En 2016, 17 de los 20 países con más casos de homicidio en el mundo y 47 de las 50 ciudades, estaban en América Latina; la tasa de homicidio regional era de 21.5 por cada 100.000 habitantes, mientras que a nivel global la tasa de asesinatos era de 7 por cada 100.000. Estas cifras publicadas por el Instituto Igarapé en su informe Citizen security in Latin America: Facts and Figures evidencian la crisis que enfrenta  la seguridad ciudadana en los países de la región. 

De manera diferencial algunos gobiernos han tomado medidas para combatir los altos niveles de criminalidad, pero a pesar de años de esfuerzos y amplias mejoras sociales y económicas, el crimen ha empeorado y las poblaciones carcelarias se dispararon; entre 2000 y 2015 la escala de homicidios en la región aumentó 12 %, según el informe.

Para Ricardo Sosa, experto en seguridad y criminología de El Salvador, los factores que hay detrás de esta criminalidad en la región están relacionados con el crimen organizado y las pandillas. “Hay aspectos fundamentales vinculados directamente con la violencia y el crimen en América Latina como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, la extorsión, la corrupción y la impunidad”, señala. 

A lo anterior se suma una cultura machista que persiste y está arraigada en la región, que provoca enfrentamientos entre los mismos hombres, violencia contra la mujer, feminicidios y violencia intrafamiliar, según el experto. 

Paola González, consultora en temas de prevención de violencia y seguridad, asegura que en la región no hay una política que logre impactar de manera positiva la reducción de criminalidad; específicamente los países latinoamericanos han tenido falencias en los programas de prevención, dado que no  responden al fenómeno de manera diferencial. 

“No tener políticas de prevención y menos de prevención diferenciada - violencia contra la mujeres, violencia de niñas, niños y jóvenes o violencia intrafamiliar - redunda en altas tasas de criminalidad”, advierte. 

Urbanización y crimen

El 80 % de la población en América Latina es urbana; varias de las megaciudades de la región están entre las más grandes del mundo como Buenos Aires, México y Sao Paulo, además de ciudades en expansión como Bogotá, Lima y Río de Janeiro. Estos procesos acelerados y descontrolados de urbanización han generado asentamientos de periferia, zonas caracterizadas por la fragmentación, segregación y exclusión, lo que complejiza la lucha contra la criminalidad. 

De acuerdo con la investigación del Instituto Igarapé, debido a las altas tasas de urbanización, existe un alto nivel de concentración de violencia criminal en América Latina. No en vano, la seguridad es uno de los temas que más preocupa a la población urbana. La violencia criminal no solo está concentrada en subgrupos específicos de regiones, sino que también está hiper-agrupada en ciudades, vecindarios y hogares específicos. 

El experto Ricardo Sosa asegura que América Latina necesita prestar más atención a la criminología ambiental, una disciplina que va más allá del delincuente como sujeto individual y  se concentra en el análisis del contexto del perpetrador del delito y los objetivos que lo rodean en un momento específico de tiempo y lugar.  

“A medida que le demos paso a la criminología ambiental en el diseño y planificación de las nuevas urbanizaciones estaremos incorporando factores que nos ayuden a prevenir y desincentivar la criminalidad. Una comunidad limpia, ordenada, iluminada y con infraestructura verde, desincentiva al criminal a cometer delitos”, advierte. 

Pobreza y criminalidad

A pesar de las mejoras en la reducción de pobreza, la disminución de la desigualdad de ingresos y el aumento de la clase media, la violencia criminal prevalece en los países latinoamericanos y  sigue en aumento en la mayoría de ellos. 

Lo llamativo, explica la investigación, es que la relación entre el crimen violento y el desarrollo general no es lineal; esto se debe a que a medida que crecen los ingresos, la oportunidad y los costos, el crimen también aumentan. 

La investigadora González considera que si bien existe un vínculo entre criminalidad y pobreza, es necesario analizar dicha relación en términos de baja presencia de los Estados e incapacidad de desarrollar políticas inclusivas con toda la oferta institucional. 

Para González, en contextos de marginalidad las economías ilegales toman ventaja, “porque el Estado es ineficiente y corrupto, sin generalizar, con poca gobernanza de la seguridad, sobre todo a nivel local; esto dificulta que la seguridad se gestione de la mejor manera, en línea con la protección y garantía de los derechos”. 

“Esto hace que de una u otra manera los grupos criminales compitan con lo que el Estado ofrece, haciendo que los focos de delitos se concentren donde hay más insatisfacción de necesidades básicas o de acceso a bienes y servicios públicos”, afirma. 

Esta falta de oportunidades y necesidades básicas insatisfechas hacen que la población más vulnerable sean  los jóvenes. Según el informe, las tasas de homicidio se concentran especialmente entre la población juvenil, con cifras tres veces más altas que la población general, llegando a 70 por cada 100.000 habitantes. De hecho, el 46 % de todas las víctimas de homicidio en América Latina tienen entre 15 y 29 años.

Fortalecer los sistemas judiciales y penales, diseñar e implementar políticas públicas diferenciales, integrar las instituciones, robustecer y consolidar los sistemas de información, estandarizar estadísticas e indicadores y trabajar desde las organizaciones de la sociedad civil, son algunas de las medidas que podrían contribuir a la reducción de la criminalidad en América Latina, según los expertos.