El Área Metropolitana de Valledupar (AMV) enfrenta varios retos en materia de transporte y movilidad regional, partiendo de la necesidad de articulación institucional y de los instrumentos de planificación de los municipios que la conforman, con una visión integral y holística de desarrollo sostenible de largo plazo.
Pese a las dificultades que ha tenido, el Área Metropolitana de Centro Occidente es un esquema asociativo territorial con una larga experiencia de más de cuarenta años, lo cual ha permitido institucionalizar procesos de ordenamiento y planeación, así como ha servido de referente para el centro occidente colombiano en materia de áreas metropolitanas.
Hace cuatro décadas se constituyó el Área Metropolitana de Centro Occidente. Está conformada por los municipios de Pereira (capital de Risaralda), Dosquebradas y La Virginia; y cuenta con una población cercana a los 650 mil habitantes -según datos del censo realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y un amplio potencial.
La dimensión socio ambiental del ordenamiento territorial del Área Metropolitana de Centro Occidente, especialmente en Dosquebradas y Pereira, está atravesando un auténtico caos por la puja entre las autoridades encargadas de la sostenibilidad urbana y los intereses, cada vez más agresivos, del capital en áreas de riesgo e importancia ecológica.
El Observatorio de Gobierno Urbano del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, realizó de manera virtual la Mesa de expertos: Gobiernos metropolitanos y gestión del agua. El producto final de la mesa es una publicación seriada denominada «Debates de Gobierno Urbano» que recoge las principales reflexiones del espacio con fines de cualificar la opinión pública sobre los asuntos de interés colectivo.
Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta vienen construyendo una gobernanza metropolitana desde finales de la década de los setenta y durante los años ochenta formalizaron sus intereses y conformaron lo que hasta el día de hoy se conoce como el Área Metropolitana de Bucaramanga – AMB.
Los problemas de descoordinación en la planificación* han impedido aprovechar el potencial sinérgico del sistema territorial metropolitano, considerado un factor jalonador del desarrollo sostenible y el crecimiento económico (CEPAL 2015; DNP, 2018). La evidencia muestra la persistencia de desigualdades socioterritoriales y deterioro de la calidad de vida en los municipios que conforman el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) y los adyacentes.
El Área Metropolitana de Bucaramanga AMB es la autoridad de transporte metropolitano que fija las tarifas, regula y controla el transporte público terrestre a nivel metropolitano, el cual incluye los servicios de transporte de pasajeros, a nivel masivo, colectivo convencional, mixto e individual en vehículo taxi.
La falta de institucionalidad en el Área Metropolitana de Bucaramanga para atender los problemas de seguridad se ha convertido en su principal desafío. Aunque bajaron las cifras de delitos, la sensación de inseguridad ha crecido en los municipios de Floridablanca, Piedecuesta, Girón y Bucaramanga.
La configuración geológica del territorio, la gestión de los residuos sólidos, la contaminación del aire y la calidad y el consumo per cápita de agua son algunos de los desafíos del Área Metropolitana de Bucaramanga en términos ambientales.
En diálogo con el programa radial Observatorio de Gobierno Urbano, de UNAL Radio 98.5FM, Samuel Jaimes Botía, director del Área Metropolitana de Bucaramanga, y Nadia Pérez Guevara, profesora de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, coincidieron en la importancia de definir una visión integradora del área para garantizar su desarrollo sostenible.
La función de la planificación desde una perspectiva integral del territorio y no solo desde los municipios aislados, aparece con el Decreto Ley 3104 de 1979 y bajo la Reforma Constitucional de 1968 y de la Ley 61 de 1978, en donde se define la organización y funcionamiento de las Áreas Metropolitanas, asignándoles la función de planificar el territorio de manera integral, mediante la formulación de los Planes Integrales de Desarrollo – PIDAM, reglamentando así el uso del suelo tanto rural como urbano.
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