El profesor Fernando Viviescas, del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, señaló en el programa UN Análisis de UN Radio que “tanto el decreto como la ley 1796 de 2016 son elementos que apenas nos permiten entrar en el campo de la civilización”.

El decreto plantea las medidas de protección al comprador de vivienda nueva, a través de las generalidades de las medidas de protección, hablando del patrimonio - fiducia en garantía, la garantía bancaria, la póliza de seguro y otros mecanismos. 

“Es importante tener en cuenta que la construcción es el elemento fundamental que tiene la sociedad para poder erigirse y funcionar. Pero en Colombia ni la ley ni el decreto alcanzan a ser lo suficientemente fuertes para garantizar que se dé la transformación de la naturaleza para que podamos actuar de una manera segura sobre la faz de la tierra”, consideró Viviescas.

Además el académico señaló que “el punto central es la calidad, porque muchas veces no hay control sobre esta y se caen edificios, casas, puentes, y se generan daños en hidroeléctricas, pero nadie responde. Eso tiene que cambiar”.

El otro punto es quién va a pagar los cotos de un seguro ante la posibilidad de la ruina. “El consumidor es quien va a terminar costeando todo, porque esa es una de las características de nuestro sistema económico. Pero el comprador se supone que adquiere algo de calidad. Con lo que ganan las constructoras podrían cubrir eso pero no lo van a hacer”, concluyó Viviescas.

En caso que las familias requieran arrendamiento, el Gobierno Nacional otorgará un subsidio por un valor mensual de hasta 1,5 salarios mínimos mensuales.