La discusión se dio en el marco del programa Observatorio de Gobierno Urbano de Radio UNAL. La profesora Arboleda inició su participación por la presentación de un contexto histórico para entender por qué nace la necesidad de una transición energética.
“Desde la década del 90 se venía planteando esta transición, debido a las necesidades del cambio de la matriz y sobre todo del modelo de producción-consumo. Tras las cumbres climáticas, la caída del Muro de Berlín y la crisis de las economías se impulsó este proceso. Los países del norte global querían liberarse de esa dependencia del petróleo con lo cual el movimiento medioambiental se fortaleció.
Se crea así una confluencia de intereses entre diferentes actores del sector productivo, los movimientos ambientales y gobiernos, especialmente de la Unión Europea que vieron una oportunidad muy importante para la reindustrialización y la transición energética”, señaló Arboleda.
En Colombia, el actual presidente desde su campaña anunció como eje de su gobierno la transición energética. En su plan de gobierno “Colombia potencia mundial de la vida” incorporó el término de justicia en la transición energética. “Para el gobierno es muy claro, que la justicia tiene que ver con una perspectiva de equidad en distribución de cargas y beneficios asociados a todos los proyectos minero- energéticos y de transición. Eso siempre ha sido una problemática en los territorios porque a veces no reconoce todas las visiones territoriales y realmente no confluyen o no se tienen en cuenta. Nos referimos a visiones de territorios afros, indígenas, agrícolas, etc” indicó Mucktafi.
Participación ciudadana
Hay países que llevan 30 años en el proceso de las energías comunitarias o comunidades energéticas. “Existen unos aprendizajes enormes que debemos capitalizar. Aunque Colombia es altamente diverso social, cultural y geográficamente, podemos aproximarnos a estas experiencias. La transición energética justa no es un asunto sectorial. El país todavía no tiene energías comunitarias, ni comunidades energéticas, aunque existen algunos casos de implementación de programas que han hecho eco”, expresó Arboleda.
“Realmente es una apuesta muy importante y central para el gobierno. Lo definió en el plan de desarrollo con la constitución de esas comunidades energéticas para generar, comercializar y hacer un uso eficiente de la energía e ir hacia lo convencionales de energía renovables. Esto es un proceso muy llamativo, pero lo importante es ver cómo se va a generar conocimiento en los territorios para que las poblaciones entiendan qué es lo que realmente significa una comunidad energética, es decir, cómo un grupo de individuos va a cooperar, realizar y ejecutar la generación, almacenamiento, gestión y distribución de energía” aseguró Mucktafi .
Durante el resto de 2023 y 2024, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE), adscrito a MINENERGIA, dará prioridad a dos comunidades energéticas en Colombia: Cabo de la Vela-Media Luna (Uribia) en la Guajira; y Terán (San Andrés de Tumaco) en Nariño. “Esto va a ser realmente muy importante pero se convierte en un reto para todo el proceso de transición energética porque también es transición laboral, económica y de imaginarios sociales”, señaló Mucktafi.
Expectativas
La profesora Arboleda consideró que el Gobierno Nacional tiene que ponerse en sintonía con la ciudadanía. “El presidente tiene muy claro en su discurso el tema del cambio climático, pero tiene que sincronizarse mucho más con el día a día, lo que él ciudadano está sufriendo en términos de esos efectos del cambio climático, que en últimas redunda en el bolsillo y en la economía. Hay que sacar la discusión del tema sectorial porque el tema energético es altamente inercial, y vamos a tener que dialogar muchos actores para lograr la transición”.
Por último, Mucktafi afirmó que: “En términos de gobernabilidad y gobernanza, cambiar el modelo energético no puede ser un tema solamente del Ministerio de Minas y del gobierno. Debe pasar por los Ministerios del Trabajo, Ambiente y otros para entender cómo se va a pensar en todos los trabajadores de la industria extractiva y cuál va a ser la generación de nuevos ingresos. Es una amplia gama de actores que deben estar en la discusión de la Transición Energética justa”.
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