Reflexiones sobre conflictos entre entidades del Estado en la ordenación del territorio

Harold Alexander Villamil Castillo^1*

Las medidas tomadas alrededor del ordenamiento de la sabana en Cundinamarca, las actividades mineras autorizadas y la voluntad de recuperar el río Bogotá se contradicen en su planteamiento y aplicación. Así lo sostengoen el artículo: “Conflictos en el ordenamiento territorial de la sabana de Bogotá. Caso minería vs. Descontaminación del río Bogotá, Colombia”.

Al respecto, se propone un nuevo proceso de política pública ambiental que posibilite una actividad regulatoria tanto del ordenamiento del territorio como de la actividad minera allí generada. Esta contemplaría una articulación interinstitucional, un mejoramiento ambiental integral y participación ciudadana activa.

Para llegar a estas recomendaciones, en la investigación realizada se estableció y analizó la relación e interacción del sector minero en el ordenamiento territorial de la sabana de Bogotá, con los fallos del Consejo de Estado  y la Corte Constitucional y decisiones del Ministerio de Ambiente.

En 2014 el Consejo de Estado promovió el saneamiento de la cuenca del río de Bogotá; dos años más tarde, el Minambiente aprobó -la resolución 2001- que permitió la delimitación de polígonos de extracción minera en municipios como Chocontá, Soacha, Sibaté, Gachancipá, El Rosal, Madrid, entre otros.

Si bien todos los municipios deberían crear plantas de tratamiento residual, al cruzar mapas de los polígonos dispuestos, estos colindan o pasan sobre el río Bogotá.

La minería afecta directamente los territorios, daña los corredores ecológicos, interrumpe las dinámicas económicas propias de las comunidades. Se quiere descontaminar pero a la vez se aprueba la contaminación;  es una gran contradicción. 

Las dinámicas de mercado en las últimas décadas reflejan mayores beneficios económicos a la minería en actividades previas como la agricultura. Según el rastreo, se evidencia que entre 2000 y el 2020, el 95 % de los títulos mineros han sido aprobados.

Inicialmente se lograron identificar pugnas generadas en la inmersión de la minería en el ordenamiento territorial. Puntualizo 12 conflictos en la zona, por ejemplo, en el municipio de Mosquera y Bojacá, el polígono de explotación, por un lado colinda con un humedal (Laguna La Herrera) declarado como zona de agua protegida, también con una zona forestal y algunas casas establecidas en el área residencial y urbana, ver tabla 1. “conflictos evidenciados”.

Además, la investigación permite evidenciar la desarticulación estatal en el momento de la formulación de los POT.  Se le atribuye la capacidad a los gobiernos de diferentes niveles de organizar su territorio pero el subsuelo sigue siendo propiedad del Estado y sus intereses pasan por encima de los ordenamientos locales.

La LOOT, Ley 388 de 1997, otorga a los gobernantes la facultad de ordenar sus territorios, nacional, regional, departamental, metropolitano, municipal. Sin embargo, en el afán de dar soluciones y formular documentos de POT se revelan falencias de los planes, los funcionarios se saltan el paso a paso que requiere. 

Finalmente, se debe realizar una re-configuración de los POT de la sabana de Bogotá, que contemple: una articulación interinstitucional, donde a través de una perspectiva sistémica se propongan soluciones colectivas, institucionales, cuya gestión del territorio, posea dispositivos, análisis y acciones concertadas, no solo a nivel municipal sino regional y nacional. Mejoramiento ambiental a partir de una planeación que genere un saneamiento básico a la población, generando procesos nuevos de gobernanza territorial y por ende, la implantación de instrumentos de regulación de los suelos, mejoramiento de los sistemas de investigación del territorio. Participación ciudadana y acción colectiva para afrontar los procesos contaminantes industriales de las compañías mineras y por el otro, la acción contaminante doméstica, por medio de la concertación ciudadana.

Posiciones divididas

En el trabajo de campo, en algunos de los municipios de la sabana de Bogotá, se visitaron fincas dentro de los polígonos mineros. Mediante entrevistas y cuestionarios sencillos se indagó el conocimiento de los campesinos acerca del cambio de la vocación agrícola a minera de los territorios. En su mayoría estos manifestaron no conocer los planes para los municipios que habitaban.

Por un lado, en municipios como Chocontá se plantearoninconformidades debido a sus lazos con el territorio. Por el otro, en casos como Sibaté hubo más aceptación de la minería a partir del imaginario y la expectativa de obtener  grandes entradas de capital para sus pobladores.

Más allá de la aceptación o negación ante las políticas y resoluciones ya en proceso, este acercamiento a los ciudadanos permite reiterar la necesidad de la participación ciudadana en los planes prospectivos, previa y más allá de la mera consulta o socialización.

Si usted desea más información sobre esta temática puede consultar el artículo «Conflictos en el ordenamiento territorial de la sabana de Bogotá. Caso minería vs. descontaminación del río Bogotá, Colombia». Para tales efectos, ingrese a 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/revcep/article/view/92021