Fragmentación y derecho a la ciudad: la paradoja de los asentamientos informales

Además, se enmarca en una dimensión social que da sentido y orienta un territorio compuesto por otras dimensiones como la ambiental, la política- gubernamental, la social; a través de las cuales se desarrolla la vida humana en comunidad.

Por lo tanto, la ciudad debe ser comprendida como un escenario geográfico delimitado en donde convergen gran diversidad de flujos materiales e inmateriales; pero sobre todo como el lugar en donde se desarrolla la vida colectiva; teniendo en cuenta que esto conlleva a una big data compuesta no sólo por elementos o datos físico construidos, ambientales, gubernamentales; sino también asociados a múltiples interpretaciones territorial, culturales, a una mixtura de identidad y aspiraciones compartidas.

Desde un enfoque territorial, dentro de las ciudades se concentran todo lo asociado a las funciones productivas, de bienes y servicios, se albergan los equipamientos de una forma dinámica y simultánea que genera un orden aparente, una jerarquía físico- social y al mismo tiempo escenarios dicotómicos de inclusión y exclusión. Por esta razón, en este mismo enfoque interviene de manera directa la dimensión social, que es aquella en la cual se configura la vida comunitaria, es decir todos los aspectos relacionados con la vecindad, el tejido social, la cohesión barrial; así como los conflictos asociados a la diversidad de escenarios y de formas de entender el habitar.

Teniendo en cuenta lo anterior, desde el ordenamiento territorial, la planeación urbana y la arquitectura, la ciudad es entendida como un organismo complejo, ligado a funciones básicas y estructurales directamente relacionadas a la calidad de vida de sus habitantes. Dentro de estas se pueden resaltar: la función habitacional, que habla sobre el acceso a la vivienda digna y a los entornos seguros; la función económica, que conlleva a la generación de oportunidades para la garantía del sustento derivada del empleo, el comercio y la producción; también está la función ambiental, que es la encargada de la protección de los ecosistemas urbanos y periurbanos, así como de la toma de acciones referentes a la mitigación del riesgo; la función cultural, que corresponde a la garantía de espacios y escenarios para el encuentro con el ánimo de fortalecer la identidad y la integración territorial y de la construcción de una identidad colectiva; y finalmente; la función política y de gobernanza, que direcciona la toma de decisiones con respecto a la planificación y la gestión del territorio para que respondan a las necesidades de las poblaciones.

Sin embargo, cuando las ciudades no logran cumplir con estas funciones, consecuentemente se generan procesos de exclusión y fragmentación que afectan la calidad de vida de los habitantes. Dentro de los múltiples escenarios que se derivan de esta problemática y como consecuencia del incumplimiento del rol estructural urbano, se encuentra uno de los fenómenos que acompañan gran parte de los territorios de orden nacional e internacional como lo son los asentamientos humanos informales, derivados de un crecimiento acelerado de la población, la concentración de servicios y la búsqueda del ser humano de una mejor calidad de vida. Desde este punto de vista, los asentamientos humanos pueden ser concebidos como una consecuencia directa de la marginación socio espacial, que como se mencionó, no solo hace parte de la configuración urbana colombiana, sino que es una característica físico territorial con un profundo marco social propio de las configuraciones urbanas de América latina, África y Asia.

Desde esta perspectiva es importante comprender que los asentamientos informales a pesar de que surgen casi por generación espontánea dentro de los territorios son el resultado de múltiples factores estructurales asociados a los flujos migratorios entre el campo y la ciudad; que en nuestro caso son derivados del conflicto armado. Generalmente las familias migrantes ocupan terrenos baldíos, que no son los adecuados para el desarrollo urbano y generan tras su proliferación urbanizaciones informales; otro de los factores asociados corresponde al déficit de vivienda formal así como a la exclusión del mercado inmobiliario, aspecto directamente asociado a los altos costos del suelo y las bajas posibilidades económicas de las familias, que conllevan a procesos de autoconstrucción y ocupación irregular del territorio. También se encuentran los factores asociados a las políticas urbanas fragmentadas o excluyentes, que son la respuesta a la carencia o inoperancia de programas integrales de ordenamiento territorial y de vivienda social, así como a la ausencia de control sobre la ocupación del suelo; y por último pero también importante, las desigualdades socio económicas y estructurales que promueven el desempleo, la informalidad y los altos índices de pobreza.

Con respecto a su representación dentro del territorio, estos asentamientos tienden a ubicarse en zonas periféricas metropolitanas, intersticios urbanos y/o bordes urbanos-rurales que generalmente presentan ausencia de control institucional, se caracterizan por presentar un serie de características asociadas a la precariedad; la autoconstrucción y la autogestión del suelo progresiva, el déficit de servicios públicos, la ausencia de planeación, el déficit de equipamientos colectivos y la vulnerabilidad social y ambiental, contrarrestados con un tejido social fuerte que pese a las adversidades se caracteriza por la organización comunitaria y autogestión como medios de supervivencia.

Los efectos que se derivan de estas dinámicas de autogestión de suelo informal conllevan a complicaciones y problemáticas para las ciudades, en donde los procesos de gestión urbana y territorial muchas veces son insuficientes, trayendo como consecuencia fragmentación urbana, dificultad en la provisión de servicios, problemas de movilidad, riesgos ambientales y sociales, conflictos legales por la titularidad o tenencia del suelo y segregación socioespacial; fragmentación en la gobernanza urbana; entre otros.

En este sentido, la planeación urbana y el ordenamiento territorial frente a los asentamientos humanos informales debe tomar ajustes que conlleven a la armonización e integración territorial centrados en aspectos como la necesidad de suplir la demanda de hábitat, la generación de políticas del suelo inclusivo, el fomento de programas de vivienda social y el mejoramiento integral de barrios, el fortalecimiento de un territorio integrado y conectado, mejoras en la gestión ambiental y la prevención del riesgo, el fomento de una gobernanza participativa que vaya de la mano de un fortalecimiento comunitario, el mejoramiento en programas de integración social y cultural y sobre todo la innovación de los instrumentos de planeación.

Todo esto cobra sentido al comprender que la proliferación y la mitigación de los impactos de los asentamientos humanos informales en el territorio no obedecen a su eliminación sino a procesos de transformación e integración territorial que promuevan enfoques de equidad y sostenibilidad. La planeación urbana y el ordenamiento territorial como parte fundamental de las funciones básicas de la ciudad están llamados a restaurar el derecho a la ciudad y a la vivienda digna, con el fin de promover territorios equilibrados y resilientes que deriven mejores condiciones de habitabilidad, bienestar territorial y calidad de vida para los habitantes.