¿Qué entender por corrupción?

De acuerdo con la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el concepto de corrupción es amplio. Incluye soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por un funcionario público, pero no es limitado a ello. La corrupción también puede ocurrir en los casos de nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada para fines personales y la compra y venta de las decisiones judiciales, entre varias otras prácticas. (UNODC, 2010)

Este es un tema que ha tomado vital importancia a nivel regional por los recientes hechos de corrupción presentes en América Latina; en la última Cumbre de las Américas, los Jefes de Estado y de Gobierno de los países democráticos del hemisferio deliberaron y llegaron a acuerdos sobre la corrupción como uno de los principales retos que enfrenta la región. Colombia se ubica como uno de los países con mayor fraude y corrupción después de México y Brasil.

Colombia, un país en el abismo de la corrupción

Tener ciudades como Buenaventura, en donde los últimos cuatro alcaldes están siendo investigados por corrupción por presuntos actos de corrupción; o Armenia, en donde su exalcaldesa también enfrenta un proceso judicial por los delitos de peculado, falsedad ideológica en documento público, concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en celebración de contratos, por irregularidades en los cobros de valorización de la ciudad; o Cartagena, que se enfrenta a un proceso de elecciones atípicas para elegir al nuevo Alcalde, después de que el actual renunciara para responder ante la justicia por presuntos hechos de corrupción en la elección de la contralora distrital; parece no alarmar a una sociedad que se acostumbró a vivir en medio de la corrupción.

Esto sin contar con los escándalos de corrupción al interior de las Fuerzas Militares y el “Cartel de la Toga” que se suma a una cantidad de carteles, que también pone en entredicho la capacidad judicial del Estado, al ser paradójicamente el poder encargado de juzgar y penalizar los casos de corrupción.

En Cartagena, el 67% de la población cree que los constantes cambios de Alcalde en Cartagena han afectado su calidad de vida y creen que el nivel de corrupción en la ciudad ha aumentado. (Cartagena Cómo Vamos, 2017)

Para el profesor Víctor Mauricio Castañeda, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, la corrupción si bien no es un fenómeno reciente, es un problema estructural de la sociedad. En su opinión “la sociedad no le da la importancia que merece el tema y esto se debe a que la noción de lo público no es muy clara para los ciudadanos, quienes además no apropian la importancia que requiere hacer una veeduría constante al funcionamiento mismo del Estado”, expresó.

En Bogotá el 51% de la población, considera que el nivel de corrupción ha aumentado. (Bogotá Cómo Vamos, 2017)

Es así como hace un llamado a la conciencia ciudadana sobre los recursos públicos y a ejercer un mayor control en la veeduría en la ejecución presupuestal. Aunque los impactos de la corrupción no se pueden medir de manera directa, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2018) calcula que el costo anual para la sociedad ronda 17.000 millones de dólares. “Con que se pierdan $50.000.000 de pesos al año y se asume que en Colombia somos 50.000.000 de colombianos, es como si a cada persona le estarían quitando un 1.000.000 de pesos, más o menos $83.000 pesos mensuales al año; un cálculo considerable, si se tiene en cuenta que más del 50% de la población subsiste con un salario mínimo”, explicó el profesor.

En 2017, el 46% de los Caleños considera que el nivel de corrupción de la ciudad en los últimos años sigue igual. (Cali Cómo Vamos, 2017)

¿Cómo hacerle frente a la corrupción?

En este sentido, “como es un tema social, no se puede resolver de un día para otro. Se requieren políticas de largo plazo”, afirma el experto. Por esto recomienda a las instituciones y entes de control generar mayor confianza en la ciudadanía, a través de procesos de transparencia y mejora en el sistema de contratación directa y compras públicas.

A manera de ejemplo indica que, en términos instrumentales, una buena herramienta sería tener bases de información de precios actualizados para los insumos que se requieren en términos de contratación, esto ya que la corrupción en las entidades públicas se da en su mayoría en los procesos de contratación en las compras, ante la posibilidad de modificar precios de manera indiscriminada.

De otro lado, indicó que “la rendición de cuentas, permite el acceso libre a la información. Sin embargo, a la ciudadanía no le interesa, termina siendo un ejercicio de la administración pública consigo misma”.

Así mismo, recomienda aumentar la concentración sobre las entidades territoriales con mayor riesgo de corrupción y tener penas ejemplares; para el profesor el hecho de que el corrupto pueda cumplir una pena privativa de la libertad en su lugar de residencia y no en un establecimiento penitenciario carcelario y no se garantice el reintegro total del dinero apropiado, es muestra del gran vació judicial.