«El desafío de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca es transitar hacia un modelo social, económico y ecológico sostenible»: profesor Pablo Leyva

Entre los principales retos que mencionó el profesor Leyva está la transición que debe asumir Bogotá y su región metropolitana hacia un modelo de crecimiento social, económico y ecológico sostenible, desde una perspectiva de territorio y no a partir de la definición de los suelos de expansión urbana.

¿Cuáles considera son los problemas estructurales de Bogotá – Región en términos medio ambientales?

Entiendo como ambiental lo social, económico y ecológico relacionado, funcionando y operando a manera de un sistema integral. Visto de esta forma el principal problema de Bogotá Región es que su crecimiento material y social está descontrolado, desconectado de las dinámicas de un territorio con unas características únicas y claros limitantes naturales; sus geo-ecosistemas no tienen la posibilidad de soportar el modelo actual. El deterioro es evidente. Este modelo responde a una estructura económica-social direccionada por el rédito financiero, la concentración de la riqueza, la extrema pobreza, el consumo sin límites, el desperdicio de materiales y energía, la contaminación y la transformación-artificialización del medio natural hasta el agotamiento de las estructuras de soporte: subsuelo, suelo, ecosistemas, hidrología. Este territorio además recibe los impactos locales de los cambios en la composición atmosférica y el impacto del cambio global y climático planetario. Todo con graves consecuencias sobre el ciclo hidrológico, la biodiversidad y el paisaje, lo que repercute en la calidad de vida, la producción agropecuaria, las infraestructuras de transporte, la energía o el manejo de residuos, las estructuras urbanas, la vivienda, la industria y el comercio.

Bogotá y su región, desde los municipios y unidades geográficas inmediatas, que hacen parte de su área metropolitana, hasta los departamentos que la rodean empezando por Cundinamarca, Boyacá, Meta y el Tolima, en los últimos decenios terminaron concentrando el poder, polarizando el crecimiento, la riqueza y deformando la estructura urbana del país, que antes era ejemplo mundial de crecimiento regional más o menos equilibrado. Esta deformidad y su consecuente vulnerabilidad tiene efectos autodestructivos, evidenciados claramente por la actual pandemia y la profunda crisis “multidimensional” que desató.

¿La consolidación de la región metropolitana Bogotá  Cundinamarca contribuye a resolver estos problemas?

La dinámica y trayectoria de los procesos de crecimiento mencionados requiere cambios profundos en la concepción del desarrollo y la consecuente administración del territorio, no solamente cambios en lo político, administrativo y en las estructuras jurídicas. La Constitución, la Ley marco de Ordenamiento territorial, la Ley de la región metropolitana, la Ley de los POT, son instrumentos normativos importantes, con muchas posibilidades de acción, pero en términos generales han sido desbordados por la realidad, debido al sesgo político para su interpretación y puesta en práctica y por los intereses centrados en el crecimiento material y su dinámica. Hoy la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca es insostenible, resultado de la concreción del modelo neoliberal de globalización y de su aplicación en el país.

Para lograr un desarrollo en equilibrio dinámico con los procesos biogeoquímicos locales y planetarios se deben transformar las relaciones entre los humanos e incorporar la naturaleza en las decisiones. Esto significa un cambio profundo en el modelo de crecimiento económico, sus relaciones y consecuencias. Es necesario transformar las estructuras productivas, las relaciones sociales, la cultura y por supuesto la forma de ocupar, utilizar y cuidar el territorio. Esta nueva forma de vida, uso y conservación de recursos puede tener diversas manifestaciones, desde luego el proceso afectará las decisiones personales y colectivas, lo que a su vez se reconocerá en el territorio. Estos cambios deben darse, todas las señales son claras, el asunto es cómo realizarlos, por medio de procesos de transición pensados, consensuados, planeados, controlados, solidarios, sin estropicios y efectos secundarios mayores o por el contrario como una secuencia encadenada y discordante de explosiones sociales, violencia y represión para tratar de contener el cambio.

Las grandes ciudades del mundo como Bogotá y su región están llamadas por su peso específico y su rol en las estructuras de la globalización a cumplir un papel dinamizador en una transición “civilizada” a un mundo sostenible, avanzando en propuestas de transición, como lo hacen varias metrópolis, desde luego dentro de sus limitaciones por el marco institucional nacional e internacional y los procesos de globalización en que se inscriben. Otra opción es el ‘laissez faire’, la inacción frente a las fuerzas telúricas globalizadoras y la reacción al cambio.

Es necesario profundizar la democracia, asegurar la participación y preparar una transición a un modelo de desarrollo sostenible. Nuevas formas de gobierno democrático son necesarias, la institucionalidad y la democracia son vulnerables, la autocracia y la tiranía tienen campo abierto, las regiones y especialmente Bogotá deben hacer propuestas y dar ejemplo, señalar caminos para evolucionar política y culturalmente.

¿Cómo ve la relación de la región metropolitana con las demás entidades que tienen competencias ambientales en el territorio como la CAR?

Competencias y accionar ambiental tienen todas las entidades del orden nacional, sectorial, regional, local, empresarial, social, etcétera, en la medida en que con nuestras actividades todos interactuamos, afectamos a los demás e intervenimos en los procesos naturales. Considero que es necesario abandonar los criterios analíticos tradicionales y examinar el crecimiento y transformación del territorio con base en la información empírica disponible, para tener una apreciación más completa de la realidad. Los cambios en la Región Metropolitana de Bogotá son el producto de una serie de decisiones y acciones del orden nacional como resultado de las políticas gubernamentales que tienen expresión concreta, por ejemplo, en la construcción de infraestructura energética, de transporte o en programas de vivienda; esto se replica en el departamento y los municipios, con lo que se transforma el territorio desde todos los niveles del Estado, se desconoce desde luego el alcance de los impactos y de los efectos acumulados de los mismos. El aparato productivo por su parte también tiene planes y proyectos para su expansión, a mi modo de ver más claros y consistentes que los de las instituciones públicas, con proyecciones de mediano y largo plazo que terminan siendo factores determinantes de la transformación del territorio con una dinámica que la institucionalidad y los gobiernos nacional o local no logran alcanzar.

La institucionalidad ambiental, a pesar de sus notorios avances legales e institucionales, también se queda corta y con frecuencia se ve supeditada a las políticas económicas y sociales gubernamentales de corto plazo. La CAR de Cundinamarca tiene una tradición muy fuerte como institución orientada al desarrollo convencional que no logra superar, a pesar de la calidad de sus funcionarios. La politización de la institución y su visión de entidad ambiental administradora y de control, la ha llevado a tomar decisiones como la adecuación hidráulica (canalización) de los ríos de la Sabana para facilitar el desarrollo minero, urbano y de infraestructura. La CAR ha perdido la capacidad de orientar el desarrollo del territorio de su jurisdicción hacia la sostenibilidad.

¿Cuáles son los principales desafíos que debe enfrentar la región metropolitana en términos ambientales?

El mayor desafío es definir consensuada y democráticamente un proceso de transición del modelo de crecimiento actual que es absolutamente insostenible en el territorio de la llamada región metropolitana de Bogotá a un modelo frugal de consumo y control de la actual destrucción del medio natural. Para ello se requiere una visión de territorio, no de perímetro político administrativo en el que la mayor preocupación es la determinación de los “suelos de expansión urbana” sus densidades y demás.

La actual pandemia señala cambios que es preciso estudiar: un porcentaje de la población migró al campo, a otras ciudades o al exterior. La ciudad metropolitana evidentemente se expandió. Las infraestructuras y preferencia por los medios de transporte también cambiaron. Las telecomunicaciones transformaron los hábitos de trabajo y estudio. La generación de energía eléctrica empezó a replantearse. Los planteamientos sobre expansión o concentración de lo construido se deben reconsiderar. La relación con la naturaleza es otra. La valoración de la vida propia y de los otros, de sus necesidades, pobreza y hambre cambió, esto exige nuevas aproximaciones y políticas.

La equidad con los municipios del área metropolitana es urgente, Bogotá no puede continuar tomando decisiones que los afectan gravemente y dejar que reciban los impactos y efectos adversos en el territorio y la población y los tengan que asumir con sus recursos.

La verticalidad en el modelo de gestión debe cambiarse a formas donde prime la horizontalidad, la transdisciplina, la participación real, todo esto es necesario para la gobernanza de la región. Debemos construir formas complejas, eficientes y democráticas de gobierno, el desafío es enorme.

El proceso de cambio social, económico y ecológico debe ser abordado con urgencia en todas sus dimensiones, para facilitar la transición del modelo actual a uno sostenible.