De acuerdo con el informe "Así se comporta el delito en Colombia en época de confinamiento: preguntas y reflexiones"Así se comporta el delito en Colombia en época de confinamiento: preguntas y reflexiones" de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) durante los meses de cuarentena el hurto a personas se redujo en un 67 %  a nivel nacional y el homicidio en cerca del 15 %, a pesar de que en algunas ciudades aumentó. El reporte señala que durante este periodo no hubo homicidios en 496 municipios, que equivalen al 45 % del territorio nacional. 

En diálogo con el programa radial Observatorio de Gobierno Urbano, de UN Radio 98.5 FM, Jerónimo Castillo, director de Seguridad y Política Criminal de la Fundación Ideas para la Paz, explicó que el informe es una invitación a reflexionar y analizar los fenómenos delictivos en Colombia, dado que las reducciones no fueron significativas para un contexto de confinamiento total y tampoco se presentaron de manera homogénea en el país. 

Para el profesor Andrés Nieto, investigador de la Universidad Central, “la pandemia está invitando y prácticamente obligando, a la academia y a los sectores público y privado, a pensar la seguridad desde otras formas”. Si bien bajaron los índices criminales, el académico considera que es un error comparar estos datos respecto al mismo periodo de 2019, teniendo en cuenta que el 2020 ha sido un año atípico. 

“No hay una política pública de seguridad que explique la inhibición de la actividad delictiva en el país. Al no ser una reducción homogénea en los distintos municipios, vale la pena plantearse nuevas preguntas”, resaltó Jerónimo Castillo.

“Eso nos lleva a pensar qué está pasando y cómo entendemos el conflicto, la seguridad, la convivencia y el orden público”, agregó el profesor Nieto. 

Frente a los homicidios, el investigador Castillo señaló que desde el punto de vista urbano, es interesante observar reducciones significativas durante el confinamiento en ciudades como Cali y Medellín, a diferencia de Bogotá, donde se pensaba que el efecto de la pandemia podría ser mayor. “En la capital del país el comportamiento de los homicidios fue estable y con una ligera tendencia al crecimiento, eso invita necesariamente a replantear algunos de los argumentos centrales que se tienen sobre seguridad”, dijo. 

“Deberíamos preguntarnos por qué no tenemos una política pública de prevención de homicidios, para entender el fenómeno de manera estructural”, cuestionó Castillo.   

Para el profesor Nieto, el problema radica en que en medio del conflicto armado la preocupación se ha centrado en las muertes violentas de lo que se ha considerado como una ‘mano negra’, desconociendo otras situaciones sociales, políticas y económicas que llevan al ajuste de cuentas, la justicia por mano propia y el enfrentamiento entre bandas delincuenciales por quedarse con la rentas ilícitas al interior de las urbes. “Es importante identificar cuáles son las situaciones que llevan a reducir o no el homicidio”, advirtió. 

Uno de los delitos que más afecta a los ciudadanos es el hurto. Considerando su evidente relación con el espacio público, durante el confinamiento se produjo una inhibición drástica: el hurto a celulares se redujo significativamente pero surgió con más fuerza el robo de bicicletas, según señaló el investigador Jerónimo Castillo.  “Una de las advertencias que hacemos desde la FIP es que dados los nuevos esquemas de ocupación del espacio público que se producen a partir de la pandemia, la actividad delictiva tenderá a cambiar su comportamiento, por eso es necesario hacer un esfuerzo por comprender qué es lo que está pasando”, aseguró.   

Frente a este escenario, el profesor Andrés Nieto consideró que si la Policía se sigue desgastando en situaciones que no le corresponden y para las que no tienen facultades, “no van a poder especializarse en las nuevas formas delincuenciales, estas requieren una forma diferencial de enfrentarla”. 

Los investigadores coincidieron en que la principal dificultad para analizar de manera real las nuevas dinámicas del delito y  proponer estrategias efectivas, tiene que ver con la disponibilidad y calidad de la información. “Estas dificultades no permiten transparencia en los datos e impiden la generación de política pública; desde la academia también podemos construirla colectivamente pero este trabajo parte de tener los insumos y que no nos vean como enemigos”, manifestó Nieto. 

Los expertos señalaron que la transparencia en la información, el tratamiento diferencial en los territorios del país dadas las particularidades de los municipios, la participación activa de la ciudadanía y los organismos de control, una visión integral de la seguridad ciudadana, convivencia, justicia y derechos humanos, y un análisis crítico desde la propia institucionalidad para reconocer avances y retrocesos, son algunas de las recomendaciones para asumir una nueva política pública de seguridad.