De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, las determinantes de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) son las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente; la conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles consideradas como patrimonio cultural; los servicios públicos y los componentes de ordenamiento territorial de los planes integrales de desarrollo metropolitano. Ninguno de ellos asociados a la actividad minera o sus variables.

Esto sucede, según Julio Fierro, profesor de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), porque la actividad minera y de hidrocarburos va en contravía de las determinantes para formular y adaptar los POT.  Además, la escala a la cual está el potencial minero en Colombia impide esta inclusión porque no corresponde a las escalas del ordenamiento territorial ni de zonas rurales, ni de urbanas.

Sin embargo, el viceministro de Minas y Energía, Carlos Andrés Cante, consideró que no es conveniente para el país hablar de ordenamiento territorial sin tener en cuenta las variables minero energéticas, ya que existen unas vocaciones productivas del territorio. “Lo que se trata es de generar un proceso de concertación, concurrencia y subsidiaridad para tratar de identificar cuáles son los impactos y las posibilidades de mitigación, compensación y recuperación”, afirmó.

En este sentido, el viceministro insistió en que se requiere un nuevo acuerdo nacional frente al modelo de desarrollo minero energético en el país, que involucre todas las variables que tienen que ver con el territorio y la ciudadanía pero que no esté basado en el principio de: “en el país no se va a hacer minería”. Según el funcionario, en el mundo están comprobadas formas de desarrollo de minería bien hecha, que son compatibles con las otras vocaciones productivas en el territorio.

Al respecto, el profesor Fierro aclaró que no existe minería sostenible, ya que la sustentabilidad tiene que ver con la posibilidad de hacer una extracción a una tasa tal que el elemento natural que está siendo extraído se recupere, “pero en el caso de la minería y los hidrocarburos no hay renovación”, aseguró. De ahí que exista el Sistema General de Regalías que no es más que la contraprestación económica que surge de la explotación de un recurso natural no renovable, de acuerdo con la Constitución Política de Colombia.

Otro de los argumentos del viceministro de Minas tiene que ver con la distancia a la que se desarrolla la actividad minera y los beneficios que le trae a los territorios. Para el funcionario, “en la mayoría de los casos estos proyectos son rurales, no se encuentra una actividad minera cerca a poblaciones urbanas y, al contrario, en muchos casos, el proceso de ordenamiento territorial se ha hecho al vaivén del desarrollo de la actividad minera, en casos como el Cerrejón (La Guajira), Cerro Matoso (Córdoba) o Drummond (Cesar)”.

Al contrario, el académico explicó que Colombia está ubicada en los Andes más densamente poblados de toda Suramérica, por lo que “pretender que hay zonas rurales sin gente riña con la realidad de buena parte de los territorios, en donde hay campesinos, quienes intuyen el riesgo de esta actividad sobre su modo de vida y sobre su salud y sus actividades productivas”.

Más bien, agregó Fierro, la minería induce a una exacerbación de la corrupción y la violencia, siendo los municipios con actividad minera los que tienen los peores indicadores socioeconómicos y culturales. “Alrededor de esos proyectos lo que hay son poblaciones que han sido desplazadas de manera forzada, afectadas en su salud publica sin que haya unos estudios definitorios”, advirtió. 

Consultas populares

Piedras (Tolima), Tauramena (Casanare), Arbeláez (Cundinamarca), Pijao (Quindio), Cabrera (Cundinamarca), Cajamarca (Tolima), Jesús María (Santander), Cumaral (Meta) y Sucre (Santander) son algunos de los municipios que mediante consulta popular, consagrada en la Ley 134 de 1991, decidieron decir ‘no’ al desarrollo de proyectos extractivos en su territorio. (Lea aquí: Consultas populares mineras son el reflejo de la insostenibilidad del modelo de Estado)

Mientras que el profesor Fierro señaló que esta tendencia de consultas populares para pronunciarse sobre su territorio es una “rebelión municipal”, el viceministro Cante afirmó que las preguntas que se han hecho en las consultas mineras generan confusión entre los ciudadanos, porque los sitúa en una contradicción que debería ser primero sometida a consideración del orden técnico, que es en el que se tiene la posibilidad de desarrollar el potencial minero de Colombia.

“Hemos pensado en la posibilidad de que sea el Estado el que haga ese primer barrido de prospección y conocimiento geológico para determinar cuál es la riqueza potencial del subsuelo y así empezar a hablar de un verdadero ordenamiento territorial con una variable minero energética incluida”, manifestó el funcionario en el Foro Nacional: 20 años de Ordenamiento Territorial.

En la misma línea del viceministro de considerar el conocimiento técnico de expertos y académicos, el profesor Fierro precisó que “no hay ninguna publicación o estudio que determine que la minería haya inducido una influencia positiva en los territorios y, por el contrario, hay unos indicios muy preocupantes en términos de la afectación de salud pública”.

Desarrollo económico

De la actividad minera el presidente Juan Manuel Santos hizo una de las cinco locomotoras que proyectó en su primer gobierno (2010) y en ese sentido, el viceministro de Minas afirmó que mientras el país no encuentre una fuente alternativa de recursos fiscales que garanticen la posibilidad de desarrollar proyectos para elevar el nivel de vida en Colombia, especialmente en el escenario de posconflicto, se tendrá que llegar a un acuerdo nacional para desarrollar estos proyectos minero energéticos.

Por su parte, el académico resaltó que este es el modelo de desarrollo menos adecuado para el país en términos de adaptación al cambio climático, de la conservación de los elementos naturales que están en peligro y de la preservación cultural del conocimiento de las comunidades, por lo que no debería ser la base de la economía del país sino más bien una actividad excepcional y regulada.