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Instituto de Estudios Urbanos - IEU
Escrito por: Rafael Téllez Sánchez**
Universidad Industrial de Santander
La investigación de la cual hace parte este artículo gira alrededor de interrogantes como, ¿qué hitos espaciales y territoriales redefinen las fronteras regionales del desarrollo del Área Metropolitana de Bucaramanga hacia la periferia entre el 2000 y 2020 y cómo ha contribuido la reestructuración productiva a la configuración de nuevos lugares centrales, nuevas centralidades urbanas o aglomeraciones generadoras de cambios en la división espacial del trabajo?
¿Qué enfoque territorial de región urbana o metropolitana está implicado en los ejercicios de planificación y ordenamiento territorial? Y ¿por qué estos no consideran el peso los costos de ocupación y desarrollo inercial que generan en el territorio metropolitano las dinámicas espaciales de movilidad-relocalización del capital y, también, por qué estos costos tienden a atribuirse solo a la vivienda informal (Rocha R, Jaramillo S, 2006)?
Este espacio es corto para responder a estas preguntas, por ello alcanzable sería argumentarlas dada la complejidad de esta realidad y las rupturas que vienen ocurriendo en el siglo XXI relacionada con la reconfiguración espacial y expansión periférica de actividades económicas que traspasan la frontera metropolitana, generando nuevas dinámicas asociadas a macroproyectos desestructurantes como el embalse de Topocoro o Hidrosogamoso, Panachi y Cerro la Judía, etc., emplazamientos que han impactado los mercados de bienes, servicios, tierras y laborales generadores de mutaciones territoriales periféricas (mapa 1).
A estos procesos se atribuye la tendencia inercial de organización-desorganización territorial del sistema urbano- regional y desequilibrios socioespaciales responsables de las presiones sobre la estructura ecológica principal regional (Ecosistemas de alta montaña, cuencas y unidades de paisaje) referidas en la planificación regional ambiental (CDMB) y del Área Metropolitana, que, como consecuencia, agudizan la segregación socioespacial del AMB.
En este sentido, las dinámicas espaciales de la globalización y, en particular, la movilidad y relocalización del capital, entre 1990 y 2019, han contribuido a re-configurar el mapa de la economía regional de la provincia de Soto (mapa 1). Fenómeno que se expresa en un doble proceso: de un lado, redensificación poblacional y económica en los centros tradicionales y configuración de nuevos, consolidando la aglomeración urbana metropolitana de hoy; y de otro lado, un notorio proceso de expansión urbana hacia la periferia sur y noroccidental, reconfigurándose un subsistema periférico de relaciones y flujos de bienes, población y servicios económicamente funcionales a la aglomeración central.
Mapa 1: Área Metropolitana de Bucaramanga
Fuente: Earth Google, elaboración propia
En el primer caso, la saturación de espacio y suelo explicarían el bajo crecimiento de la construcción de vivienda en Bucaramanga (2 %) y 13,5 % en municipios de Floridablanca, Girón y Piedecuesta, así como la mayor densidad poblacional de la primera (15.137 Hab/Km2) y de Girón (17.586 Hab/Km2), cuando el promedio del AMB fue de 11,600 Hab/Km2 entre 2013 y 2017 (DNP, 2018), al tiempo que se redujo la oferta de suelo urbano y suburbano para usos en vivienda, espacio público, servicios, actividades económicas y recreativas. A estos factores se atribuye los agudos problemas de movilidad y el incremento de congestión vehicular y peatonal, inductores de sobrecarga de redes de drenaje y servicios, también en las aglomeraciones periféricas (Floridablanca, Girón y Piedecuesta), donde en conjunto, se reduce la frontera de posibilidades de desarrollo metropolitano de nuevas centralidades que compiten con los suelos de usos agrícolas o de protección.
Tabla 1: Distribución espacial de la población en el AMB
Fuente: PEMOT Observatorio Metropolitano
La lógica económica (dominante) de estos procesos, no considerada en el ordenamiento y la planificación territorial, interpela al papel del Estado, pues estos fenómenos se han estudiado hace largo tiempo como de fuerzas centrípetas y centrífugas que operan asociadas a la búsqueda de economías de escala y reducción de costos de transporte que determinan tendencias contrapuestas de concentración y dispersión (Fujita et. al, 2001; Haggett 1987; Martin R, 1999; Camagni, 2005). Estas cuestiones, al no ser consideradas, dejan fuera de control y regulación la división espacial del trabajo y reproducen las desigualdades sociales en términos de segregación socioespacial.
En el segundo caso, estas lógicas económicas han contribuido al desplazamiento de la frontera urbana sustrayendo suelos agrícolas clase I, II y III presentes en la cuenca de los ríos Menzulí y de Oro en el piedemonte oriental que el Decreto 00036/2007 prescribe como de protección para seguridad alimentaria; al mismo tiempo, al occidente de Piedecuesta, Floridablanca y Girón dicha expansión ha derivado en un proceso de fragmentación territorial periférica impactando los territorios rurales de Lebrija, Mesa de los Santos y Rionegro, en un fenómeno que la autoridad metropolitana considera como “nuevas centralidades periféricas rurales” o “Unidades Periféricas Rurales”.
Mapa 2: expansión periférica del AMB 2018
Fuente: PEMOT Área Metropolitana de Bucaramanga
Al respecto, los planes de ordenamiento territorial de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta en lo que va del siglo XXI, hacen implícita alusión a lineamientos del Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial (PEMOT) considerando estas centralidades rurales periféricas (UPR), pero despojándolas de su potencial integrador al territorio metropolitano, con un criterio funcional de expansión asociado a rentas de ubicación (Thunen 1933, Losch, 1981, Christaller, Hagett, 1997) de proyectos que, a la postre, terminan sustrayendo porciones de los Distritos de manejo integrado (DMI) o de áreas de conservación o protección, como los casos del proyecto supuestamente «ecoturístico del cerro del santísimo» y el proyecto de vivienda estrato 6 «Altos de Ruitoque» que han fragmentado estos territorios en favor de rentas privadas, «privadas de impuestos».
En lo fundamental, los procesos de planificación territorial (PDM, PEMOT, PIDM y POT) formularon visiones territoriales sin considerar la unidad ecosistémica regional de la estructura ecológica principal. Dejan la aplicación a las unidades de planeación de las alcaldías que abordaron el POT centrado en los artículos 70 a 80 de la ley 388 de 1997 con criterios rentísticos de regulación de usos de suelo subordinados a la localización o relocalización del capital, cediendo a la presión privada del mercado de suelos, tierras que asigna los precios de ubicación ocupación, usos del espacio público que fueron privatizados antes del 2016 (como el parque Mejoras Públicas convertido en bares, cauces de quebradas y ríos de zonas rurales, el lago, reserva natural del cerro la judía, etc.).
Estas racionalidades económicas expresadas como competencia y tensiones por rentas de ubicación de actividades y proyectos económicos en el AMB son el referente de agudos «conflictos territoriales de poder» (Izquierdo, 2001; Forero 2003; Bustamante 2017) político que, en los últimos veinte años, han permitido consolidar el sistema y/o red de centralidades ligados a las economías de escala y disminución de los costos de transporte, lo cual está en la base de la alianza entre la clase política y los gremios empresariales. Este modelo de gestión ha contribuido a la segregación socioespacial expresada en el crecimiento de los asentamientos informales en el AMB que pasó de 136 en 2002 a 287 en 2018. Refuerza esta idea el argumento de Bustamante (2016) sobre las «hipótesis de transformación» de las áreas metropolitanas: los procesos demográficos, los procesos económico territoriales y los procesos físico espaciales y de infraestructura.
Una conclusión provisional es que los ejercicios de ordenamiento territorial conocidos como «actuaciones urbanísticas» se restringen a ajustes y actualización o cambios de usos para regulación de licencias tanto de megaproyectos de infraestructura vial, equipamientos y vivienda, con una distribución de cargas y beneficios (la Ley 388/97) que favorecen selectivamente rentabilidades privadas, en detrimento de espacios públicos en las aglomeraciones (DNP, 2018) para legitimar la fragmentación y destrucción de reservas ecológicas hídricas y de bosques protectores en la zona oriental de Floridablanca y Piedecuesta en favor a una competitividad contraria al desarrollo sostenible.
Es en este contexto, se consolida el AMB dentro del sistema de lugares centrales (Christaller, 1987) del nororiente como mayor productor de economías de escala (programadas). Esto facilitó dinámicas intra-metropolitanas con emplazamientos de comercio, servicios e industriales inductores de cambios de uso residencial o de protección del suelo, por usos como las grandes superficies de comercio (centros comerciales en los cuatro municipios), semi-distritos industriales (Girón), servicios de salud (clúster de salud) o outsourcing empresarial (zona franca), los cuales, en algunos casos sustrajeron porciones de áreas de protección o de usos agrícolas prescritos en el Decreto 0036 2007 para la seguridad alimentaria.
A partir de 2016 en Bucaramanga se insinúa una ruptura en estas tendencias de planificación apuntando a corregir la exclusión socioterritorial de los POT anteriores a partir de dos iniciativas de fuerte impacto socioterritorial y ordenamiento sostenible: uno, el Plan Zonal de planificación integral de ciudad norte-ciudad jardín y el plan maestro del espacio público.