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A instancias de un encuentro internacional sobre políticas e instrumentos en gestión del suelo que se lleva a cabo en Medellín, dos expertos en temas de desarrollo urbano plantean las ventajas y las dificultades en la búsqueda de consolidar las llamadas zonas metropolitanas.

 

La lucha de poderes dificulta los consensos
Martin Smolka
Director del Programa para América Latina del Instituto Lincoln
La primera constatación que se tiene de las dificultades para la conformación de zonas metropolitanas es que siempre hay un municipio muy fuerte, lo que se conoce como macrocefalia, con una escala de desarrollo y capacidad financiera mucho más grande al resto de los entes que quieren establecer un pacto o zona metropolitana.
Esa diferencia, de entrada, establece reglas de juego difíciles de compartir entre todos, porque los intereses son distintos. Si tomamos a Medellín como ejemplo, es evidente que en comparación con Bello o Copacabana, las escalas de prioridades son muy distintas y, por ende, sus objetivos también.
Desde el punto de vista más pragmático, siempre hay un juego de fachadas y un juego de facto. Esto es, un juego en el que se crea un organismo superior a los entes municipales, una zona metropolitana, pero en realidad siempre hay otro juego, pues todo sigue funcionando con intereses individuales. Ese es el mayor obstáculo a la consolidación de zonas que comparten intereses y problemas y ese fenómeno no es exclusivo del Valle de Aburrá, sino de todas las ciudades que buscan integraciones metropolitanas.
Es obvio que el interés del municipio central es mantener el poder para gobernar y hacer que los municipios pequeños se peleen entre sí y con ello establecer las reglas. Los pequeños tratan, entonces, de minimizar las pérdidas por estar más lejos del poder que ejerce el municipio grande, y optimizar las inversiones que se hacen desde la centralidad. Los municipios compiten de forma predatoria entre sí y eso dificulta llegar a consensos.
La mayor dificultad de este esquema es atraer más inversión en beneficio de todos. Es lo que en Estados Unidos se conoce como "corrida hasta el fondo", en la que todos pierden, porque las condiciones no las ponen los municipios, sino los inversionistas.
¿Cómo revertir esa situación? La salida es hacer una "corrida al tope", hacia lo más alto de la escala, en la que existan reglas de juego y la competencia genere beneficios para todos. Y es ahí cuando se hace necesario la creación de una entidad por arriba de todos los municipios que regule esas dinámicas, distintas y con intereses particulares, entre los municipios que quieran estar en esa área.
En Brasil, por ejemplo, existe una ley de responsabilidad fiscal. Algunos de sus componentes, porque la norma es muy amplia, es la existencia de regulaciones en materia de exenciones y beneficios fiscales que los municipios pueden ofrecer, en detrimento de la estabilidad de los demás asociados.
No conozco en detalle cómo funciona la zona metropolitana del Aburrá, pero mi primera impresión, después de escuchar algunas manifestaciones de los alcaldes, es que cada ente territorial tiene unas potenciales y características que lo hacen diferente a los demás y lo hacen importante para el colectivo. Si un municipio, por ejemplo, es el pulmón del área, cuánto vale eso y cuánto valdría no tener ese pulmón. Ahí es cuando comienza la negociación y la posibilidad de llegar a acuerdos entre todos. Y negociar no siempre es un tema de consensos, sino de intereses particulares. Y, entonces, volvemos al principio.

Un instrumento contra la inequidad
Mauricio Faciolince Prada
Director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá
La experiencia reciente confirma la necesidad de transformar el ejercicio de la gestión pública hacia una gestión coordinada y convergente que integre las diversas dinámicas y procesos para la concreción de proyectos estratégicos de interés regional.
En este contexto, las áreas metropolitanas constituyen un instrumento innovador de primer orden en tanto agrupan entidades territoriales que comparten hechos de carácter físico, económico o territorial con el propósito de coordinar, además de estos asuntos comunes, los que se derivan de su condición de homogeneidad.
El Área Metropolitana Valle de Aburrá se ha venido consolidando como uno de los casos más relevantes para América Latina. Se crea hace 30 años y en la actualidad, y en virtud del marco legal que la sustenta, es autoridad ambiental urbana, de movilidad y transporte público, y ente planificador del territorio metropolitano.
El AMVA tiene la posibilidad de coordinar los asuntos que trascienden los límites municipales, por tanto representa el mejor instrumento de redistribución de cargas y beneficios a escala regional, ahí residen sus potencialidades y al mismo tiempo los grandes desafíos que enfrenta para los tiempos venideros.
La primera oportunidad es la de consolidar una visión regional de la que derivar políticas consensuadas. Se puede dar cuenta de un trabajo formulado ya en el plan metrópoli 2020, y que en algunos temas relevantes y específicos como el de movilidad, ordenamiento y manejo de la cuenca ha presentado algunos avances, pero que aún requiere de un ejercicio de instrumentación concertado, en el escenario político, en el contexto de lo técnico y en el ámbito de la ciudadanía.
En el mismo sentido, se hace necesario definir e implementar políticas metropolitanas que preserven los intereses supramunicipales en lo ambiental, que cobra mayor relevancia cada día. Pero el mayor desafío reside en definir, a partir de estos planes, políticas e instrumentos que son tarea irrenunciable de la entidad, un marco de acción para la gestión pública cotidiana, mecanismos menos frágiles de concertación en favor de intereses suprarregionales.
Lineamientos que permitan además de definir proyectos, implementarlos con la participación de los diversos actores de la sociedad para que a través de ellos se pueda movilizar el desarrollo equitativo, armonizado de una región que está llena de contrastes e inequidades. Lo anterior, supone también aprendizajes. Cuanto se ha llevado a cabo hasta la fecha aún no ha sido suficiente y el desarrollo de la región dista de ser armónico. Se requiere implementar sin temor los instrumentos que ofrece la legislación vigente para proteger los recursos naturales y proteger el ambiente, para ordenar el territorio, y para coordinar los sistemas estructurantes de movilidad y transporte.
Pero se requieren compromisos efectivos de responsabilidad colectiva, de todos los sectores y actores de la sociedad. Una nueva gestión pública supone alianzas, supone trabajo compartido, cogestión y corresponsabilidad, supone beneficios compartidos y cargas en equilibrio.
Un enorme desafío por atender y que podría marcar la diferencia entre una ciudad con mayores y mejores servicios para la ciudadanía.
Fuente: Periódico  El Colombiano. [en línea]. [consultado 7 de abril 2010]. Disponible en: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/es_posible_un_area_metropolitana/es_posible_un_area_metropolitana.asp?CodSeccion=211

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