Instituto de Estudios Urbanos - IEU

Es importante entender el desplazamiento forzado hacia áreas urbanas en Colombia en el contexto de la migración rural-urbana para ofrece una mejor respuesta a los desplazados, así como mejorar la política y planificación urbana para desplazados, migrantes y comunidades locales.

Según los datos existentes, el 93% de la población desplazada en Colombia lo ha hecho hacia áreas urbanas. Al mismo tiempo, durante la última década el país ha experimentado un intenso proceso de migración desde zonas rurales. Bogotá cuenta con unos siete millones de habitantes, incluyendo el mayor número de inmigrantes y desplazados internos del país (alberga a 270.000 desplazados internos). Ambos fenómenos constituyen diferentes expresiones de una misma causa: la migración ruralurbana, históricamente ligada al acceso desigual a la tierra y que ha originado tensiones entre los propietarios y los campesinos y, eventualmente, al conflicto armado y la violencia que continúa provocando desplazamientos forzados.

Al día de hoy resulta difícil diferenciar las causas económicas de la migración de aquellas relacionadas directamente con el conflicto, la violencia y las violaciones de los derechos humanos. Esto hace que el proceso de registro de los desplazados internos se complique y explica, en parte, el hecho de que sólo la mitad de los desplazados internos en Bogotá estén registrados. A causa de la coexistencia de la migración y el desplazamiento, muchos desplazados internos no son conscientes de que tienen derechos como desplazados forzosos y no se registran.

El sistema de censo está obligado por ley a admitir en el registro a los desplazados internos sólo con que informen oralmente de las causas y circunstancias de desplazamiento, sin apenas diferenciar entre quienes son desplazados internos de los migrantes económicos. De modo que, en la práctica, el registro de desplazados internos acaba pareciéndose al proceso que llevan a cabo los refugiados para determinar su estatus. Sin embargo, resulta evidente que el sistema de censo de los desplazados internos carece de la protección procesal incluida en la Determinación del Estatus de Refugiado y no se concibe como un proceso de registro, que es en lo que se convierte en la práctica. Supuestamente se lleva a cabo con bastante subjetividad y arbitrariedad, teniendo como resultado la exclusión de gente que merecería estar registrada.

La aparición de asentamientos informales y de mercados ilegales de tierra en Bogotá es otra consecuencia de los flujos mixtos, como también ocurre en la mayoría de ciudades de rápido crecimiento que acogen a desplazados internos en los países en desarrollo de todo el mundo. Algunas zonas del extrarradio han crecido hasta convertirse en asentamientos consolidados, anexionándose finalmente a la ciudad como resultado de un proceso gradual de conurbación.

Es precisamente en estos asentamientos alrededor de Bogotá donde se ubican los desplazados internos. Después de pasar un breve periodo de tiempo en casa de familiares o amigos, los desplazados intentan cubrir sus necesidades de alojamiento adquiriendo o alquilando un lugar de refugio. El acceso legal a un terreno o al mercado inmobiliario requiere un poder adquisitivo significativamente mayor del que generalmente disponen los desplazados internos y el acceso a los subsidios para la vivienda exige un historial financiero y de crédito que muchos no poseen. Como resultado, la mayoría de los desplazados internos escogen necesariamente los asentamientos informales. Algunas veces estos procesos han dado lugar a desalojos masivos, mientras que otras el municipio ha legalizado el asentamiento y les ha provisto de unos servicios básicos de alcantarillado y electricidad.

El desplazamiento a grandes núcleos urbanos como Bogotá también significa para los desplazados que tardarán mucho tiempo en acceder a la ayuda humanitaria que les corresponde por derecho. Un estudio mostraba que en Bogotá, donde los largos procedimientos y la excesiva burocracia están a la orden del día, pueden pasar hasta dos años desde que se produce el desplazamiento hasta que se recibe la primera ayuda humanitaria. Esto agota la paciencia de los desplazados, muchos de los cuales prefieren, por tanto, canales de ayuda informales.

Desarrollo y política humanitaria

Los datos a nivel nacional revelan que el 98,6% de la población desplazada vive por debajo del umbral de la pobreza, estando oficialmente clasificadas como personas que viven en la pobreza extrema el 82,6%, cifras que contrastan claramente con el 29,1% y el 8,7%, respectivamente, para la población no desplazada. Los ingresos de los desplazados internos en Bogotá son, por término medio, un 27% más bajos que los de la población residente pobre.

El apoyo al desarrollo a largo plazo es indispensable en ciudades como Bogotá, donde la mayoría de desplazados internos parecen tener las mismas aspiraciones que los migrantes, es decir, quedarse en la ciudad de forma permanente. El que los desplazamientos a Bogotá tengan lugar de forma continua y regular hace que sea necesario, al mismo tiempo, ofrecer ayuda a los nuevos desplazados y apoyo a largo plazo para la mayoría que se queda más allá de la fase de ayuda humanitaria que dura los tres primeros meses. Si asentarse en la ciudad del desplazamiento va a ser una solución a largo plazo, ello requiere que se cumpla el abanico de derechos de los desplazados internos al completo, sin discriminación, al menos hasta el nivel que disfrutan los miembros no desplazados de la población que se encuentran en una situación similar.1

La mayoría de las autoridades de Colombia entienden los desplazamientos internos como un fenómeno a nivel nacional con implicaciones locales del que debe hacerse cargo el gobierno nacional.2 . Como resultado, los municipios no incorporan por sistema los desplazamientos a sus planes de desarrollo local o municipal (salvo algunas excepciones) y no creen que sea responsabilidad suya adecuar los recursos para responder a este fenómeno, en especial cuando se refiere al desarrollo a largo plazo. Recientes cambios legislativos orientados a resolver este problema han determinado que las responsabilidades deberían compartirse entre los gobiernos nacional y local. Sin embargo, el nivel de responsabilidad compartida no está claro y la proporción de los costes que debería cubrir el gobierno central no se ha establecido, sobre todo en cuanto a apoyo  socioeconómico a largo plazo se refiere.

Bogotá ha tomado ciertas medidas con el fin de incorporar programas especiales para las familias desplazadas que abandonan la red de ayuda de emergencia de tres meses. Uno de esos proyectos incluye un comprometido programa de protección social para familias desplazadas llamado “Bogotá positiva para vivir mejor” dentro del plan de desarrollo de esta ciudad. Sin embargo, estos proyectos siguen siendo en su mayoría ad hoc y no se ha evaluado su impacto.

Es necesario, en cualquier caso, hacer mucho más para asegurarse de que las políticas de desarrollo y planificación de la ciudad comprenden la protección social de los desplazados internos asentados en ella, así como para evaluar el impacto de los programas existentes.

Sebastián Albuja (sebastian.albuja@nrc.ch) es Analista de País en el Observatorio de Desplazamiento Interno (http://www.internal-displacement.org).

Marcela Ceballos (mceballos2000@yahoo.com) es Profesora del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de

Colombia (http://www.institutodeestudiosurbanos.com/inicio.html)

1. Proyecto Brookings-Bern sobre Desplazamiento Interno, Cuándo termina el desplazamiento. Marco de soluciones duraderas. (When Displacement Ends: A Framework for Durable Solutions), 2007, p11. http://www.brookings.edu/reports/2007/09displacementends. aspx

2. Véase también el artículo de Ferris p39.

Es importante entender el desplazamiento forzado hacia áreas urbanas en Colombia en el contexto de la migración rural-urbana para ofrecer una mejor respuesta a los desplazados, así como mejorar la política y planificación urbana para desplazados, migrantes y comunidades locales.