ausencia de servicios que ponen en riesgo el Sistema y afectan gravemente los derechos fundamentales”. Lo cual no es para para menos, por cuanto es evidente el problema de hacinamiento y falta de garantías de los reclusos.

Así, recientemente la Defensoría del Pueblo evidenció en la Cárcel de Bellavista de Medellín un hacinamiento del 299% y solicitó a la Corte Constitucional su cierre de manera urgente. Y ni que decir de la Cárcel de Riohacha que tiene un hacinamiento del 452 %. Aunado al paro establecido por los funcionarios y guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en toda la región del Caribe Colombiano.

Pues según el Informe de gestión al Congreso y al Presidente de la República 2015-2016 de la Contraloría de la República: “Mientras en 1995 el hacinamiento era del 10 por ciento, hoy las cárceles mantienen una sobrepoblación de más del 54 por ciento. El cupo actual es para 78.077 personas, unos 40.000 menos que el número real de presos”.

Y es que el problema del hacinamiento carcelario no se resuelve con la construcción de nuevos pabellones, o la reparación de los ya existentes, que se caen de poco por fallas en la infraestructura y alto número de presos, se requieren soluciones de fondo para hacer frente a esta situación que está en la lupa desde hace más de 20 años.

Razón por la cual para el experto existen varias medidas efectivas para atacar el hacinamiento carcelario, tales como: “ i) La utilización de otros mecanismos diferentes a los jurídicos, para prevenir la criminalidad (campañas de prevención, utilización herramientas tecnológicas, fortalecimiento de otro tipo de Políticas Públicas). ii) Una mayor aplicación de las medidas no privativas de la libertad que consagra nuestra legislación penal, iii) La descriminalización de conductas de bajo impacto punitivo y iv) La salida de las cárceles de aquellas personas que ya llevan un buen tiempo privadas de la liberad, atendiendo la gravedad del delito”.

Lo cierto, es que mientras el Gobierno Nacional, resuelve de fondo la situación de los privados de la libertad, si dignidad y garantías mínimas, siguen ausentes de todo plano. Y en cambio, persiste el hacinamiento, la falta de medicamentos, las precarias condiciones de salubridad y el pico y placa incluso para dormir.
Así, aun con la expedi¬ción del Documento CONPES 3828, sobre Política Penitenciaria, la crítica situación en las cárceles colombianas continua y lejos se está de encontrar una respuesta ante este panorama, que más que problemas de hacinamiento trae consigo crisis en la salud y la seguridad de las cárceles, que operan como centrales de mando delincuencial.

El mismo informe de la Contraloría arroja que “entre enero de 2013 y diciembre de 2015, la población intramural creció un 4,9%, mientras que la capacidad de las cárceles apenas se incrementó 2,9%. Lo anterior, ocasionó un aumento de la tasa de hacinamiento de 2,81 puntos porcentuales, pasando de 51,7% en 2013 a 54,5% a finales del año 2015, e implicó que el déficit habitacional se haya incrementado en 4.333 cupos”.

Situación que actualmente persiste, pues según estima el Asesor de la Cárcel la Modelo consultado por el IEU, “actualmente la capacidad de los establecimientos de reclusión es para 80.000 personas y en la actualidad las cárceles colombianas tiene aproximadamente 120.000 personas privadas de la libertad, lo que genera un hacinamiento superior al 50%”.