Jorge E Torres R* 

El crecimiento urbano incide de forma importante sobre la estructura del Estado en tanto implicará una transformación significativa en varios de sus componentes, de los cuales, en el marco de este artículo, se considerarán tres: I) La generación de recursos; II) La orientación del gasto público; III) Los requerimientos de una estructura productiva diferente.   

En cuanto a la generación de recursos, el crecimiento urbano significará un cambio en el origen y la dimensión del potencial de recursos fiscales, especialmente los propios, derivados de las rentas del suelo urbano y el impuesto de industria y comercio, los cuales aportan en las ciudades colombianas el mayor flujo de recursos. Al respecto, el impuesto predial constituye un tributo con trayectoria y conocido por los propietarios de bienes inmuebles, es dimensionable, registra tasas de mora bajas, es posible proyectar su recaudo y las ciudades pueden comprometer los flujos futuros para anticipar sus ingresos fiscales. 

Esta condición, inherente al crecimiento urbano, implica para la estructura del Estado desarrollar una capacidad de gestión fiscal eficiente para los procesos de recaudo y aplicación. La disposición de pago de los contribuyentes depende de que los gobiernos de las ciudad reviertan a las comunidades, en la forma de servicios, infraestructura, etc., los impuestos que le entregan a su ciudad. 

Una gestión fiscal eficiente en el marco de un proceso de crecimiento urbano habilita a las ciudades para ampliar la generación de recursos mediante su acceso al crédito y la titulación de ingresos futuros¹.    

Sobre el gasto público es pertinente señalar que el crecimiento urbano implicará un incremento significativo en los requerimientos económicos implícitos en la atención de las necesidades y derechos de los ciudadanos que se forman en su relación con el hábitat local. La población urbana crece más rápidamente que la asentada en los centros poblados y la rural dispersa. 

Es conocido que el campo está perdiendo población y, en consecuencia, en la nueva situación planteada la estructura del Estado deberá asumir ahora mayores exigencias fiscales para atender el cumplimiento de los mandatos constitucionales respecto de las prioridades del gasto público social y de las que la administración local defina como parte de los programas de su plan de desarrollo económico y social. Además, las correspondientes a los planes de ordenamiento territorial . 

Colombia se encuentra en una fase de transición demográfica y esta condición, en el transcurso del crecimiento urbano, implica una formación anual de nuevos hogares que supera las tasas de crecimiento de la población. La nueva realidad de la ciudad generará una demanda de recursos fiscales para la atención de las necesidades sociales, incluyendo la lucha contra la pobreza, la desigualdad, etc. Se destacan de forma especialmente importante los requerimientos de gasto público para promover, financiar y fortalecer, en el marco de sus competencias y prioridades locales, los procesos de formación de capital humano, los cuales representan para los ciudadanos un activo que los protege contra los choques económicos que conducen a condiciones de vulnerabilidad y pobreza.   

En tercer lugar, paulatinamente la estructura económica escalará en su diversificación y complejidad, lo cual constituye uno de los requisitos esenciales para lograr un crecimiento económico que aporte beneficios sobre la calidad de vida de la población de la ciudad. La generación de empleo de calidad para la oferta creciente de mano de obra, los mejores ingresos y la cobertura de seguridad social, etc., son propios de una economía que contenga estas condiciones. En estos términos, el crecimiento económico se puede considerar como uno de los pilares del desarrollo sostenible si se integra con los programas sociales de la administración local. 

La nueva economía, requerida en los procesos de crecimiento urbano, impone imperativos a la estructura del Estado en el sentido que debe contribuir a la formación de un mejor nivel de competitividad de las actividades económicas más dinámicas, es decir, aquellas de una alta productividad de factores, que generan mayor valor agregado, empleo, etc. Al respecto, los indicadores de competitividad se reconocen también como determinantes de la productividad de una ciudad, región, etc. 

Se consideran como pilares de la competitividad los siguientes: instituciones; infraestructura y equipamiento; adopción TIC; sostenibilidad ambiental; salud; educación básica y media; educación superior y formación para el trabajo; entorno para los negocios; mercado laboral; sistema financiero; tamaño del mercado; sofisticación y diversificación; innovación. Es claro, entonces, que estos indicadores, consultados por las empresas para definir su localización productiva, están muy relacionados con lo que se puede implementar en una ciudad, en desarrollo de la gestión y recursos de la estructura del Estado local.