Plantear el debate sobre la suburbanización en el contexto regional resulta relevante, en tanto el análisis del fenómeno, desde la perspectiva latinoamericana, difiere de las experiencias suburbanas de países europeos y de Norte América. A pesar de que la expresión territorial de la suburbanización en América Latina pone de manifiesto las profundas transformaciones en los territorios rurales, rara vez es estudiado y contrastado con nuevos marcos de entendimiento.
En particular, si bien el crecimiento urbano iniciado a mediados del siglo XX en el continente ha mostrado signos de desaceleración, los procesos de suburbanización que se experimentan en la región revelan nuevas expresiones de dicho proceso, que conllevan a retos de gestión adicionales a los ya planteados por el crecimiento físico de la mancha urbana. Puntualmente, la tasa de crecimiento de la población urbana se ha reducido y ha generado el surgimiento de un nuevo ciclo migratorio con procesos de redistribución de la población que evidencia consecuencias para la localización, deslocalización y relocalización de actividades, que en algunos casos, pueden ser generadoras de la discontinuidad y fragmentación urbana.
En el marco del Foro de la CAR se mencionó que el proceso de suburbanización se ancla en las dinámicas expansivas fragmentadas y diversas densidades, incluso por encima del crecimiento de la población que trae como consecuencias (i) la expansión de las áreas urbanizadas dispersas y sin control con efectos nocivos para el medio ambiente, (ii) la persistencia de los predios vacíos dentro del tejido urbano que generan especulación inmobiliaria, (iii) la suburbanización provocada por la vivienda, (iv) la crisis de la movilidad y (v) las limitaciones de gestión de los gobiernos urbanos en materia de servicios públicos, entre otras.
En este escenario, parece una realidad de desgobierno de las conurbaciones y metrópolis e incluso algunas ciudades que carecen de decisiones urbanísticas eficaces frente a estos fenómenos. Adicionalmente, se ha orientado la política en un “dejar hacer-dejar pasar” (laissez-faire), donde el territorio y los recursos naturales quedan a merced del valor de cambio, de la especulación y de la mercancía.
Dentro de las exposiciones presentadas en el foro se mostró la importancia de enfrentar los procesos de ocupación extensiva, fragmentada y dispersa del territorio, por lo que resulta fundamental fortalecer la planificación participativa a largo plazo y alinear los sistemas de planeación. En otras palabras, coordinar la planificación entre distintas entidades territoriales y autoridades para establecer una corresponsabilidad en las decisiones de planeación y gestión en todos los niveles de gobierno.
En el caso colombiano, resulta clave señalar que en la mayoría de los municipios la consolidación de áreas suburbanas avanza más rápidamente que los esfuerzos por planificarlas (Ortíz Gómez, 2019)[1], lo que evidencia una notable falta de instrumentos para su adecuada gestión, especialmente en un país donde el ordenamiento del suelo rural ha sido escasamente normado y articulado en el escenario metropolitano y regional. Desde la norma es necesario distinguir lo suburbano de lo urbano, ya que se parte de la base del suburbio como un área que se localiza en la categoría de suelo rural compuesto por terrenos que no son aptos para el desarrollo urbano (Rodríguez, 2018).
Sin embargo, desde los procesos reales de ocupación, el fenómeno de la suburbanización se integra a las dinámicas de la huella urbana y de expansión. Esta nueva realidad requiere un enfoque en la gestión integral del suelo rural, sin desatender el hecho de que la ocupación de la ruralidad ha adquirido características de densidades y aprovechamientos similares a las urbanas y se ha establecido en espacios dispersos y fragmentados, lo cual implica enfrentar, entre otros, mayores costos en infraestructura y la transformación de actividades tradicionales (Marulanda Gaviria, 2014; Rodríguez, 2018)[2].
Del mismo modo, la suburbanización es un problema ambiental de grandes dimensiones porque existe mayor consumo de suelo y mayor gasto energético, resultado de una política urbana orientada a la habilitación de suelo, en la cual la estructura ecológica se percibe como determinante para el ordenamiento; pero desligada de sus funciones de conectividad y soporte del desarrollo. Por ejemplo, para la sabana de Bogotá existe una pérdida de capacidad adaptativa por la localización de asentamientos e infraestructuras en áreas con aptitud agropecuaria, de importancia ambiental y de riesgo. Algunos datos señalados en el foro, muestran el crecimiento de zonas industriales o comerciales, y de zonas de extracción minera y escombreras; que respectivamente han aumentado 340% y 214% entre el 2000 y 2018.
En Colombia, como lo señaló la profesora Contreras, al igual que en la región, las tasas de crecimiento de las grandes ciudades ya no son tan altas como en el siglo pasado en comparación con el crecimiento poblacional de centros poblados y rural disperso. La ocupación intensiva en los suelos rurales, como ya se mencionó, es fragmentada, sin soportes urbanos, con alta subdivisión predial y de diferentes densidades (baja densidad con relación al suelo urbano, pero alta densidad en suelo rural). En este escenario, es necesario diferenciar entre las áreas de expansión y el desarrollo suburbano.
En la norma, el suelo suburbano es un espacio donde coexiste lo urbano y lo rural. Sin embargo, como lo demostró la discusión sobre el fenómeno de la suburbanización planteada en el foro promovido por la CAR Cundinamarca, es evidente la complejidad en torno a su definición, ámbito y alcance normativo; no solo en las ciudades colombianas, sino también en el contexto latinoamericano e internacional.
Cabe destacar la vigencia del debate y cuán relevante resulta la promoción de espacios participativos entre la academia, las organizaciones de base, sociedad civil y autoridades locales, departamentales y nacionales, al ser un tema clave relacionado con los procesos de urbanización del siglo XXI.
Autores:
Ana María González, egresada Maestría en Gobierno Urbano, IEU
Martín Emiliano García, estudiante Maestría en Gobierno Urbano, IEU