Importancia y desafíos actuales de los gobiernos urbanos en estados democráticos

Zamora es abogada de la Universidad Externado de Colombia, con posgrado en Derecho Penal. A lo largo de su trayectoria ha ocupado destacados cargos de alta responsabilidad ; como ser magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, procuradora delegada ante esa misma corporación, vicefiscal general de la Nación, Secretaría general de la Alcaldía Mayor de Bogotá y magistrada de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Actualmente se desempeña como magistrada auxiliar de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En su intervención, recalcó que el concepto de gobierno urbano puede comprenderse en el marco de la Constitución de 1991, que consagró a Colombia como un Estado social de derecho. Esta base normativa, permite entender fenómenos de tensión que se presentan en la vida urbana, pues la ciudad es un escenario donde confluyen múltiples intereses que, en ocasiones, entran en contradicción. Situaciones como la venta ambulante, las manifestaciones sociales, la ocupación de parques y plazas o incluso el desarrollo de expresiones culturales muestran que la dinámica del espacio público exige interpretaciones que reconcilien los derechos individuales con el interés general. Según indicó, el ejercicio de gobernar implica razonabilidad, equilibrio y justicia social, pues a través de estos principios es posible responder a la complejidad de la vida urbana y garantizar la satisfacción de derechos fundamentales como el trabajo, la libre expresión, la dignidad humana o la vida digna.

Uno de los puntos centrales de su exposición fue el análisis del artículo 82 de la Constitución:

Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.

Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común.

Este artículo representó un cambio trascendental en la manera de concebir lo urbano, porque antes la referencia se hacía a la naturaleza del bien, como plazas fundacionales, parques o calles concebidas como espacios abiertos; mientras que la Constitución introdujo una visión más amplia al hablar de su destinación colectiva. Lo cual obliga a que las autoridades entiendan que el interés general prevalece sobre el particular y que la gestión del espacio público no puede limitarse a desalojar o sancionar, sino que debe estar acompañada de políticas públicas de inclusión, alternativas de trabajo digno y respeto por la dignidad de las personas.

La conferencista ilustró su reflexión con ejemplos de sentencias de la Corte Constitucional que han abordado situaciones de tensión en torno al espacio público y que muestran cómo la jurisprudencia ha construido un marco de protección para sectores vulnerables. Entre ellos que, para las ventas ambulantes se muestren alternativas de reubicación antes de afectar su derecho al trabajo, y aunque no se desconoce la importancia del orden urbano ni la necesidad de regular el espacio público, sí se debe plantear un equilibrio entre la autoridad legítima del Estado y el respeto por la justicia social.

Zamora también compartió experiencias vividas durante su carrera en el sector público que reflejan la complejidad de gobernar las ciudades. Uno de los episodios más significativos fue el proceso de recuperación del Hospital San Juan de Dios, donde centenares de familias habitaron sus instalaciones por más de quince años. Lograr la salida digna de esas personas no fue resultado de la fuerza pública ni de órdenes de desalojo, sino de un ejercicio de diálogo, articulación institucional que permitió equilibrar el interés colectivo de recuperar un bien patrimonial y de salud pública con los derechos de las personas que allí residían. Según narró, este proceso mostró que las soluciones urbanas requieren un enfoque humano, incluyente y respetuoso, en el que el Estado no actúe como adversario de los ciudadanos, sino como garante de su dignidad.

De igual manera, la conferencista evocó la sentencia que puso fin a la práctica de los llamados “chepitos”, cobradores que en décadas pasadas ejercían presión pública sobre deudores en las calles de Bogotá. Para la Corte Constitucional, esa práctica resultaba incompatible con el principio de dignidad humana, pues exponía a las personas al escarnio y a la humillación. Ese fallo fue un ejemplo claro de cómo la Constitución transformó nuestra manera de entender la justicia, al establecer que el Estado, a través de sus jueces, puede administrar sanciones y resolver conflictos”, señaló. Casos como este evidencian, a su juicio, que la Constitución de 1991 no es un texto abstracto, sino una herramienta viva para resolver problemas concretos de la ciudad y la sociedad.

A lo largo de su exposición, Zamora insistió en que gobernar lo urbano implica reconocer la ciudad como un espacio de conflicto permanente, donde la venta ambulante, la ocupación de plazas, la protección del patrimonio, la convivencia ciudadana, la defensa de los animales, etc. son expresiones de un mismo fenómeno: la tensión entre intereses particulares y colectivos. Por tanto, conflictos, no deben resolverse con fórmulas simplistas ni con decisiones arbitrarias, sino con un análisis constitucional que privilegie la dignidad humana, la justicia social y el principio democrático. Señaló que la Constitución de 1991 nos recuerda que el interés general debe prevalecer, pero sin desconocer las realidades sociales que sustentan la vida urbana, de modo que cada decisión estatal sea razonable, proporcional y legítima.

Concluyendo la conferencia, la magistrada subrayó que las ciudades son escenarios de construcción colectiva, donde los gobiernos locales tienen la responsabilidad de garantizar derechos, proteger el espacio público y, al mismo tiempo, promover la inclusión y la equidad. Para ella, solo bajo un ejercicio democrático que combine autoridad legítima, razonabilidad y justicia social será posible enfrentar los desafíos contemporáneos de la vida urbana.

La inauguración de la VII cohorte de la Maestría en Gobierno Urbano se consolidó como un espacio académico de reflexión en el que la comunidad del Instituto de Estudios Urbanos y la Universidad Nacional la pudieron comprender -desde la experiencia y la trayectoria de una de las juristas más destacadas del país- , que gobernar la ciudad es un reto complejo que exige sensibilidad, rigor jurídico y compromiso desde todas las profesiones.