De acuerdo con el Ministerio de Justicia, esta iniciativa buscará humanizar la política criminal y penitenciaria del país. El pasado 06 de febrero  fue presentado el proyecto o de ley ante el Congreso donde se definirá su futuro. Además, tiene como finalidad avanzar en la superación del estado de cosas inconstitucional, declarado por la Corte Constitucional  desde 1998. 

“Se han ido acumulando situaciones en el sistema penitenciario y, de acuerdo con un fallo reciente de reciente  de la Corte Constitucional,  también en las URIs y estaciones de policía, que evidencian una realidad muy adversa para las personas privadas de la libertad. Tasas de hacinamiento, problemas de acceso a la alimentación, dificultades en la atención en salud, es decir, unas condiciones indignas que no garantizan que las personas salgan resocializadas”, expresó el viceministro.

Según Umaña, este proyecto busca provocar unas reformas al sistema penitenciario y a la política criminal, que permitan explorar y hacer ahínco en estrategias de resocialización, para que las personas privadas de la libertad realmente estén enfocadas en un tiempo de restricción del movimiento, que no implique restricción de las condiciones dignas mínimas de vida. Además, se deben estimular, para el beneficio de las víctimas, programas de restauración y de reparación que le quite muchas de las cargas al sistema punitivo.  

Sin embargo, el estado de cosas inconstitucional en las cárceles, es un problema de vieja data. “Salvo algunos periodos en los cuales se ha logrado tener cierta estabilidad en el sistema penitenciario, durante los últimos 25 años ha estado en crisis. Cuando salió la primera sentencia de la Corte Constitucional lo que se hizo fue pensar en construir más cárceles y crear más cupos penitenciarios, pero el problema se agravó, porque se duplicó la población penitenciaria. En los últimos años se ha avanzado un poco en el control de esa situación mediante los sistemas alternativos de castigo” afirmó el profesor Tamayo.   

Hacinamiento

La población recluida en carceles y penitenciarias ha bajado, sin embargo, no se han reducido los problemas. De hecho el problema en los últimos años se ha trasladado a unos espacios de encierro locales que no tienen las condiciones para albergar población privada de la libertad. “Eso hace que las vulneraciones de derechos que se tenían en el sistema penitenciario se hayan pasado para espacios con URIs y estaciones de policía", recalcó Tamayo.

“Con la ley 65 de 1993, existe la obligación de que los municipios y entidades territoriales asuman la responsabilidad por la custodia de personas detenidas sindicadas. Sin embargo, muchos municipios no han podido acoger esta obligación. Por eso, el problema se trasladó a las URIs y estaciones de policías, porque la detención se prolonga de una manera indebida allí. La pandemia exacerbó esta situación aún más, debido a que las cárceles se cerraron completamente”, aseguró Umaña.

El viceministro consideró que esta es una problemática estructural que no se resuelve solamente con una ley sino que se debe atender con una serie de medidas integrales. “Para solucionar el problema hemos tomado varias decisiones. Una es trasladar a los condenados a centros de reclusión del orden nacional. Adicionalmente, hay una serie de medidas que se deben tomar desde el orden territorial, que deben avanzar hacia la creación de mejores  instalaciones y la preservación y custodia de estas personas”.

¿Cambio de modelo?  

Cuando surgen las iniciativas referidas a la necesidad de generar alternativas a las medidas de detención preventiva surge la preocupación sobre la eficacia y aplicación  del castigo. Umaña aclaró: “El proyecto no tiene como presupuesto que no se podrá detener a las personas que hayan cometido delitos. La iniciativa sencillamente estimula las medidas de resocialización, las formas de reparación a las víctimas lo que permitiría salidas diferentes a los conflictos sociales. Solamente establece un marco del proceso que debe seguir la persona para que pueda aplicar a la serie de posibles subrogados”.

Cuando se tienen estos debates se deben separar los casos extremos y excepcionales de los ordinarios. “Es muy usual que cuando surgen las discusiones sobre búsqueda de medidas alternativas al castigo se muestren los casos más extremos para determinar  qué podemos hacer. Pero el sistema en general no funciona alrededor de los casos excepcionales. Colombia tiene unas cifras de reincidencia relativamente bajas en comparación con otros países de la región. Eso no quiere decir que el país esté mejor en términos de seguridad. En los últimos tres años, la población penitenciaria se redujo en 25 mil personas, algunas pasaron a otros mecanismos de control como la prisión domiciliaria. Pero las cifras de delitos hoy son muy similares a las registradas hace tres años”, analizó Tamayo.  

Las institucionalidad

El proyecto de ley no cambia el catálogo de delitos, tampoco crea nuevos beneficios ni subrogados. “Con el mismo marco, lo que propone este proyecto es una reorganización de los beneficios y subrogados, les da un porcentaje más racional. La idea es organizarlos en el contexto de la pena y que sean progresivos, que premien a las personas que se portan bien, que se resocializan, que reparan a las víctimas y que cumplen con las condiciones del régimen penitenciario”, indicó Umaña.

El profesor Tamayo expresó su preocupación porque el sistema penal tiene una alta carga fiscal para el Estado. “El viceministro informó que crear un cupo carcelario cuesta 200 millones de pesos y sostener a cada uno de los privados de la libertad vale 36 millones de pesos. A estos costos hay que sumarle la policía, la fiscalía, los jueces, etc. Entonces, las instituciones van a estar mal porque hay un problema presupuestal general. El problema es si el INPEC va a tener la capacidad de implementar los programas que se proponen en la reforma”, concluyó Tamayo.     

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