Carolina Chica Builes, profesora en descentralización y ordenamiento territorial de la Universidad Externado de Colombia, recordó que la aproximación a una visión regional del Distrito Capital es una apuesta de vieja data, que comenzó en 1954 cuando se produjo la anexión de siete municipios que hoy son localidades de Bogotá.
A finales del siglo pasado “llegó la preocupación por entender la integración regional desde múltiples escalas. Bogotá ha entendido que una cosa son las relaciones metropolitanas con los municipios de su entorno inmediato, y otra es la visión regional supradepartamental; por eso en algún momento se habló de región central, luego se pasó a región capital y ahora se retomó la idea de región central extendida al departamento del Huila”, explicó la profesora Chica.
La profesora Yency Contreras Ortiz, coordinadora del Observatorio de Gobierno Urbano del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, indicó que todos los procesos por integrar a Bogotá con su entorno terminaron consolidándose en un proyecto de Acto Legislativo que “evolucionó sorpresivamente rápido en el Congreso, con muy pocos escenarios de discusión e interacción”, consideró.
El proyecto “modifica la Constitución incorporando una figura que haciendo referencia a la Ley 1454 no es ni un área metropolitana ni una región administrativa de planificación o de gestión (…) incluye una figura novedosa y le da alcance a un consejo regional y formalizar una integración entre Bogotá Distrito Capital y la Gobernación de Cundinamarca, y se deja de manera voluntaria la integralidad de los municipios”, explicó.
Para Natalia Villamizar Duarte, consultora en temas de urbanismo, planeación y diseño urbano, profesora de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, lo problemático de esta figura es que no define una territorialidad específica. “Se podría asumir que corresponde a todo el departamento pero no hay claridad en cómo otros municipios pueden hacer parte de esta región metropolitana. En este caso Bogotá no es el municipio núcleo porque no existe esta figura pero sí es el que lidera junto con la Gobernación de Cundinamarca el proceso de tratar de convencer a los municipios de que se asocien”, dijo.
Villamizar señaló que no están claros los actores que van a participar en este proceso y tampoco están definidas las reglas de juego para la anexión de los municipios. “Existe la noción de que Bogotá quiere colonizar el resto del territorio de la Sabana, hay una relación de desconfianza entre los municipios y la capital, y aunque la región metropolitana es un esquema de asociación vital, tiene que pensarse el rol de los municipios en esa integración”, agregó.
La profesora Carolina Chica resaltó que con esta figura asociativa no se resuelven los problemas metropolitanos de Bogotá “porque mezcla las diferentes escalas en las que el Distrito Capital se había concebido: escala de lo local, supradepartamental, nacional e incluso internacional”, dijo.
“La figura que se plantea todavía no tiene una vocación ni una escala y eso genera graves problemas. La multiescalaridad con la que el Distrito Capital ha asumido sus procesos de integración no es excluyente, esta reconoce que se requiere un arreglo metropolitano, uno supradepartamental y relaciones a escala nacional”, sostuvo.
Lo que queda pendiente de resolver
Las académicas y expertas en ordenamiento territorial coincidieron en los aspectos que aún están pendientes por resolver en el marco del proceso de construcción de la Ley Orgánica de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, según lo planteado en el segundo borrador publicado en diciembre de 2020.
– Jurisdicción: “La jurisdicción debe ser clara para saber cuál es el objeto y cuáles son los alcances de la región metropolitana, mientras esto no sea definido es muy complicado avanzar en un real proceso de integración. Un criterio a tener en cuenta, con base en las experiencias internacionales, es la continuidad física”, afirmó Yency Contreras.
– Hechos metropolitanos: “Es importante la definición y alcance de los hechos metropolitanos y regionales en el marco de la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca. El borrador de la ley plantea la definición de hechos metropolitanos, pero es evidente en los distintos esquemas de asociación territorial en el país que le corresponde a la región metropolitana definir estos temas cuando ya estén los socios porque esto va a constituir una posibilidad de integración”, resaltó la profesora del IEU.
Para la profesora Carolina Chica es fundamental que se defina si la región metropolitana va a tener hechos regionales o metropolitanos “porque no puede tener los dos”. En ese sentido explicó que el Ministerio del Interior ha venido trabajando en coordinar los hechos interjurisdiccionales entre diferentes esquemas asociativos y reservó los hechos metropolitanos a las áreas metropolitanas y los hechos regionales a las RAP, “por lo tanto la región metropolitana debe definir por cuál de estos dos va a apostar”.
– Competencias: “Es importante definir el tema de las competencias, cuáles se van a transferir y desde qué nivel territorial. Es fundamental la articulación con otros esquemas asociativos como la RAPE”, dijo la profesora Yency. “Bogotá perdió un espacio de poder al quedar vinculado por constitución con la Gobernación, que incluso podría considerarse como la ganadora en este proceso”, añadió.
– Proceso de asociación de los municipios: “El procedimiento para asociarse y retirarse de la región metropolitana no está claro. Hoy la ley todavía no resuelve el asunto de los incentivos para la asociación por parte de los municipios que son socios naturales para Bogotá en este proceso. Esos incentivos hay que identificarlos, establecerlos y garantizar que sean discutidos a nivel de los actores municipales y de los ciudadanos para garantizar que el esquema funcione”, manifestó la coordinadora del Observatorio de Gobierno Urbano.
– Integración medio ambiental: “En este esquema asociativo se les olvidó el territorio y el medio ambiente. Se desconoce el conflicto de competencias que se puede generar con el ordenamiento territorial pero también con entidades como la CAR. Si la región metropolitana no se plantea cómo enfrentar esta relación de competencias en temas tan importantes como el medio ambiente y el territorio ya entra perdiendo”, consideró Natalia Villamizar.
– Consejo regional: “En las propuestas que se han desarrollado de cara a la discusión de la Ley Orgánica hablan de un consejo metropolitano y regional que resuelva los problemas del déficit democrático. Una propuesta con alto riesgo de ser inoperante porque la naturaleza de las funciones de quienes lo conformen no pareciera ser de un consejo que surge del voluntariado”, aseguró la académica.
– Gobernanza: “La Ley Orgánica tiene un pecado de ingenuidad en términos del modelo de gobernanza. El Acto Legislativo menciona que las decisiones se tomarán por consenso, esto es fácil de alcanzar entre 3 actores pero no entre 16 y por tanto se vuelve inoperante, debe tener reglas de votación en función de los aportes de cada entidad territorial o del número de población”, puntualizó la profesora Chica.