Instituto de Estudios Urbanos - IEU

En 1991 se da un viraje en la concepción de la política de vivienda en Colombia, con el cual se transforman los mecanismos e instrumentos de intervención del sector público. Se desmontó la política basada en la participación del Estado en la producción y financiación de vivienda social y se introdujo el sistema de subsidio directo a la demanda. En el mismo año el derecho a un "Hábitat Digno" se incorporó como un mandato Constitucional. En un contexto de descentralización que otorga a los municipios y distritos una mayor autonomía en el manejo y ejecución de los recursos, la Ley 388 de 1997 de Desarrollo Territorial establece que corresponde a los municipios garantizar el derecho al hábitat. La ley rescató la función pública del urbanismo y estipuló tres principios rectores: la función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de las cargas y los beneficios. Lo anterior, mediante la promulgación y adopción de los Planes de Ordnamiento Territorial-POT- municipales. Un tema obligado en los POT es la definición de la estrategia de mediano plazo para el desarrollo de programas de vivienda de interés social, de mejoramiento integral, las directrices y parámetros para la localización en suelos urbanos y de expansión urbana, para atender la demanda de vivienda de interés social y el señalamiento de los correspondientes instrumentos de gestión.

En este contexto de importantes transformaciones y próximos a cumplirse diez años de la expedición de los POT en los municipios del país, conviene revisar cuál ha sido el avance de la reflexión sobre los resultados de las dinámicas residenciales, del papel del sector privado, del sector público y del sector informal y sus repercusiones sobre las desigualdades urbanas y condiciones habitacionales de la población. Así mismo, merecen una reflexión especial los cambios que supone la adopción de los nuevos mecanismos de ordenamiento urbano en la producción de vivienda de bajo costo y en las políticas pertinentes.