Retos en seguridad ciudadana en el marco de las elecciones territoriales 2023

Los investigadores plantearon cinco retos para gestionar la convivencia y la seguridad ciudadana: Gestión de la seguridad ciudadana; diseño y aplicación de un nuevo modelo de convivencia y seguridad ciudadana; focalización y priorización de la intervención de megaproblemas públicos; coordinación interinstitucional para enfrentar el problema de las drogas; y fortalecimiento de las capacidades técnicas, humanas y financieras de las entidades territoriales.

Seguridad humana, la paz total y la política de seguridad y convivencia ciudadana

La articulación entre la política nacional de seguridad humana y las locales de la seguridad ciudadana es uno de los retos que tiene el nuevo gobierno de Gustavo Petro. La politóloga Ortega consideró que hay una limitación en los procesos de planeación. Desde el Ministerio de Defensa se está creando la política de seguridad y se viene discutiendo si debería haber un capítulo dedicado a la seguridad y convivencia aparte de los temas de defensa..

“Para nosotros es mucho más importante tener una política independiente en la medida que se desliga el tema de seguridad ciudadana de los asuntos de defensa, porque son muy diferentes en su concepción y en el tratamiento diario de las necesidades de los ciudadanos. Los lineamientos muy específicos en seguridad y convivencia se podrían ubicar en lo subnacional. En la práctica las limitaciones están en que el modelo de gestión territorial de la seguridad que se estableció en Colombia desde 1991. Con la normatividad que se ha expedido a veces es contradictorio y obedece a visiones políticas de turno. Se necesita actualizarlas”, señaló Ortega.

Para el  BG. ® Luis García, es necesario que esta política incluya a más instituciones y que la responsabilidad no solo recaiga en la Policía. “Colombia ha crecido demográficamente y con ello han aumentado los problemas, especialmente los relacionados con la delincuencia que proviene del crimen organizado y la que proviene de los eventos de convivencia. Hoy en día el reto no es elaborar documentos sino financiar los programas, para esto se necesita un liderazgo de los alcaldes locales y municipales”.

Capacidad local

Hay ciudades y municipios que tienen capacidades para atender las demandas de los ciudadanos en términos de seguridad y convivencia, pero hay otros casos donde existen muchas falencias locales

“Las limitadas capacidades de la mayoría de los municipios de nuestro país es uno de los retos que hay actualmente. Tenemos casos exitosos en Bogotá en términos de articulación de oferta de servicios de las distintas secretarías y esto reduce las vulnerabilidades y factores de riesgo. Sin embargo, la mayoría de nuestros municipios, el 90%, son categoría 5 y 6, de acuerdo con la Contraloría. Los recursos que perciben del sistema de participación son muy limitados y muchos territorios solo tienen al alcalde y un funcionario”, resaltó Ortega.

Otra de las dificultades está en la escasa formación de las autoridades político-administrativas. “Muchas universidades tienen gran potencial para construir programas académicos que faciliten a las nuevas autoridades el manejo de las herramientas, de los datos, entre otros”, afirmó García. 

Código Nacional de seguridad y convivencia ciudadana

Anteriormente teníamos un código de policía que se enfocaba en el castigo, ahora tenemos un  Código Nacional de seguridad y convivencia ciudadana, cuya naturaleza es preventiva. “Un estudio de Planeación Nacional evidenció que se avanzó en la implementación de la norma, por dar a conocer el código y la capacitación de los policías. En cuanto a la implementación en el país ha sido limitada, porque las entidades territoriales en sus planes integrales de seguridad no hay muchos programas de socialización de la norma que promuevan el mejor comportamiento de las personas”, acotó Ortega.

Finalmente, García consideró que este instrumento es funcional pero aún hay unos retos importantes en la materia. “Este modelo tiene varios elementos, el primero es la planeación estratégica. El segundo es elaborar un sistema nacional de convivencia y seguridad. El tercero se refiere a la financiación. El cuarto es la recolección e interpretación de los datos. El quinto son las normas de convivencia. El sexto y último es el aumento del recurso humano”, concluyó Gracía.

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